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Un cielo oscuro, farolas iluminando los edificios con luces amarillas y, en medio del silencio de la noche, se oyen tiros de un arma automática o semiautomática. No es Gaza ni el Líbano, algo que queda claro en cuanto se escucha el acento de quien toma las imágenes que han corrido como la pólvora por las redes sociales en Sevilla. Son las Tres Mil Viviendas de la capital andaluza, una de las zonas más degradadas del Polígono Sur. La Policía Nacional investiga desde entonces las causas de un tiroteo que reviste "enorme gravedad", según la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, y las indagaciones apuntan a un conflicto entre los clanes que se dedican al narcotráfico radicados en la zona desde hace años. Este mismo lunes, los servicios de seguridad y emergencias de Sevilla fueron alertados de nuevo, después de que un ciudadano avisase telefónicamente de que había escuchado disparos en el mismo lugar. Bien conoce la situación Rosario García, de la plataforma Nosotros También Somos Sevilla, que cumplirá 42 años como vecina en el barrio el próximo mes de diciembre.
"La gente tiene miedo porque aquí no manda la Administración", cuenta García, una de las primeras activistas del Polígono Sur que, año tras año, encabeza las estadísticas de la zona con menor renta per cápita de España. Cuando esta sevillana comenzó en su lucha por sus vecinos, sus reclamaciones pasaban por pedir un colegio público para que los niños del barrio no tuvieran que cruzar la carretera de Utrera para ir a clase; o un centro de salud para evitarse la caminata hasta el Hospital Virgen del Rocío para ir al médico de cabecera. "Eso ya ha quedado atrás", admite García. Pero el problema de seguridad y la desconexión que vive el barrio se mantiene desde hace décadas.
Hace ya 12 años que Encarnación, una niña de 7 años, murió por el impacto de una bala perdida en un tiroteo entre clanes. Con esos antecedentes, es lógico que en los vídeos del incidente del pasado sábado los vecinos pidan a gritos a los niños que se agachen mientras suenan los disparos. En junio volvió a ocurrir algo similar. Otros dos vecinos perdieron la vida en una reyerta en las Tres Mil. "Hay que tomar medidas, lo haga quien lo haga; y las Administraciones lo saben pero no meten mano", asegura Rosario García, que incluso admite que no sabe si vivirá para ver cómo la situación en el Polígono Sur mejora. "Yo quiero que la prensa me llame para que yo le cuente que todo el mundo tiene trabajo", bromea esta veterana activista, que echa en falta alguna llamada de "cariño" de las administraciones después del tiroteo.
El movimiento social que García lidera tuvo un papel principal en la puesta en marcha de un Plan Integral por el Polígono Sur, con Junta, Gobierno y Ayuntamiento involucrados. Pero los resultados no son los esperados. Entonces, el presidente Manuel Chaves entonó el mea culpa, rememora Rosario García. Pero la "impunidad" sigue vigente en las Tres Mil. "Aquí no se puede hacer lo que uno quiere, haya unas normas para todo el mundo", defiende esta sevillana, que rechaza una motivos de origen étnico en la realidad que vive esta zona de Sevilla, donde viven unas 35.000 personas. "Yo no criminalizo a nadie, una cosa son las tradiciones del pueblo gitano y otra esto", asegura, en su forma de alejar cualquier relación con la población gitana del barrio y señalar a "los que tienen el poder": los miembros de esos clanes relacionados con el narcotráfico.
"Han pasado 21 años del Plan Integral y el barrio cada vez está en peores circunstancias", se queja Rosarío García. Y pone como ejemplo la cada vez menor presencia de vecinos en las concentraciones en protesta por incidentes como el del sábado. "La gente iba con plena libertad, pero ahora tiene miedo de salir de su casa a reclamar sus derechos", lamenta la activista sevillana, muy crítica con la labor de las administraciones. El primer paso en lo político será una reunión entre el alcalde de Sevilla, el popular José Luis Sanz, y el subdelegado del Gobierno en la provincia, el socialista Curry Toscano, de quien depende en última instancia la investigación.
Ha sido el regidor hispalense quien ha reclamado el encuentro, aunque fuentes de la Subdelegación confirman que Toscano acudirá para abordar la situación. El representante del Ejecutivo ya dijo en Canal Sur este lunes que el incidente en el Polígono Sur en general deben afrontarse desde varios puntos de vista. "No puede analizar solo como un problema de seguridad", expresó en la cadena pública andaluza, donde reconoció que existe "una necesidad" en esa materia por la que trabajan "a diario" los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
Toscano detalló que los investigadores de la Policía Nacional están analizando los casquillos de proyectiles que se utilizaron así como los vídeos y el decomiso de amas que se ha realizado para indagar en el origen del armamento y también dilucidar quiénes fueron los responsables del tiroteo. En su misiva, el alcalde de Sevilla alude también al "arsenal de balas" y a las "armas sofisticadas" que han provocado una "enorme alarma" entre los ciudadanos. "Las Administraciones tenemos el máximo deber de garantizar la seguridad ciudadana y esa es una de mis prioridades como alcalde", sentencia José Luis Sanz.
Jupol reclama blindados
En este contexto, el sindicato Jupol ha reclamado de forma urgente al Ministerio del Interior y a la Dirección General de la Policía un "refuerzo significativo" de los equipos de seguridad y armamento especializado "en situaciones de alto riesgo". En su nota, el sindicato alude al uso de "armas de guerra" en el tiroteo del pasado sábado en la capital andaluza y, como respuesta, Jupol pide al departamento que encabeza Fernando Grande-Marlaska la provisión de "vehículos blindados" para unidades especiales de la Policía Nacional, sobre todo en las ciudades con 250.000 habitantes, donde la seguridad ciudadana depende de este cuerpo.
"Es fundamental que nuestros agentes dispongan de los medios adecuados para protegerse y proteger a la ciudadanía en situaciones de máximo riesgo", defiende el portavoz de Jupol, Ibón Domínguez, en una nota que también alude a la necesidad de dotar de fusiles y subfusiles de asalto a los agentes, así como cascos y escudos con protección balística. El sindicato achaca estas peticiones a la "escalada de violencia" desplegada por las bandas del crimen organizado, asociado a la "pérdida del principio de autoridad".
De cómo un narco compró la muerte de una niña en las Tres Mil Viviendas de Sevilla
Javier Caraballo
A pesar de estas peticiones, el debate está servido en la arena política. Este lunes, el portavoz de IU en el Ayuntamiento de Sevilla, Ismael González, tachó de "simplista" la petición del alcalde una "mayor presencia policial" en las Tres Mil Viviendas. "Estos hechos son consecuencia de una situación social grave y prolongada", defendió el concejal izquierdista, en una aproximación que no dista demasiado de la que avanzó el subdelegado del Gobierno, Curry Toscano. "Hay toda una serie de mecanismos previos que han fallado", dijo el dirigente socialista, que aludió a la difícil realidad socioeconómica del barrio y reclamó un enfoque "poliédrico" para abordar la problemática.
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