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El Algarrobico ha vuelto de nuevo a nuestras vidas en tiempos de política efectista y regate corto. El polémico hotel almeriense, un mamotreto de 21 plantas y 400 habitaciones, se ha hecho carne en la boca de la vicepresidenta primera del Gobierno. María Jesús Montero. Durante la última parada del ‘rally’ publicitario que la trae de vuelta a Andalucía para reconquistar la presidencia de la Junta, desveló los nuevos planes para el polémico hotel levantado en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar: expropiar los terrenos como paso previo a la demolición. Una iniciativa que le permite ir al choque el Ejecutivo de Juanma Moreno y con la que el PSOE trata de diluir su histórica ligazón con este proyecto convertido en un esqueleto de cemento.
Sólo hay que echar la vista atrás para encontrar numerosos nexos entre las distintas administraciones socialistas con un equipamiento turístico que se justificó con un —ahora discutido— "interés general". Hay que viajar a 1987 para encontrar el primer movimiento administrativo de un hotel llamada Azata del Sol y que con el paso de los años acabaría convirtiéndose en un esqueleto de cemento que dominaría la playa El Algarrobico. Ese año, el Ayuntamiento de Carboneras, dirigido por Cristóbal Fernández Fernández, histórico alcalde del PSOE que estuvo 25 años en el poder, aprobó las normas subsidiarias que clasificaban los terrenos como urbanizables.
El Consistorio, a lo largo de 1988, impulsó el Plan Parcial que facilitaba la urbanización de la playa e ignoraba la recién aprobada Ley de Costas que situaba en 100 metros el espacio protegido por el dominio marítimo-terrestre. Unos límites que se saltaron durante la construcción porque el establecimiento hotelero acabó situándose a 14 metros de la ribera del mar.
En 1994, según ha detallado Greenpeace en un exhaustivo informe, la Administración autonómica hizo público el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN), así como los mapas del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, que impedían la edificación en El Algarrobico. No obstante, tres años después, el Ejecutivo andaluz publicaba tres nuevos planos donde se cambia la clasificación de la zona para que fuese edificable. Esta modificación se llevó a cabo "sin someterlo a exposición pública y sin publicar expediente alguno", denunció la citada organización ecologista.
Por qué hay que demoler El Algarrobico de una maldita vez
Jose Luis Gallego
El cambio de tipología del suelo se consuma en una reunión de la Comisión Provincial de Urbanismo de la Junta celebrada ese 1997. Pero no fue hasta 2001 cuando el proyecto se empieza a encauzar. Lo hizo a través del Plan de Desarrollo Sostenible de Cabo de Gata-Níjar. Una iniciativa, aprobada en septiembre de 2001 por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, que pretendía dinamizar la zona de influencia socioeconómica del Parque Natural con una premisa sostenible.
Ese mismo año, Azata del Sol S.L. solicita al Ayuntamiento —aún con la vara de mando en manos socialistas— la licencia de obra para construir un hotel. Se otorga en 2003 ignorando las alegaciones que alertaban de la vulneración de la Ley de Costas y que, según han reprochado los opositores al proyecto, quedó exenta de pago en un 99% por decisión del equipo de gobierno municipal.
Una controvertida ayuda
Durante 2002, la Junta de Andalucía, bajo la presidencia de Manuel Chaves, solicitó una subvención al Ministerio de Economía para la construcción del equipamiento hotelero. La ayuda de 2,8 millones de euros se tramitó como incentivo regional e iba a ser financiada con fondos Feder de la Unión Europea (UE). Para su tramitación, la Administración autonómica debía presentar un informe que incluyese un estudio sobre la viabilidad técnica, económica y financiera del proyecto.
Muchos años después, en 2014, la entonces consejera andaluza de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano, sacudió a los socialistas de cualquier responsabilidad sobre esta subvención y culpó de su pago a José María Aznar, aunque en sus explicaciones obvió que eran las regiones las que proponían las iniciativas a financiar con las partidas europeas para el desarrollo.
El polémico establecimiento, que siempre contó con el apoyo de los vecinos de la comarca, porque veían en él una oportunidad laboral, contó en 2003 con resoluciones favorables de las consejerías de Turismo y Salud y, ese mismo ejercicio, recibió el beneplácito de la de Medio Ambiente.
El PSOE cambió su postura y pasó a presentar el hotel como un ejemplo del urbanismo depredador que se extendía por la costa
En 2004, cuando se inició la obra, la Junta de Andalucía daba luz verde al Plan de Desarrollo Sostenible de Cabo de Gata-Níjar que permitía la edificación de hoteles en la zona. Todo ello, a pesar de que el PORN establecía que los terrenos destinados para El Algarrobico estaban protegidos.
2005 es el año de la incoherencia en tono al hotel. Mientras el Ministerio de Medio Ambiente inició los trámites de expropiación del terreno después de que el BOE publique la orden ministerial con el nuevo deslinde para proteger el litoral; la consejería de Medio Ambiente inicia la modificación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y El Algarrobico pasa a ser un lugar urbanizable.
Un año después, Cristina Narbona, la entonces ministra de Medio Ambiente, apostó por el derribo de un proyecto que comenzaba a presentarse como un ejemplo del urbanismo depredador que se extendía desde la Costa del Sol. La iniciativa empresarial estaba sentenciada y Manuel Chaves, cuyo Ejecutivo autonómico había avalado la edificación, se unió a la nueva corriente. Sobre todo, después de que el inicio de acciones legales dejase tocado el proyecto.
Secuencia jurídica
Una denuncia de la asociación Salvemos Mojácar se tradujo un auto del juzgado número 2 de lo Contencioso-Administrativo de Almería que ordenaba la paralización de las obras. Azata del Sol tenía previsto abrir las puertas ese 2006 y ya había iniciado la contratación de 500 trabajadores.
En 2007, el Consejo de Ministros declaró de utilidad pública el paraje para incorporar esos terrenos al dominio público. Y comenzaron a sucederse las resoluciones judiciales: el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) suspendió cautelarmente el nuevo PORN del Cabo de Gata-Níjar y la Audiencia Nacional (AN) confirmó en 2008 la legalidad de la orden ministerial que fijó una servidumbre de protección de 100 metros en la zona.
El Tribunal Supremo (TS), en 2018, declaró en firme que los terrenos en los que estaba construido el hotel constituían un área ambientalmente protegida y no era urbanizable, confirmando una sentencia previa del TSJA de 2016. Tres años más tarde, el Alto Tribunal andaluz consideró que el Ayuntamiento de Carboneras tenía la obligación de anular la licencia de obras del equipamiento.
Perecía que El Algarrobico iba ser un recuerdo, pero los tribunales prolongarían la incertidumbre. El TS dictaminó en 2022 que el hotel no podía ser demolido por tener licencia de obras. ¿El motivo? Entendía que, si el Ayuntamiento de Carboneras no cumplía la sentencia que le obliga a calificar los terrenos como protegidos, estos pasaban a ser urbanizables hasta que el Consistorio cumpliese modificase sus normas urbanísticas.
En 2023 y 2024, Greenpeace pidió en dos ocasiones al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que apercibiese al alcalde de Carboneras con una multa de 700 euros cada 20 días hasta que se cumpliera totalmente la sentencia que clasificaba el paraje de El Algarrobico como no edificable. La organización ecologista ha llevado el asunto al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
El futuro del proyecto, varado en los tribunales, regresa a la arena política con una propuesta de expropiación sin consenso que en 2009 ya esgrimió el PSOE con José Luis Rodríguez Zapatero en el Gobierno central. El actual Ejecutivo andaluz califica esta propuesta como "una cortina de humo" y apuesta por promover la nulidad de la licencia de obras otorgada hace 20 años por el Ayuntamiento de Carboneras. Pero el desarrollo de esta vía precisa que la justicia se pronuncie antes.
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