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El boicot español a los productos de Israel como consecuencia de la guerra en Gaza y el posicionamiento de Pedro Sánchez, uno de los principales líderes europeos opositores al Gobierno de Benjamin Netanyahu, hace peligrar más proyectos militares de nuestro país. De Israel dependen, por ejemplo, la tecnología de los cohetes del Sistema de Lanzacohetes de Alta Movilidad (Silam) del Ejército de tierra. Estos lanzacohetes están basados en el sistema Puls (Precise and Universal Launching System) que vende la israelí Elbit.
Los cohetes van en lanzaderas de vehículos fabricados por las españolas Escribano y Expal, aunque también participan otras como GMV. De hecho, Escribano aporta los elementos mecánicos, hidráulicos y la electrónica de la lanzadera y kits de munición guiada, mientras Expal aporta los cohetes y GMV la integración del sistema de mando y control de artillería Talos.
El consorcio que fabrica el Silam está formado esencialmente por Rheinmetall Expal, Escribano y Elbit Systems. El contrato, de 576 millones de euros y con un techo de 714 millones, se adjudicó en diciembre de 2023, pero ahora puede peligrar su desarrollo, aunque fuentes conocedoras del tema dejan la puerta abierta a que el Ministerio de Defensa siga adelante con su colaboración con Israel porque el contrato se había formalizado antes de la crisis de Gaza. Preveía la construcción de 12 vehículos lanzadores, vehículos de apoyo y drones.
Estas lanzaderas pueden enviar el misil Predator Hawk a 300 kilómetros de distancia (los Accular y Extra pueden enviarse a 40 y a 150 kilómetros). El programa Silam, en el que hay una partida de 22 millones para este año, es la gran apuesta de España en cuanto a misiles. Se prevé una inversión de casi 300 millones de aquí a 2028.

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Elbit Systems es la compañía que, junto a Telefónica y Aicox, estableció una alianza comercial para proveer de radios de combate a las Fuerzas Armadas españolas. El último contrato, aún en vigor, a la UTE formada por esas tres empresas ascendió a 36 millones de euros y se firmó en noviembre de 2022. Se trata de un lote de radios SDR para las unidades que participan en las misiones de la OTAN.
Hace poco más de un mes, el gobierno español ya rescindió un contrato para revocar a la española Pap-Tecnos, filial de la israelí Rafael, la compra de 168 lanzadores de misiles Spike y 1.680 misiles anticarro Spike LR2 para equipar al Ejército de Tierra. El contrato ascendía a 285 millones de euros.
La base de RotaOtro de los proyectos que están en el aire es el de los sistemas que protegen la parte española de la base de Rota. España había adquirido los sistemas Litening que llevan los nuevos cazas Eurofigther, comprados a la israelí Rafael. Se trata de un contrato del otoño de 2023 valorado en 207,4 millones de euros: son 46 unidades para acoplar a la panza de los cazas españoles.
Estos sistemas disponen de una cámara de vigilancia que no sólo permite observar la tierra, sino que señala con láser y dirige las bombas que se disparan desde el avión. El mecanismo, según fuentes militares, “ilumina bombas guiadas de diversos tipos y pesos”. El contrato, aparentemente, estará en vigor hasta el 31 de diciembre de 2027, aunque desde las instancias oficiales se mantiene la incógnita sobre si se continuará adelante con las entregas de los Litening o se suspenderán debido a la postura firme del Ejecutivo de Pedro Sánchez.
España también ha vetado, de momento, la compra de los sistemas antidrones. El pasado mes de octubre, encargó a la israelí D-Fend Solutions el sistema EnforceAir 2 para defender la base naval de Rota. Días más tarde, estalló la crisis en Gaza. Hace dos semanas, el Gobierno español vetó la recepción del sistema de defensa, pese a que estaba considerada una compra urgente debido a “la evolución de la amenaza relacionada con el empleo de UAS [drones] o municiones merodeadoras en territorio nacional”. En estos meses, el Gobierno encargó a Indra y a Escribano la construcción del sistema Aracne para el control de drones enemigos.

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El Gobierno, no obstante, pasó por alto el envío a Rusia, por parte de una empresa española, de una forja de fabricación austriaca de 110 toneladas, por lo que se pagaron 1,3 millones de euros. La máquina fue comprada por el grupo AZK, lo que le permitirá a Moscú mantener la producción de cañones de artillería sorteando los embargos de Occidente.
Esta máquina es imprescindible para la fabricación de los cañones capaces de lanzar los principales proyectiles de obuses que Rusia utiliza en la guerra de Ucrania. La empresa vendedora tiene su sede en Barcelona y para cubrir el expediente actuó en representación de una firma de Hong Kong, aunque la fabricante austriaca se desentendió del asunto y manifestó no saber nada de la transacción, arguyendo que podrá ser una maquinaria de segunda mano de alguno de sus antiguos clientes.
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