Salvador Viada: "El Estado de derecho que conocemos está en trámite de demolición"

En el índice biográfico de los fiscales generales del Estado en España, figura en el número diez Salvador Viada y Vilaseca, nacido en La Habana, en 1843, y fallecido en Madrid, en 1904. La reseña biográfica, en la que se resaltan sus múltiples éxitos profesionales y las numerosas condecoraciones, dice de él que "perteneció a una extensa saga de juristas, jueces y fiscales que, a lo largo del tiempo, ha llegado hasta nuestros días". El último eslabón de esa saga, Salvador Viada Bardají (Barcelona,1956) es fiscal del Tribunal Supremo y, cuando se repasa su currículo, lo primero que se comprueba es que estamos ante uno de los profesionales del Ministerio Público con una experiencia más variada desde que aprobó las oposiciones de juez de fiscal a la vez, aunque de juez sólo ejerció quince días.

Desde 1984, ha recorrido muchos despachos de la Fiscalía en España, tanto como fiscal de base en Barcelona, Granada, Sevilla y Madrid, como en destinos varios como la Fiscalía Anticorrupción o la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional, en la que estuvo destinado para el proceso por los crímenes cometidos en durante la guerra de la antigua Yugoslavia. Desde el año 2005 pertenece a la fiscalía del Tribunal Supremo, siempre con una mirada crítica hacia los vicios antiguos del Ministerio Público, pero es ahora, justo ahora, en este tiempo, cuando se ha tropezado abruptamente con el ocaso de su carrera. Las razones de este declive están a la vista de todos, en la crónica diaria de los periódicos, pero se convierte en algo palpable cuando se le presta atención a lo que sienten algunos profesionales como Salvador Viada.

PREGUNTA. Está usted próximo a jubilarse y lo primero que me gustaría saber es qué sensaciones tiene en este momento. ¿Ganas de descansar, nostalgia por el trabajo desarrollado o deseos de darle un portazo a todo…?

RESPUESTA. Si tiene usted en cuenta que he pedido la jubilación anticipada, quizá se comience a responder sobre cuál es el ánimo… No me jubilo por edad; anticipo tres años mi jubilación. Llevo toda mi vida profesional, y no exagero al decirlo, luchando por una Fiscalía independiente del Gobierno. Lo que constato estos días es que, no sólo no se ha avanzado nada, sino que se retrocede. El Ministerio Fiscal siempre se ha considerado como un botín adjunto a la victoria electoral y este vicio, que siempre ha sido así en democracia, se ha acentuado en estos últimos años de una forma alarmante. Ese es mi ánimo. Seguiré con ímpetu hasta el último día denunciando este deterioro enorme, pero siento el alivio de que dentro de unos días se acaba.

P. Pues verá usted, resulta que se lo he preguntado porque vengo detectando desde hace unos meses que existe un pesimismo generalizado en algunos destacados profesionales, de varios sectores, como si considerasen inevitable que el deterioro democrático en España vaya en aumento. Y eso, me alarma.

R. Pues no sé qué pensarán los demás a los que se refiere, en mi caso se trata del convencimiento de que ha llegado el momento de que sean otros, más jóvenes, quienes tomen el relevo en esta pelea por cambiar las cosas. Ya no es nuestro sitio… Y sí, claro que hay pesimismo. Yo hablo de la Fiscalía, que es lo que conozco, aunque me consta que en la judicatura también es grande el descontento que existe. Todos sabemos que no venimos de un mundo perfecto, que siempre había muchas cosas que mejorar, muchas reivindicaciones, pero es que al menos existían unas formas. Y hasta las formas se han perdido. Que tengamos un fiscal general del Estado imputado no es que sea sólo un escándalo mayúsculo, sino que es un síntoma de lo que le digo: las cosas han cambiado y ya no existen ni valores que se respeten. Esos valores esenciales se ignoran groseramente, al coste que sea. De modo que sí…, pesimismo e impotencia al ver cómo se va como agua entre los dedos los principios de una institución a que has servido durante toda una vida.

"A mí no me parece que el deterioro del Estado de derecho en España esté muy lejos del de Polonia o de Hungría"

P. Lo entiendo, y hasta puedo compartir la sensación de pesimismo, pero lo que desconsuela es que considere que no hay solución, que esto se ha roto. Batalla perdida.

R. A ver, nunca se sabe. A veces, uno piensa que, para que se avance algo, es preciso que se deteriore todo de tal manera que se acabe comprendiendo que es insostenible. Pero ese momento no parece que haya llegado porque hay gente empeñada en seguir apretando más el tornillo de la degradación. Así que ya veremos dónde llegamos… Sucede, además, que, si esto sólo fuera algo que afecta a la Fiscalía, pero es que el Poder Judicial también está en el mismo proceso de degradación. El Consejo General del Poder Judicial o la propia Ley de reforma del sistema judicial, que entrará en vigor en un par de meses, es demoledora para la estructura que conocemos de la jurisdicción en España. Se acaban los juzgados de instrucción y empieza un sistema nuevo de tribunales colegiados y ni siquiera ha habido debate sobre la repercusión que tiene. Todo eso, mezclado con la intensificación del dominio político sobre la Justicia, es abrumador. Pero vamos más allá todavía. Sin ser jurisdicción, en la actualidad ya no se fía nadie del Tribunal Constitucional porque han llegado allí un grupo de juristas por su vinculación política con unos y otros. Si además resulta que ese Tribunal Constitucional se arroga la capacidad de interpretar las leyes ordinarias, y rectifica al Tribunal Supremo, pues el resultado es ese, que nadie se lo cree porque es la política la que domina la Justicia. El Estado de derecho se define por la separación de poderes y si eso se rompe, vamos a otra cosa. Jueces y fiscales no podemos hacer más que denunciarlo, decirlo, porque no hay manera de resistir. El Estado de derecho, tal como lo concebimos, se está acabando; el Estado de derecho que conocemos está en trámite de demolición.

P.Siempre he defendido que la Unión Europea es la red de seguridad para todos estos excesos que se puedan dar en la democracia española, pero hay quien sostiene que también eso está en duda. Por el espectáculo de Puigdemont, de la Ley de Amnistía, la mediación para el Consejo del Poder Judicial... Se han cansado de nosotros y, además, existen otros muchos problemas europeos como para centrarse en las batallas españolas.

R. La capacidad de influencia de Europa en estos temas es limitada, entre otras cosas porque sólo trascienden hechos puntuales. Se hacen evaluaciones y nos piden que se corrijan algunas cosas, pero nada definitivo, ni firme, hasta que no se produce un deterioro tan grande como el de Polonia o Hungría. A mí no me parece que el deterioro del Estado de derecho en España esté muy lejos del de Polonia o de Hungría, pero quizá es una valoración subjetiva y no se estima así en Europa. En todo caso, la solución no está en esperar a que Europa lo solucione, sino que exista una verdadera conciencia en España de este deterioro y lo que supone para el futuro.

Salvador Viada, posa para EC frente al Tribunal Supremo. (Alejandro Martínez Vélez)

P. Citaba antes la reforma del sistema judicial y es un buen ejemplo de lo que hablamos. En teoría, obedece a directivas europeas de mejora de la Justicia en los países miembros. Pero como dice, la verdad es que ni hay debate ni se conoce nada.

R. Claro, es que para empezar se hace todo con esta moda de las 'leyes ómnibus', con lo que se incluyen muchísimas reformas y novedades, algunas buenas y otras alarmantes, como le digo. Desde el punto de vista del Estado de derecho yo pongo el foco en la creación de los tribunales de instancia. Para que se haga una idea, se acaban los juzgados de instrucción y todos los jueces de distintos partidos judiciales se agrupan en un solo organismo; el juez pierde la vinculación que tiene con su juzgado y con los asuntos que conoce. En principio, puede parecer algo técnico, y podría ser algo meramente técnico, pero ocurre que todo esto está inspirado por alguien que todos los días dice que en España existe lawfare, que hay que meter en cintura a los jueces y que el Poder Judicial no tiene legitimidad democrática, que tiene que tomarla del Parlamento… Cuando en ese contexto, se plantea que una profunda reforma del sistema judicial, lo que debemos entender es que va encaminado en la misma dirección de politización total de la Justicia. A partir de una instrucción colegiada en los juzgados, el siguiente paso será traspasar esa misma instrucción a una Fiscalía dependiente del Gobierno. Añádale que todo esto se produce en paralelo a la modificación del acceso a la carrera judicial y fiscal, para que acceso no sea sólo por oposición, como sucede hasta ahora en el Ministerio Fiscal. Todo esto es lo que abona el pesimismo porque, insisto, ni siquiera hay debate.

P. A ver, ¿lo que me está diciendo es que esa reforma va en el sentido de una 'justicia del pueblo', democrática, como proclaman algunos, una justicia bolivariana?

R. Hasta donde se quiere llegar, no lo sé, digo que vamos en sentido contrario al de garantizar la independencia de la Justicia. La justicia bolivariana, como usted dice, es un sistema político de perpetuación en el poder y lo que no se dan cuenta es que, cuando se dan pasos en ese sentido, en un tiempo se les puede volver en contra. ¿Quién nos dice que en España no va a darse un cambio radical, de esos que estamos viendo? ¿Y si viene un radical de derechas y decide aprovechar este sistema en su beneficio? Sólo un auténtico Estado de derecho nos protege a todos.

"Las asociaciones de jueces y fiscales participan del juego perverso de la politización. Todas alientan el monstruo al que dicen combatir"

P. ¿Y no le parece que la despolitización de la Justicia debe comenzar por la despolitización de las asociaciones de jueces y fiscales?

R. Sí, claro que sí. Las asociaciones mayoritarias de jueces y fiscales participan de ese juego perverso, bajo mi punto de vista. Todas ellas alientan el monstruo que luego dicen combatir. Es un defecto horrible que no hay forma de erradicar salvo que se empiece por establecer unos baremos de ascensos, porque todo esto está ligado a la promoción profesional. Si el PP tiene una cantera de jueces y fiscales y el PSOE tiene otra, lo que sucede en la práctica es que los ascensos profesionales se producen en esos caladeros. A veces no, pero otras muchas veces es así. Con lo cual, la única solución es desvincular la promoción de la ideología. Sólo entonces no tendrá sentido ligarse a una determinada asociación para ascender profesionalmente. Mire, hablábamos antes de la situación de la Fiscalía, que todos conocemos, y créame si le digo que trascienden algunas cosas, pero no todas las que pasan aquí dentro. Nombramientos discrecionales, directamente para buscar informes a favor del fiscal general o del Gobierno, y persecuciones claras de fiscales, como ocurre con los de la asociación a la que pertenezco, la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF). Van a por nosotros, claramente; tenemos un índice de expedientes disciplinarios que es insólito. Luego esos expedientes se acaban archivando porque no se sostienen, pero el disgusto te lo dan. En mi asociación, siempre hemos sido críticos, también en la época de gobiernos del PP, y eso tiene consecuencias, pero nunca en la medida que se da ahora, que es un auténtico escándalo.

P. ¿Qué dice usted cuando oye en debates políticos que la mayoría de los jueces y fiscales españoles son conservadores?

R. Si se refiere a un pensamiento ideológico conservador, no lo sé. Pero hay un factor interno que no se valora suficientemente. Los jueces y fiscales somos gente que trabajamos en defensa de la Ley y, en ese sentido, somos conservadores de la legalidad. Eso te da un aire de ir a la defensiva, porque luchamos contra aquellos que agreden la Ley. Eso, como le digo, puede dar la imagen de que jueces y fiscales son conservadores, pero en el sentido que lo expreso: conservadores de la legalidad establecida. Ideológicamente, no lo sé.

Salvador Viada, posa para EC frente al Tribunal Supremo. (Alejandro Martínez Vélez)

P. Es que esto es algo que se conecta con lo que hablábamos antes, la idea que se extiende de que la Justicia tiene que adecuarse en cada momento a las mayorías sociales y políticas.

R. ¡Bah! Eso es directamente una patraña. Una patraña que acaba con el Estado de derecho. Ese es el planteamiento básico de quien defiende la politización de la Justicia, porque lo que tratan siempre es de garantizar un Poder Judicial obediente al poder político. Y un Estado de derecho es lo contrario. El Poder Judicial, en el sentido amplio de jueces y fiscales, es un contrapoder, un contrapeso, frente a los abusos y los ataques a legalidad. Esa es la razón por la que se demoró tanto la elección de un nuevo Consejo General del Estado y es la razón también de un fiscal general del Estado imputado siga en su cargo mientras sea 'su' fiscal general del Estado, como dijo el presidente del Gobierno.

P. Pues acabemos hablando de ese caso, el proceso al fiscal general. A ver, se ha dicho casi todo, usted ha sido muy crítico desde el principio. ¿Ha habido algo, de declaraciones o testimonios judiciales, que le hayan hecho variar la impresión inicial de que estamos ante un hecho muy grave?

R. Verá este es otro de esos asuntos en los que uno lo que no entiende es que los puristas del sistema no se hayan tirado de los pelos. Cómo no va a ser un escándalo que el Gobierno tenga un documento secreto de la Fiscalía para poder utilizarlo políticamente contra un adversario político. Y que lo tenga antes incluso de que llegue a los medios de comunicación, porque luego llaman a un medio y le dicen a su portavoz en la Asamblea de Madrid, 'ya está publicado y puedes utilizarlo'… Pero, hombre… ¿Esto qué vergüenza es? La presunción de inocencia me impide, desde fuera del proceso, cargar las denuncias más allá de lo manifestado, pero sí le puedo decir que la defensa del fiscal general del Estado me ha llamado la atención. El fiscal general del Estado tiene la misión constitucional de defender la independencia de jueces y tribunales. Y lo que ha hecho García Ortiz cuando fue a declarar, aparte de cargar contra compañeros, que se puede hacer como imputado pero no como fiscal general del Estado; al margen de eso, le ha reprochado al juez su parcialidad, su predeterminación en relación con este asunto. La línea de defensa del señor García Ortiz no puede consistir en la traición al fiscal general del Estado. No puede ser, porque, como persona imputada, no se le discute el legítimo derecho a ejercer su defensa como considere oportuno, pero como fiscal general no puede traicionar y faltarle al respeto a la institución a la que representa. Pero bueno, otra razón más para que hubiera dimitido hace tiempo.

"¿Cómo no va a ser un escándalo que el Gobierno tenga un documento de la Fiscalía para poder utilizarlo contra su adversario político?"

P. Algunos compañeros suyos han interpretado que esa línea de defensa agresiva lo que demuestra es que el fiscal general está preparando ya su recurso al Tribunal Constitucional.

R. Si, pero eso es lo que siempre denomino como 'el bulo del nulo'. Porque, vamos a ver, ¿qué se encontró realmente en el móvil del fiscal general del Estado? Nada, nada, porque lo había borrado previamente. De manera que, si esa diligencia se anula, aunque personalmente creo que no hay nada desproporcionado en la actuación del juez, ¿qué invalidaría realmente? Pues anularía un resultado probatorio que no ha aportado nada. El efecto procesal, por tanto, de esa supuesta anulación es muy escaso porque las pruebas que se han obtenido a partir de esa diligencia son irrelevantes y no anulan, en absoluto, el juicio.

P. A no ser, como le digo, que la nulidad de esa diligencia sobre la inspección del despacho del fiscal general, y la incautación de todos sus dispositivos electrónicos, se convierta más adelante en un recurso de nulidad ante el Constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Por eso lo denominan "el allanamiento del despacho del fiscal general del Estado".

R. Ja, ja, ja… Es que tiene gracia porque el allanamiento de morada es un delito. Insisto que, a mi juicio, la diligencia que dictó el juez sobre el despacho es proporcional a la gravedad del delito que se investiga, nada menos que la sospecha de que el fiscal general del Estado le filtra documentos secretos al Gobierno para que los utilice en contra de un adversario político. En fin, ya veremos qué pasa… Empezamos hablando de pesimismo y hasta yo, que soy una persona optimista, no puedo decir otra cosa que esa, que estamos mal. Quiero pensar que, en mi caso, ya no tengo las capacidades para seguir peleando de esta manera, que necesito vivir de otra manera. Por eso me jubilo anticipadamente. Pero pensemos que todo esto sí tiene arreglo y que tiene que hacerlo gente más joven, más fuerte. Sí, se puede arreglar. La batalla por el Estado de derecho no está perdida. Claro que no.

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