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Álvaro García Ortiz ha vuelto a proponer este martes a Dolores Delgado como fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática. El fiscal general del Estado ha dado este paso pese a la oposición de siete de los 12 vocales del Consejo Fiscal, que se han negado a votar al considerar que se les estaba impidiendo debatir sobre si Delgado es compatible para el cargo cuando su pareja, el exjuez Baltasar Garzón, está especializado en esa materia.
El Tribunal Supremo ya anuló el nombramiento previo de Delgado para este puesto después de la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) alegaran que no era válido porque García Ortiz no había dado opción al Consejo Fiscal de estudiar si Delgado incurría en la mencionada causa de incompatibilidad. El tribunal ordenó retrotraer las actuaciones a la sesión en la que se produjo el nombramiento y eso es lo que ha ocurrido este martes, pero con un resultado similar: al igual que ocurrió en 2023, la mayoría de vocales del Consejo Fiscal se han negado a votar y critican que García Ortiz ha vuelto a impedir el debate.
"La decisión del Consejo Fiscal, que tiene carácter vinculante, se ha adoptado por cinco votos a favor mientras que siete vocales no han ejercido su derecho al voto", apuntan desde la Fiscalía General del Estado. Según explican, esta circunstancia no altera la conclusión final en la que se apoya García Ortiz para volver a promover una vez más el nombramiento: "El Consejo Fiscal ha aprobado hoy la compatibilidad de Dolores Delgado para el cargo de Fiscal de Sala de la Unidad de Derechos Humanos y Memoria Democrática de la Fiscalía General del Estado. En consecuencia, el fiscal general propondrá la ratificación de su nombramiento para este cargo".
Los vocales que se han negado a votar critican que no se les ha permitido practicar diligencia alguna ni tampoco aportar documentación. Esta situación abre la puerta a que las respectivas asociaciones a las que pertenecen, la AF y APIF, vuelvan a recurrir el nombramiento de Delgado ante el Supremo, aunque por ahora no confirman si van a activar esa vía.
La Fiscalía General del Estado se escuda por su parte en que la propia sentencia del Supremo establecía que "la retroacción de las actuaciones" debía llevarse a cabo "sin demora", tratando de justificar así el rechazo a recabar la documentación solicitada: "Esta decisión no solo deberá tomarla con agilidad, sino también con todas las garantías y, en especial, con la motivación necesaria, a la vista de que afecta al derecho fundamental de la Sra.Delgado García a ser promovida en la Carrera Fiscal en condiciones de igualdad y con los requisitos establecidos por la ley", advirtió el Supremo.
El Consejo Fiscal es un órgano consultivo, pero su criterio sobre las compatibilidades sí es vinculante. Si estos siete vocales se hubieran negado a dar el visto bueno a Delgado, su nombramiento como fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática no podría haber salido adelante.
Sin recusaciones
Antes de abordar el asunto de la compatibilidad para el cargo, el fiscal general ha rechazado la petición de Delgado de apartar a tres de los 12 vocales del órgano: la fiscal jefe de Las Palmas, Beatriz Sánchez; el fiscal adjunto de Protección de Datos en Asturias, Miguel Rodríguez Marcos, y el fiscal del Tribunal Supremo Salvador Viada. Este último es miembro de la APIF, mientras que los dos anteriores pertenecen a la AF.
Delgado argumentaba que Viada no debía participar en el Consejo Fiscal por enemistad manifiesta hacia ella, mientras que en el caso de Rodríguez apuntaba a un comunicado que había emitido su asociación cuando ella formaba parte de la ejecutiva y en el de Sánchez a que tiene como pareja a un abogado que ejerce en la misma circunscripción que ella.
Nada más arrancar la sesión, García Ortiz ha rechazado estas recusaciones: "No se ha procedido a resolver sobre las solicitudes de recusación de tres vocales del Consejo planteadas por Delgado o la propia celebración del pleno, pues el contenido de la sentencia es claro respecto al momento de retroacción en el que el pleno del Consejo, válidamente constituido, debatió la propuesta de nombramiento", explican desde la Fiscalía General del Estado.
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