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El fraude y la corrupción son sólo el undécimo problema más acuciante para los españoles, según el último barómetro del CIS. Es una preocupación para el 7% de los participantes en el sondeo publicado el pasado 13 de febrero después del pico que provocó hace un año el estallido del caso Koldo. En marzo de 2023 el porcentaje se elevó al 12,4% y se mantuvo ahí durante un mes, pero luego volvió a perderse en la clasificación a pesar del goteo de escándalos que rodea al Gobierno central. Estas cifras están muy lejos de los momentos críticos de la pasada década, cuando la corrupción era un problema para el 63,8% de la población en noviembre de 2014. A pesar de esa evolución positiva hay organismos que alertan una y otra vez de que a España le faltan resortes para luchar contra el fraude, sobre todo si se tiene en cuenta que se trata de uno de los cinco países miembros de a OCDE que no cuenta con una estrategia nacional contra la corrupción.
Hace justo un año, el pasado 23 de enero, se celebró en el Instituto de Estudios Fiscales una jornada que sirvió de la puesta de largo de un proceso que se inició hace ya casi un lustro. Fue en 2020 cuando España dio los primeros pasos para la elaboración de una Estrategia Nacional Anticorrupción que contó con el apoyo de la OCDE y también con financiación de la Comisión Europea, a través de los fondos de recuperación y resiliencia. Desde entonces está pendiente su aprobación definitiva por parte del Gobierno, una labor que le corresponde al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude (SNCA) que depende de la Intervención General del Estado. El pasado 13 de noviembre, en una respuesta parlamentaria del PP, el Ejecutivo informó sobre la existencia de un borrador "en fase final de elaboración":
Fue en octubre de 2020 cuando la SNCE y la IGAE solicitaron fondos europeos para la elaboración de esta estrategia, que inicialmente debía aprobarse en abril de 2024. Pero no es el único plazo a tener en cuenta, ya que el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó en marzo de 2023 entró en vigor la ley de protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. En esa norma se incluía una disposición adicional quinta que establecía que el Ejecutivo debía aprobar en el plazo máximo de 18 meses una estrategia contra la corrupción que, entre otros asuntos, tuviese en cuenta el cumplimiento de los objetivos de la citada norma. Ese plazo acabó en septiembre de 2024.
Esto coloca a España en el grupo de cola de la OCDE en el cumplimiento de esta petición, un lugar que comparte con Canadá, Irlanda, Islandia y Noruega. La organización que reúne a los países desarrollados ha insistido en varias ocasiones en que muchos de sus países miembros han implementado medidas para combatir la corrupción, pero que existen áreas que requieren atención y mejora. No es la única entidad que pone el foco en este tipo de asuntos, ya que el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) también ha hecho lo propio. Este organismo dependiente del Consejo de Europa (no dependiente de la UE) ha incluido en su ronda de análisis que comienza en 2025 los avances sobre las estrategias nacionales anticorrupción.
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La presión sobre la elaboración de este plan integral también llega desde Bruselas. Concretamente desde el informe sobre el Estado de derecho que desde 2021 elabora la Comisión Europea y que durante años ha insistido a España para que renovase el Consejo General del Poder Judicial. En su edición de 2024, el estudio del Ejecutivo comunitario recordó que existía un mandato legal para adoptar la estrategia anticorrupción en el plazo de septiembre de 2024. "La actividad correspondiente aún no se ha puesto en marcha", rezaba el capítulo sobre España en el citado informe, que también desvelaba que "las organizaciones de la sociedad civil" revelaron que no se había llevado a cabo "ninguna consulta".
Según el estudio de la Comisión Europea, la estrategia tiene como objetivo "establecer un sistema nacional de lucha contra el fraude" que incluye reformas legislativas y administrativas, así como "una mejora de la coordinación y la transparencia" tanto a nivel nacional como autonómico. Entre los objetivos del plan están la puesta en marcha de políticas de integridad pública, que es como la OCDE se refiere a los principios y normas destinados "a proteger, mantener y priorizar el interés público sobre los intereses privados". El Consejo de Ministros del pasado 28 de enero aprobó el sistema de integridad en la Administración General del Estado.
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La apuesta por elaborar estrategias antifraude en la UE surgió como una recomendación a los Estados miembros adoptada en el Consejo Europeo Extraordinario que se celebró entre el 17 y el 21 de julio de 2020. En este foro, se decidió poner en marcha de nuevas medidas para proteger el presupuesto de la UE y los fondos Next Generation impulsados después de la pandemia para paliar la crisis económica que provocó el covid.
Esta decisión adquiere relevancia si se tiene en cuenta que algunos de los casos de corrupción que rodean al Gobierno están relacionados con fondos de la UE. Por ese motivo la Fiscalía Europea reclamó a la Justicia española asumir parte de la investigación relacionada con la esposa del jefe del Ejecutivo, Begoña Gómez. El pasado octubre, la jefa de este organismo comunitario, Laura Codruta Kövesi, se quejó en una visita a España de la falta de medios con los que cuenta en el país, lo que dificulta alguna de sus indagaciones.
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