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Stefan Lache fue detenido una noche de sábado por agentes de la Policía Nacional en el barrio de Carabanchel, en Madrid, por no llevar encima la documentación. Le llevaron al calabozo de la comisaría. “En la madrugada me llamó mi primo, que estaba con él; me dijo que la policía les paró para identificarles y se lo llevaron a comisaría porque no llevaba la cartera encima”, recuerda su viuda, Liliana Gheorghe. Al día siguiente, encontraron su cuerpo sin vida. Tenía 28 años. Fue el 15 de abril de 2018 y aún hoy su familia sigue reclamando que se investigue su muerte.
Lache fue una de las seis personas que murieron bajo custodia de la Policía Nacional o la Guardia Civil ese año, según los datos facilitados por el Ministerio de Interior. Su muerte fue clasificada como “natural”. Entre 2015 y 2022 fueron 162 las personas que murieron bajo custodia o en operaciones de la Policía Nacional, Guardia Civil, Ertzaintza y Mossos d’Esquadra, según datos aportados por estas instituciones. Es una cifra que no incluye a los al menos 23 fallecidos en la valla de Melilla en junio de 2022.
Estos datos tampoco incluyen las muertes relacionadas con los cuerpos de policía local, de los que el Ministerio de Interior no recopila datos, según asegura a Civio. Su número podría equipararse al de las muertes registradas en relación con la Policía Nacional, según estima Jorge del Cura, activista que lleva décadas haciendo seguimiento de este tema y que en 2019 recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos de la Asociación Pro Derechos Humanos de España (Apdhe). En 2023, según la información facilitada a raíz de una pregunta parlamentaria del diputado de Bildu Jon Iñárritu, publicada por La Marea, hubo otras 17 muertes en actuaciones de Policía Nacional y Guardia Civil.
Las cifras de muertes relacionadas con los cuerpos policiales en España son parecidas a las de otros Estados europeos. Entre 2020 y 2022, al menos 487 personas murieron bajo custodia o en operaciones policiales en los 13 países de la Unión Europea que han accedido a dar información o publican informes. En números totales, según los datos obtenidos, Francia está a la cabeza: entre 2020 y 2022 contó 107. Le siguen Irlanda, España y Alemania, con 71, 66 y 60 respectivamente. Pero la información ofrecida por varios países es incompleta.
Para esta investigación hemos solicitado datos sobre muertes bajo custodia policial y en actuaciones policiales, a través de solicitudes de acceso a la información y mediante gabinetes de prensa gubernamentales, a todos los países de la Unión Europea. Hemos conseguido datos de España, Alemania, República Checa, Irlanda, Hungría, Austria, Finlandia, Dinamarca, Letonia, Portugal, Francia, Países Bajos y Suecia. Cuatro países —Eslovaquia, Italia, Rumania y Estonia— se han negado expresamente a facilitar esta información y el resto ni siquiera ha respondido. Los datos ofrecidos por varios países no contemplan todos los casos. Para más información, ver la metodología.
De las 162 muertes registradas en España entre 2015 y 2022, solo en 25 casos las administraciones han facilitado información sobre la nacionalidad de la persona fallecida: en 21 de los 27 que tuvieron relación con los Mossos d’Esquadra, en tres de los cuatro con la Ertzaintza, y solo en uno de los 131 de la Policía Nacional y la Guardia Civil. En once de estos 25 casos, eran personas de origen extranjero. “Muchas veces ni ellos ni sus familias saben lo que ha pasado, no saben cómo ponerse en comunicación con colectivos de derechos humanos ni cómo actuar”, explica Del Cura, que señala que la gran mayoría de personas que mueren bajo custodia o en operaciones policiales pertenecen a colectivos vulnerables y sin medios, como personas migrantes en situación irregular.
Trastornos mentales, detrás de algunos casos
Sufrir una enfermedad mental también es un factor importante. “Numerosas intervenciones policiales en las que ha muerto una persona están relacionadas con trastornos en la salud de estas personas y que por diferentes motivos se originan normalmente a requerimiento de familias o convivientes”, señalan desde la institución que dirige a los Mossos d’Esquadra. Desde 2015 hasta 2022 hay al menos 20 casos de muertes en contacto con las policías españolas en las que la persona fallecida sufría de una enfermedad mental o estaba en estado de agitación.
La causa de muerte más repetida en los datos facilitados por la administración española es la “natural”, con 65 personas fallecidas desde 2015, 27 de ellas entre 2020 y 2022. En al menos 16 de estos casos la persona murió cuando estaba siendo reducida por los agentes, y en cuatro de estas los datos facilitados confirman que la persona había consumido drogas.
“En una contención física a una persona que está de coca hasta las cejas le puede dar un ataque al corazón. Sabemos que pasa y tiene un nombre: el síndrome del detenido”, apunta Del Cura. “Hay que formar a los policías para que puedan afrontarlo”, añade. También conocido como el síndrome de delirium agitado, el Ministerio de Justicia lo contempla en su Guía de buenas prácticas para la actuación médico-forense en situaciones de muertes en custodia, pero no se cita en la instrucción sobre el proceso de detención policial. La Agencia Nacional de Mejora de la Policía británica (NPIA por sus siglas en inglés) recomienda en una guía sobre seguridad en detenciones no realizar ningún tipo de contención o reducción a personas que puedan sufrir un delirium agitado.
"En una contención física a una persona que está de coca hasta las cejas le puede dar un ataque"
La mayoría de estas 65 muertes consideradas naturales —36 en concreto— han tenido lugar en los calabozos policiales pero no hay más datos sobre el contexto en el que se produjeron.
Stephan Lache fue una de esas personas. El atestado policial afirma que Lache estaba en una actitud agresiva y los agentes de la Policía Nacional llamaron al Samur. Las imágenes grabadas por las cámaras de la comisaría muestran que, a las 5.46, tres efectivos del Samur y dos agentes agarran a Lache y lo inmovilizan contra el suelo para ponerle una inyección que, según refleja la documentación que llegó a los juzgados, contenía 10 miligramos de Midazolam, un sedante que, según explica el Centro de Información Online de Medicamentos de la AEMPS (CIMA), solo debe administrarse cuando se disponga de equipos de reanimación.
A preguntas sobre la actuación en el caso de Lache y sobre el protocolo cuando se administra medicación de este tipo, desde la Subdirección General del Samur señalan que, cuando no se considera necesario el traslado, se incluye como recomendación que, si el paciente empeora, se vuelva a llamar al 112 en lugar de trasladarse por otros medios al hospital. En concreto, la nota, dice así: “Usted ha sido valorado por sus lesiones y/o molestia por este Servicio y no precisa más asistencia de urgencia por dichas causas. Siga las instrucciones/recomendaciones que le ha dado nuestro personal. Si se modifican, empeoran o aparecen nuevos síntomas o molestias, debe llamar al 112 o acudir de inmediato al centro de urgencia más cercano portando nuestro informe de asistencia previa”.
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EC
Según los datos aportados, entre 2018 y 2022, al menos cuatro personas en España murieron después de que la policía les redujera y los servicios médicos les administraran sedantes. Tres de estas muertes tuvieron lugar solo en 2022. Pero entre estas personas fallecidas no se incluye el caso de Lache, catalogado por el Ministerio de Interior como una “muerte natural” bajo custodia policial, sin aportar más datos sobre las circunstancias de la muerte.
34 suicidios bajo custodia policial en España en ocho años
La siguiente causa de muerte en España fueron los suicidios: al menos 34 entre 2015 y 2022, 21 de ellos bajo custodia policial. De los países europeos que han aportado datos de los años 2020 a 2022, España fue el que registró más suicidios en contacto con la policía, con once casos, seguido de Francia y Dinamarca.
¿Por qué tanta gente se suicida en comisaría? “Cuando una persona se suicida bajo custodia, evidentemente algo falla, como mínimo no se ha tenido en cuenta un reconocimiento básico de sus circunstancias médicas”, señala Del Cura, que apunta también a la falta de vigilancia y al mobiliario de los calabozos, con barrotes “de los que te puedes colgar con facilidad”, como factores importantes. En su último informe, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura del Defensor del Pueblo señalaba que la Secretaría de Estado de Seguridad no cuenta con un protocolo sobre suicidio y autolesiones de las personas detenidas y desde 2020 ha alertado en al menos 19 ocasiones del peligro de la existencia de barrotes en las celdas de detenidos de varias comisarias y centros de internamiento de extranjeros.
Dos de los suicidios que tuvieron lugar en 2020 fueron en la Comisaría de la Policía Nacional en Algeciras. Imad Eraffali, joven de 23 años de origen marroquí, fue detenido en enero de ese año por no tener la documentación en regla. Horas después fue encontrado ahorcado, según cuenta el medio Algeciras al Minuto. En junio, según relata eldiario.es, otro detenido, Daniel Jiménez, se suicidó, según la versión policial. Tras cuatro años, la familia y la Asociación de Juristas Gitanos han conseguido que el Tribunal Constitucional ordene que se reabra la investigación sobre su muerte, archivada sin siquiera identificar ni tomar declaración a los agentes de policía que estaban presentes.
Investigaciones insuficientes
A pesar de que la ONU recomienda que el proceso de investigación de las muertes relacionadas con las fuerzas de seguridad esté sometido al escrutinio público, la información ofrecida por las distintas administraciones es muy escasa, tanto sobre cómo se ha desarrollado la investigación como sobre sus conclusiones.
En España, el Ministerio de Interior se ha limitado a señalar que en todos los casos de muerte en contacto con las fuerzas de seguridad se realiza una investigación policial, con su atestado correspondiente, que es remitido a los juzgados. Cataluña añade el juzgado donde ha recaído la causa. Tampoco existe un organismo independiente de las fuerzas de seguridad dedicado a investigar estas muertes, como sí existe en Irlanda, Portugal, Francia o Austria, donde se puso en marcha en enero de este año.
Ninguna de las dos administraciones ha dado datos sobre las conclusiones de estas pesquisas ni sobre posibles consecuencias penales o laborales de los agentes de policía involucrados. Sí lo ha hecho el Gobierno vasco, que ha sido el único organismo de los trece países europeos con datos que ha confirmado la condena a prisión de agentes policiales en dos casos de muerte.
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Darío Ojeda
“Yo creo que la investigación judicial es prácticamente nula en general”, lamenta Del Cura. “Formalmente se investiga: hay un juez que abre la causa, hay una autopsia...Pero no es una investigación efectiva ni rápida”, añade.
En el caso de Stephan Lache, su viuda, Liliana Gheorghe, intentó una y otra vez que los juzgados investigaran su muerte. Un proceso que le dejó una deuda de 15.000 euros y que provocó que la desahuciaran de la vivienda en la que vivía con sus dos hijas menores de edad, según afirma.
El Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid ordenó el sobreseimiento provisional de la investigación en abril de 2019, un año después de la muerte de Lache, contando como única prueba el informe médico, que señalaba que la muerte fue por causas naturales. No se identificó ni tomó declaración a posibles testigos, ni se pidieron las grabaciones realizadas por las cámaras de la comisaría, ni siquiera las fotografías del cuerpo sin vida de Stefan.
Liliana encargó un segundo informe sobre la autopsia a un perito del Colegio de Médicos de Madrid, que mostró que no se había realizado el protocolo para muertes bajo custodia que establece la Unión Europea. Pero el juzgado rechazó reabrir la investigación y lo mismo hizo la Audiencia Provincial. “Solo me encontraba puertas cerradas por todos los lados”, denuncia Gheorghe. El año pasado acudió al Tribunal Constitucional, que también negó que se reabriera la causa. El caso está ahora pendiente de ser admitido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, según confirman Liliana y su abogado, Daniel Amelang.
"Solo me encontraba puertas cerradas por todos los lados", denuncia Gheorghe
Desde 2021, año en el que España fue condenada dos veces por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por no investigar posibles casos de torturas o malos tratos por parte de agentes policiales, la disposición sobre este tema en los altos tribunales españoles ha cambiado, según señala Del Cura. El Tribunal Constitucional ha emitido once resoluciones que obligan a los juzgados a reabrir causas archivadas sobre este tipo de hechos. Pero este año ha sido la primera vez que ha ordenado la reapertura de un caso de muerte bajo custodia: la de Daniel Jiménez en los calabozos de la Policía Nacional en Algeciras.
“Yo estoy convencido de que la mayoría de las muertes que ocurren bajo custodia o en operaciones policiales no son penalmente sancionables, habrá muchas que sean por imprudencia o por negligencia, y ni siquiera del funcionario concreto, sino de la estructura policial o por la falta de medios”, subraya Jorge del Cura. “Pero evidentemente, hay que poner remedio”, añade.
Liliana aún sigue sin saber por qué su marido, con tan solo 28 años, murió esa madrugada del 15 de abril de 2018 en los calabozos de la Policía Nacional en Carabanchel. Tiene la esperanza de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos obligue a la justicia española a reabrir la investigación. “Lo necesito, en primer lugar por mi tranquilidad y la de mis hijas y, en segundo lugar, para que no vuelva a suceder algo así, que todo por lo que estoy pasando no lo tenga que vivir más gente”, afirma.
Este artículo forma parte de la European Data Journalism Network (EdjNet), un consorcio periodístico internacional que cubre Europa y temas paneuropeos usando periodismo de datos. Se publica bajo una licencia CC BY-SA 4.0, por lo que es fácilmente reutilizable.
Para saber más sobre cómo se hizo esta información, lea el artículo original en Civio.
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