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La reforma legal que descuenta a los presos de ETA los años de condena cumplidos en Francia es la consecución de una aspiración de los reclusos de la banda y su entorno. Conversaciones intervenidas en prisión a los terroristas a las que tuvo acceso El Confidencial acreditan que uno de sus interlocutores con el Gobierno, el exconsejero vasco Joseba Azkarraga, abordó esta cuestión durante sus visitas a prisión. En una de sus conversaciones se alude a que había gestiones en marcha al menos desde 2021.
Las fuerzas de seguridad del Estado monitorizaron una gira que ese año realizó Azkarraga por varias prisiones españolas para verse con presos de ETA. En ese momento, todavía no habían sido trasladados por el Gobierno a cárceles del País Vasco y Navarra. Cobra especial relevancia escuchar ahora lo que comentó este intermediario durante su encuentro con el terrorista Jon Bienzobas Arreche en la cárcel de Dueñas (Palencia), condenado por el asesinato en 1996 del expresidente del Tribunal Constitucional Francisco Tomás y Valiente.
“Joseba (Azkarraga), yo llevo 22 años, hago este año. Pero he estado casi 19 en Francia”, le dijo el etarra a su visita. Azkarraga, exconsejero bajo el gobierno de Juan José Ibarretxe, es la cara visible de Sare, una plataforma que capitaliza las iniciativas en favor de los presos de ETA y sabía perfectamente de qué le hablaba el terrorista: “Ya y es el no cómputo. Es que este es un tema que yo creo que desde el ámbito político se tiene que tratar y de hecho yo creo que…”. El propio etarra Bienzobas le confesó a Azkarraga que tenían información en las cárceles de que las cosas habían empezado a moverse: “Sí, por las noticias que tenemos, parece que está bastante encaminado”.
Azkarraga le confirmó que la cuestión ya estaba encima de la mesa: "En el caso vuestro que estáis con el no cómputo del tiempo cumplido en Francia... ese es un campo que sé que se está tratando y que yo tengo la esperanza de que... porque no es lógico, no tiene sentido". En su visita a la cárcel se interesó por la situación concreta de Bienzobas: “Y sin contar con esos 19 (los años cumplidos en Francia) ¿cuánto te quedaría ahora?”.
"Yo iría a 50 años de cárcel"
“Para el Estado español llevo cuatro años de cárcel”, le contestó el etarra. “Somos -añadió Bienzobas- una cuadrilla que está Achurra, Egurola, yo… Estamos tres o cuatro personas que, además de la gente que tiene 5 o 6 años, hemos hecho grandes condenas allí en el Estado francés. Es una barbaridad. Yo iría ahora, Joseba, a 50 años de cárcel”.
Era habitual que los etarras detenidos en Francia cumplieran en ese país condenas de cinco o seis años de prisión por el delito de asociación de malhechores, el equivalente de pertenencia a banda armada. Una vez cumplida esa condena, se les entregaba a la Justicia española para que les juzgasen por sus atentados cometidos en territorio español y cumplieran su nueva condena en centros españoles. De lo que se quejaba Bienzobas es que él y otros pocos habían cumplido ya penas más altas en Francia que la mayoría de sus compañeros en la banda.
El debate estriba en el límite máximo de cumplimiento establecido en la legislación española y si la cuenta se debe hacer descontando o no lo cumplido previamente en otros países de la Unión Europea. Si entra en vigor la reforma impulsada por el PSOE, son decenas de etarras los que se pueden ver beneficiados.
“Tú tendrías que estar en la puta calle hace tiempo”, le espetó Azkarraga al etarra. Estos encuentros le servían al portavoz de Sare para poner el termómetro al colectivo y recoger las preocupaciones y peticiones de los reclusos de la banda, disuelta definitivamente en 2018 tras casi 50 años de actividad y más de 800 muertos. Un informe de la Guardia Civil sitúa a Azkarraga como enlace entre los presos y el Ministerio del Interior, concretamente con el responsable de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz.
Contactos con "el de Madrid"
“Hablar con todo el mundo no es delito”, le dijo a este periódico el exconsejero del Gobierno vasco cuando se conocieron sus contactos con Interior. En aquel informe, la Guardia Civil recogía "contactos frecuentes" y reuniones desde 2019. Daba cuenta de un canal soterrado de relación con representantes del mundo proetarra. En ese marco, emergían dos perfiles, uno de ellos el abogado y diputado del Parlamento vasco por Bildu Julen Arzuaga y el otro era Joseba Azkarraga.
La Guardia Civil dice en su informe que “Joseba Azkarraga mantiene contacto frecuente con algún responsable de Instituciones Penitenciarias, en numerosos mensajes Joseba hace referencia a esta persona como ‘el de Madrid', con el que contacta tanto telefónicamente como personalmente a través de reuniones cuando se desplaza a Madrid. Los investigadores dicen que esos contactos que se remontaban al menos al año 2019, es decir, dos años antes de la conversación mantenida en prisión con el etarra Bienzobas.
El Instituto Armado, además, daba cuenta de que Azkarraga ponía al corriente de sus gestiones en Madrid a Antonio López Ruiz [Kubati] de toda la información. 'Kubati' es un veterano terrorista condenado entre otros delitos por el asesinato de ‘Yoyes’. A su salida de prisión se reintegró en el entorno de Sortu, el partido que lidera Arnaldo Otegi y que representa el principal motor de la coalición Bildu.
La Fiscalía pidió en mayo a la Audiencia Nacional que condene a 5 años y 7 meses de cárcel a Kubati, y otras cinco personas por la organización de 120 actos de homenaje a presos de ETA entre 2016 y 2020, los conocidos como 'ongi etorri'. El caso está todavía pendiente de juicio.
Mensajes del jefe de Prisiones de Marlaska revelan trato de favor a los etarras
Alejandro Requeijo
Este lunes, el Senado consiguió retrasar la polémica modificación de la ley 7/2014 que facilita la excarcelación de presos de ETA. El presidente de la Cámara Alta, Pedro Rollán, decretó devolver el texto al Congreso para que se pronuncie sobre el veto interpuesto en el pleno. Se trata de una decisión inédita, ya que el Senado establece de forma unilateral que la votación de este lunes, en la que la mayoría absoluta del PP ha rechazado el texto, se entiende como un "veto" que les permite devolverlo a la Cámara Baja y retrasa, por tanto, su promulgación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
La decisión, que no cuenta con precedentes recientes, amenaza con provocar un choque institucional entre el Congreso y el Senado por "el vacío legal" que ha encontrado el PP para retrasar el trámite y que les permite poner el balón en el tejado de la Presidencia del Congreso. Según lo exhibido por Pedro Rollán, la Mesa de la Cámara Baja deberá responder ahora a ese requerimiento y, a priori, convocar un pleno para decidir si levanta el veto.
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