El plan para rejuvenecer a la mitad de una administración andaluza que se jubila en un lustro

En la Administración General de la Junta de Andalucía, solo hay 636 empleados públicos con menos de 35 años. Son el 1,5% del total de 40.720 trabajadores que hay en este grupo, que no incluye, por ejemplo, a profesores y sanitarios, los dos grandes colectivos de trabajadores de la Junta. Por contra, hay 29.035 que superan los 50 años, un 71,3% y está previsto que entre el 45% y el 50% se jubilen en los próximos seis años, de aquí a 2030. Tiene sentido que el Ejecutivo andaluz ande enfrascado en un proceso de rejuvenecimiento de sus trabajadores públicos que pasa por hacer más atractivo entrar en la Junta y que camina de forma paralela a un plan para reciclar a la actual plantilla para que se adapte a los retos que supone prestar servicios públicos en la segunda y la tercera década del siglo XXI.

"Las tecnologías no van a sustituir al talento", avisa Arturo Domínguez. Es el secretario general de la Junta para la Función Pública, médico de profesión, algo que se deja ver en los símiles que hace para explicar algo tan complejo como el plan estratégico de Recursos Humanos de la Administración regional que extenderá su vigor hasta 2030, pero con revisiones constantes. Su objetivo último es adaptar ese enorme cuerpo que es la plantilla de funcionarios y laborales que están detrás de las ventanillas de los edificios públicos, pero también en los despachos, los que aplican las políticas que se aprueban en el Parlamento regional y en el Palacio de San Telmo. "Los puestos de trabajo no van a ser tan estáticos como hace 40 años, cambian por las necesidades de la ciudadanía", explica.

Domínguez cuenta que el trabajo que se hace hoy en la Junta —algo que ocurre en todo el país— es muy distinto al que se hacía hace 15 años. Y que la labor del funcionario no tiene nada que ver con aquella caricatura de la película Astérix y las 12 pruebas, cuando el galo y su colega Obélix se volvían medio locos entre burócratas romanos en su intento por conseguir "la forma A-38". "El que hoy entra en la Administración está en un reciclaje permanente", insiste este alto cargo de la Junta, que pone el foco en que los funcionarios que vayan entrando en la cosa pública ya tendrá una competencia más que óptima en el manejo de sistemas, una adaptación que han tenido que vivir los trabajadores públicos en las últimas décadas y que nacieron y se formaron en un mundo analógico.

Las encuestas elaboradas por la Consejería de Función Pública de la Junta, dirigida por José Antonio Nieto, desvelan que solo el 21% de los jóvenes menores de 25 años ven atractivo el empleo público para desarrollar su carrera laboral. Pero también destaca otro dato, que es que el 52% del personal encuestado considera que la administración no es capaz de atraer a los mejores profesionales. Los motivos no son los mismos que se encontró Juanma Moreno cuando tuvo que diseñar su Gobierno, ya que recibió varios noes porque en la empresa, en los niveles más altos, los sueldos son mucho mejores y la exposición pública es un obstáculo para profesionales de la privada.

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En la parte baja y media del escalafón, las condiciones laborales son mejores en lo público y es ese uno de los atractivos que seducen las personas que se plantean entrar en la Junta. Pero Arturo Domínguez añade un valor que no se puede medir y que, en su opinión, deben tener los empleados que trabajan en los distintos niveles de la administración. Se trata de los "valores públicos", una suerte de vocación por volcar a la sociedad los conocimientos y competencias atesorados. Eso concuerda con un fenómeno detectado en las encuestas elaboradas por la Junta y en las que los propios empleados públicos reclaman un modelo "mixto" de oposiciones que combine los conocimientos con la experiencia previa y la capacidad "de trabajo en equipo y de adaptación a nuevas situaciones".

Para Domínguez, la administración debe verse como una organización que "lidere, planifique, impulse y coordine, que tenga pensamiento estratégico" y no solo se dedique a aplicar lo que llega desde los poderes ejecutivo y legislativo. Y para ello la propia Junta debe "acompañar" a las personas que ya están dentro del organigrama. "No podemos pensar solo en captar nuevo talento", apunta el secretario general de Función Pública, que alude a las 5.000 personas que se han incorporado a las distintas consejerías en el último lustro. "Tenemos que acompañarlas para retener ese talento y avanzar en la capacitación del empleo público", apunta el alto cargo, que recuerda que hay casi un cuarto de la plantilla con entre 35 y 50 años que todavía deben desarrollar varias décadas dentro de la Junta y serán quienes hereden la experiencia cuando el proceso de jubilación se acelere en los próximos años.

Junto con esa recapacitación, irán llegando nuevas hornadas de empleados públicos a los que el Ejecutivo andaluz quiere seducir con campañas de comunicación públicas, pero también con seminarios en universidades e instituto para dar a conocer la labor que se realiza en la Junta. Está prevista también la firma de convenios de colaboración para que estudiantes en prácticas se incorporen a la Administración General como puerta de entrada.

Para Domínguez, la administración debe verse como una organización que "lidere, planifique, que tenga pensamiento estratégico"

A partir de este 2024, la previsión de personas que dejarán de trabajar en la Administración General supera el millar cada año, ya que será cuando empiece a notarse el efecto de la jubilación de los funcionarios del baby boom. Estas cohortes son las que entraron en la Junta a partir de los años 80, cuando se comenzó a desarrollar el organigrama de las comunidades autónomas y cuando se produjo el mayor crecimiento en las plantillas. Son ellos quienes todavía verán cómo entra en funcionamiento la temida "evaluación del desempeño", que es aplicar una fórmula de trabajo pensada en la consecución de objetivos.

"La administración tiene que rendir cuentas y eso solo se puede hacer midiendo el cumplimiento", defiende Domínguez, que cree que la evaluación de los funcionarios sirve para reconocer el desarrollo profesional del empleado público y las necesidades de desarrollar nuevas habilidades. Eso puede ir aparejado de recompensa económica, pero también puede servir para constatar malos resultados, pero este alto cargo asegura que el objetivo de este modelo no busca la aplicación de "acciones penalizadoras".

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