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Las estafas a través de Wallapop se han disparado en los últimos años, alimentadas por el uso extendido de esta plataforma entre particulares y la facilidad para sacar las transacciones fuera de la aplicación oficial. Compradores que nunca reciben su pedido, vendedores que no cobran tras enviar un producto, o pagos por Bizum a cuentas que desaparecen tras el ingreso son algunos de los métodos más habituales. El caso que ahora investiga un juzgado murciano, y que ya ha sido revisado por el Tribunal Supremo, refleja con nitidez el funcionamiento de estas estafas digitales entre usuarios de distintas provincias.
Todo comenzó con la denuncia presentada por un vecino de Moratalla (Murcia) que en 2023 acordó la compra de material de buceo por valor de 700 euros a través de Wallapop. Según el auto del Supremo, la víctima realizó tres pagos mediante Bizum, pero nunca recibió los productos. El anuncio había sido publicado por una persona que se identificó como Hipólito y que utilizaba un número de teléfono a nombre de otro individuo.
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El ConfidencialLa investigación permitió averiguar que la línea telefónica empleada para gestionar la compraventa y perpetrar la supuesta estafa figuraba a nombre de un hombre residente en Jaén, cuyo hijo estaba utilizando realmente ese número. El medio local Jaén Hoy amplía esta información confirmando que el joven es militar profesional destinado en una misión internacional, lo cual dificultó inicialmente su localización. A su nombre también figuraba la cuenta bancaria de CaixaBank que recibió los pagos.
El Supremo confirma que el caso debe seguir en CaravacaEl juzgado de Instrucción número 3 de Caravaca de la Cruz asumió el caso tras la denuncia, pero el órgano homólogo en Jaén planteó un conflicto de competencia territorial. Este tipo de controversias se resuelven por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que dictó un auto el pasado 27 de febrero en el que confirma que la causa debe instruirse en Caravaca, al ser el juzgado competente del lugar donde la víctima sufrió el perjuicio económico.
La Fiscalía ya había defendido que no concurrían motivos sólidos para apartarse del principio de ubicuidad penal, aplicable en delitos informáticos. Este principio establece que el delito se entiende cometido en todos los lugares en los que haya habido una acción relevante, y que será competente el juzgado que primero haya iniciado las actuaciones. El Supremo ha avalado este criterio.
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Albert SanchisPagos a una cuenta de JaénJaén Hoy señala también que los pagos fueron enviados a una cuenta abierta en Jaén capital y que los agentes no encontraron rastro del supuesto vendedor tras el último envío de dinero. El denunciante no ha conseguido recuperar la cantidad abonada ni contactar de nuevo con el presunto estafador.
El juzgado murciano continuará ahora con la instrucción del caso, que se encuentra en fase preliminar. Según el Supremo, en este momento no se exige una prueba concluyente, sino que basta con que existan indicios razonables de participación en los hechos para continuar investigando.