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La Seguridad Social advierte: la pensión por discapacidad se retirará a las personas a partir de esta edadLa iniciativa social que da voz (y trabajo) a las personas con discapacidad intelectual
La discapacidad del 33% entra dentro del grado 3 de discapacidad (entre el 25 y el 49%), que se considera moderada: con dificultades para realizar las actividades del día a día. A partir de esa cifra del 33%, se pueden solicitar distintas ayudas sociales, beneficios y descuentos.
El certificado de discapacidad, que certifica el porcentaje de discapacidad de la persona, es un documento oficial que puede solicitarse a través del organismo competente de la comunidad autónoma en la que se resida.
Para solicitar el certificado, hay que llevar a cabo un proceso que suele durar varios meses (puede llegar a ser de entre seis y ocho meses), durante el que hay que someterse a pruebas de tipo médico, social y psicológico, para así determinar el grado concreto que aparecerá en el documento. Con un mínimo del 33%, será concedido el certificado, que tiene una validez permanente.
Ayudas con discapacidad del 33%
Las personas con certificado de discapacidad tienen derecho a prestaciones sociales como son la Asistencia Sanitaria y Prestación Farmacéutica (ASPF), que permite la exención de aportación farmacéutica, y el Subsidio de Movilidad y Compensación por Gastos de Transporte (SMGT). Además, los padres que tengan algún hijo con discapacidad de un mínimo de 33% también pueden pedir una ayuda económica.
Por otra parte, los portadores de este certificado pueden acceder a deducciones a la hora de hacer la declaración de la Renta y de adquirir una casa o un vehículo, y bonificaciones en impuestos como Sucesiones y Donaciones o el IBI.
Prestaciones, deducciones y bonificaciones son algunas de las ventajas del certificado
Además, estas personas pueden beneficiarse de una tarjeta especial para transporte público con precios más bajos, así como descuentos en obras y espectáculos de cultura y ocio.
También hay beneficios en el acceso al empleo, ya que las empresas con más de 50 personas están obligadas por ley a tener un mínimo del 2% de trabajadores con discapacidad en la plantilla, y si son autónomos reciben unas ayudas concretas que varían según la comunidad autónoma.
Todas estas iniciativas tienen el propósito de favorecer la integración social de las personas que afrontan su vida diaria con discapacidad.
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