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La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha publicado una serie de recomendaciones para propietarios con el objetivo de prevenir la 'inquiokupación', un problema creciente en el sector del alquiler. Este fenómeno se produce cuando un inquilino, tras firmar un contrato, deja de pagar la renta y se niega a abandonar la vivienda, generando complicaciones legales para el arrendador.
Uno de los primeros pasos para reducir este riesgo es verificar la solvencia del inquilino antes de alquilar la vivienda. La OCU aconseja solicitar documentación que acredite ingresos regulares, como nóminas o declaraciones fiscales, y consultar bases de datos de morosos, como el FIM o BDMI, para detectar posibles antecedentes de impago. También se recomienda desconfiar de aquellos arrendatarios que ofrecen pagos elevados por adelantado, ya que podría ser una estrategia para evitar controles previos.
A la hora de formalizar el contrato, la organización destaca la importancia de exigir garantías legales, como la fianza de un mes de renta y hasta dos meses adicionales como garantía complementaria. Además, aconseja que los contratos de suministros como agua, luz y gas estén a nombre del inquilino, asegurando así que sea el responsable directo de los pagos y evitando deudas a cargo del propietario.
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Si se produce un impago, la OCU recomienda actuar con rapidez, contactando con el inquilino para solicitar el pago de la deuda. En caso de que la situación no se resuelva, es fundamental enviar una reclamación formal mediante burofax con acuse de recibo, detallando las rentas pendientes y estableciendo un plazo límite para el pago.
Cuando el inquilino sigue sin pagar y no atiende los avisos, el siguiente paso es iniciar un procedimiento judicial de desahucio, lo que permitirá recuperar la vivienda y reclamar las cantidades adeudadas. Siguiendo estas recomendaciones, los propietarios pueden minimizar el riesgo de 'inquiokupación' y proteger su patrimonio frente a inquilinos morosos.
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