La coreografía de Sánchez contra las universidades privadas que da aire a Montero en Andalucía

María Jesús Montero se sentía flamenca. Como la de bata de cola roja que tenía serigrafiada en su camiseta blanca. Gesticulaba, agarraba el atril para enfatizar alguna idea y soltaba algún que otro chascarrillo para destensar el mitin que lanzaba a la militancia presente en el Congreso Provincial del PSOE de Málaga. Estaba en su salsa. Y entonces, ocurrió. Extendió el brazo derecho y prendió fuego a la mecha de su enésima polémica: "Cierran aulas públicas, pero eso sí, siguen abriendo colegios concertados. Y lo peor, ponen en marcha universidades privadas. Ojo a eso".

Este fue el origen del enésimo charco que pisa la vicepresidenta primera del Gobierno y que en esta ocasión puso el foco en la educación superior privada. Una controversia que podría parecer espontánea, pero que los socialistas llevan tejiendo desde hace tiempo y que sirvió de correa de transmisión para que el presidente Pedro Sánchez anunciara este lunes el endurecimiento de los criterios para los centros que ofrecen estas titulaciones. En realidad es un quid pro quo. El jefe del Ejecutivo gana un nuevo objeto de confrontación con el PP y su poder territorial, principal responsable de la proliferación de las universidades privadas en el último cuarto de siglo.

Como recordó el líder socialista el lunes, desde que se abrió la última universidad pública en el país, la Pablo de Olavide de Sevilla en 1998, se han puesto en marcha más de una veintena de privadas. Andalucía es un paradigma de este cambio, ya que cuando Juanma Moreno llegó al poder después de 37 años de mandatos socialistas sólo había una privada en la comunidad, la Loyola. Seis años después son ya cinco y hay una sexta en ciernes. Y los rectores de las públicas alertaron hace apenas unos meses de una "preocupante privatización" en medio de una pugna por la financiación universitaria que se cerró hace apenas unos días tras involucrarse en el conflicto el propio Moreno.

El contexto que rodeó esta declaración, trufada con mantras que apuntalan los bloques, como "hijo del trabajador", "esfuerzo" o "comprarse títulos", está rodeado de gestos e iniciativas que dejaban intuir la apertura de un nuevo frente ideológico. La elección de la capital malagueña, por ejemplo. El hecho que de esta ciudad haya sido elegida como sede de tres de los cinco campus privados que han surgido en la comunidad —Alfonso X El Sabio, Utamed y Universidad Europea de Andalucía— parecía propicia para desplegar el argumentario y allanar el anuncio de Sánchez un día después. Pero no sólo por esto.

La guerra de los rectores con la Junta por el auge "injustificado" de la universidad privada

Carlos Rocha. Sevilla

El permiso a la Pontificia de Comillas para mantener un centro concertado en Sevilla enciende a los jefes de los nueve públicos. El Parlamento dará luz verde a dos nuevas universidades en el pleno, cuando hace 2 años solo había una

También ayudó el hecho de que, días antes de la intervención de Montero, se conociese que el nuevo secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, había fichado al catedrático de la Universidad de Málaga (UMA) José Damián Ruiz Sinoga. Estará al frentes de la Secretaría de Universidades, Innovación y Sostenibilidad y su principal cometido dentro del partido será la defensa de la universidad pública. Una declaración de intenciones que anticipa una de las líneas de actuación de la nueva dirección provincial que se comenzó a intuir hace poco más de una semana.

El antecesor de Aguilar, Daniel Pérez, compareció ante los medios para exigir a la Junta de Andalucía una "financiación digna" para la UMA y que "se frene el avance de las universidades privadas con dinero y suelos públicos —50.000 metros cuadrados cedidos en la capital—". El todavía portavoz de los socialistas en el Ayuntamiento de Málaga criticó que se fomente un "elitismo institucionalizado" que "hipoteca el derecho a estudiar en función del dinero y no del mérito".

Parecía que todo estaba hilvanado para que las declaraciones de la vicepresidenta estuvieran cargadas de autoridad, y no resultasen extemporáneas, aunque la estrategia trasciende al PSOE de Málaga. La Ejecutiva regional, con el ejemplo de la proliferación de estos centros en Sevilla, explora este asunto para erosionar la labor del Gobierno andaluz y elevar el tono de la crítica contra Juanma Moreno. Son varias las reuniones que se han mantenido en el seno del PSOE andaluz para pareparar una ofensiva sobre este asunto, que quieren colocar como uno de los efectos de la "privatización" de servicios públicos que achacan al popular.

Para esta tarea cuenta con la complicidad de La Moncloa, que ha puesto el foco precisamente en Madrid y en Andalucía. "Les pediría que fueran responsables con sus competencias", ha dicho este martes Pilar Alegría. Para Juanma Moreno e Isabel Díaz ayuso se trata de una nueva afrenta contra la "libertad". "Es un disparate", ha expresado este martes en Madrid el presidente de la Junta, que ha insistido en que las universidades privadas con "complementarias" de las públicas. El barón andaluz ha dejado claro que hay que garantizar la "calidad" y apostar por las "becas" a las personas "más vulnerables" para que también tengan acceso.

"Estamos instalados en una política de frentismo de lo público contra lo privado que la sociedad no entiende", ha añadido Moreno. Este mensaje se produce justo cuando la Junta acaba de firmar la paz con los rectores de las universidades públicas andaluzas que levantaron la voz y acusaron al Gobierno andaluz de apostar por la "privatización". En la Consejería de Universidades que encabeza José Carlos Gómez Villamandos negaron la mayor y defienden que existe una entidad independiente pensada para velar por la calidad de estos proyectos. Es la Agencia de Calificación y Calidad Universitaria de Andalucía (Accua), que echó a andar en la pasada legislatura y se encarga de verificar los nuevos proyectos de universidades privadas.

Hay que tener en cuenta que no todas las entidades que impulsaron una universidad privada en Andalucía ha logrado culminar el proceso, que requiere la aprobación de una ley en el Parlamento andaluz. Esto no es un problema si el PP está por la labor de apoyar los nuevos centros, como ha ocurrido en cinco ocasiones en los últimos años. Y es cierto que en esos procesos las nuevas universidades han cosechado informes negativos no vinculantes, como ocurrió con Utamed. Esta entidad, que ya funciona en Málaga, contó con el rechazo de la Conferencia General de Política Universitaria, que depende del Ministerio de Universidades; la extinta dirección de Evaluación de Evaluación Académica de la Junta (DEVA), ahora sustituida por Accua; y del Consejo Andaluz de Universidades.

Si la reforma del decreto estatal aprobada este martes en el Consejo de Ministros va por la vía de hacer vinculante el informe del Ministerio del ramo, las universidades andaluzas podrían haberse quedado en el tintero. Eso no es un obstáculo para que parte de esta estrategia tenga dosis de inexactitud. Sánchez aseguró que la Junta había congelado el presupuesto en universidades tras la llegada del PP a San Telmo, pero la dotación para esta partida ha crecido en un 30% en el último año.

{getToc} $title={Tabla de Contenidos}