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La entrada de la Fiscalía Europea en el caso de corrupción que afecta a varios centros de menores no acompañados en Canarias pondrá bajo la lupa la gestión de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias que, en la etapa investigada, dirigía la actual diputada nacional de Podemos Noemí Santana. Según la documentación a la que ha tenido acceso El Confidencial, durante la instrucción inicial —en manos del Juzgado de Instrucción 7 de Las Palmas de Gran Canaria— la Policía puso el foco en "pagos sobredimensionados" de la Fundación que se encuentra en el centro de la trama. La autorización para percibir los fondos partía de la Consejería y debían destinarse al pago de alquiler de los locales donde debía alojarse y atenderse a los menores, pero en realidad sirvieron para regar operaciones inmobiliarias opacas de los imputados, cuatro directivos de la ONG.
En su etapa en el Gobierno regional, Santana ya se refirió a esta investigación que ahora ha dado un salto y explicó que el interés de la que fuera su Consejería siempre fue el bienestar de los menores. Dijo también que las conformidades de pago se efectuaron precisamente para evitar que los niños quedaran en la calle. El visto bueno procedía de un técnico del Ejecutivo canario, aclaró. También defendió que la supervisión permitió el cierre de uno de esos centros en el que se detectaron deficiencias, el de Porto Bello.
La investigación desveló, en concreto, que la fundación pagó de más por los alquileres de los centros que gestionaba entre el 1 de junio de 2021 al 30 de mayo de 2023. Lo hizo a través de un entramado que implicó a otras empresas. En concreto, la Fundación Respuesta Social Siglo XXI arrendó distintos inmuebles a la mercantil Competencia y Precisión Empresarial y Pine Point. Los precios abonados triplicaban e incluso cuadriplicaban los habituales en las zonas donde se encontraban.
Las pesquisas policiales descubrieron así que en uno de los centros, el de Guiniguada, se cerró un contrato de alquiler por 14.000 euros mensuales, cuando otros similares se pagaban en una horquilla de precios de 3.000 a 7.000 euros. En este caso, la ONG pagó un total de 421.417,58 euros, "cuando un precio razonable de mercado podría ser de 210.000", dice uno de los escritos en poder de El Confidencial.
En el centro Acorán, más grande, el precio y el sobrecoste fueron también mayores. Entre junio de 2021 y mayo de 2022 pagaron 35.000 euros mensuales y a partir de mayo del 22, 22.000, cuando los precios habituales son de entre 4.500 y 6.000 euros. Las mercantiles beneficiarias se embolsaron, en este caso, 496.000 euros. En el listado se encuentra también el centro de menores llamado El Tablero, en un terreno rústico donde no se permite ningún tipo de construcción. En este último caso, Pine Point pagaba al propietario original 9.000 y la fundación la realquilaba por 29.000.
La conclusión de Anticorrupción y del Juzgado en estos últimos meses es que las dos empresas citadas han desarrollado en estos años su actividad empresarial en vinculación exclusiva con la Fundación a cargo de los centros de menores. "Los aproximadamente 1,3 millones de euros recibidos en detrimento del erario público, han servido para incrementar saldos bancarios, adquirir diversas propiedades inmobiliarias, y amortizar créditos bancarios", dicen. La policía ha señalado que la Consejería que dirigía Santana, ahora diputada, pagó casi un millón de más a la fundación para los alquileres.
La Consejería
El departamento de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud avaló el trabajo de la fundación, a pesar de que constaban informes de inspección de distintos organismos que cuestionaban su trabajo. El diario Canarias 7, pionero en el seguimiento del caso, informó, por ejemplo, de que se dictó una orden en febrero de 2023 en la que informaba que la organización prestaba un servicio satisfactorio. La Fiscalía de Menores, la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia, el Defensor del Pueblo y el Diputado del Común no estaban de acuerdo.
La Consejería también obvió que la Fundación Siglo XXI no estaba inscrita en el Registro único de Fundaciones de competencia estatal, a pesar de que actúa en más de una comunidad autónoma y es requisito indispensable. A pesar de las señales, autorizó un último pago en 2023 de más de medio millón de euros destinado a cubrir los servicios prestados el año anterior.
Como ha publicado este diario, la Fiscalía Europea acaba de asumir la instrucción después de que se detectara que parte de los fondos que servían para sufragar los centros procedían de la UE. Buena parte del dinero se desvió para el enriquecimiento de los investigados mientras los menores vivían en condiciones lamentables.
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