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El esperpento terminó convirtiéndose en un escarnio al Estado en la sede de la soberanía nacional. El Congreso abrió ayer sus puertas a un yihadista condenado a 43 años de prisión por los atentados de Barcelona y Cambrils, el ataque más devastador desde el 11-M. El terrorista llegó engrilletado y acompañado de un amplio dispositivo de seguridad, de un centenar de agentes, a la comisión de investigación abierta en la Cámara Baja para remover unos hechos ya sentenciados por la Justicia. La estampa no tenía precedentes. Junts había solicitado su comparecencia con un objetivo: dar aire a su teoría de la conspiración sobre el 17-A y responsabilizar al Estado de la masacre. Y el reo se prestó alegremente.
El nombre de Mohamed Houli Chemlal, único superviviente de la explosión de Alcanar (Tarragona), figuraba en el listado de comparecientes que se aprobó el pasado mes de octubre para que la comisión de investigación sobre el doble atentado de Cataluña echase a andar. Contó con el respaldo de PSOE, Sumar, ERC y, por supuesto, Junts. La activación del citado foro parlamentario fue una de las exigencias del partido de Puigdemont a Sánchez a cambio de sus votos para encumbrar como presidenta del Congreso a Francina Armengol.
Desde el principio, Junts pretendía utilizar la comisión de investigación como una herramienta para alimentar la tesis de que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), entonces dirigido por Félix Sanz Roldán, estuvo involucrado en los atentados para perjudicar al separatismo. El PSOE también les ofreció la desclasificación de información "reservada o secreta" sobre lo ocurrido el 17 y 18 de agosto en Cataluña, desde la convicción de que "no hay nada que esconder" y que la propia comisión parlamentaria desmontaría las teorías conspiranoicas del independentismo.
La comparecencia desató una oleada de indignación en diputados de todos los colores políticos. Los socios del Ejecutivo y el propio PSOE repudian la tesis de partida de Junts, y llevan meses quejándose de la "chaladura" y el "despropósito" de mantenerla. Pero ayer las sonrisas tornaron en muescas de desazón al confirmar que el Congreso se convertía en altavoz mediático de un terrorista condenado en sentencia firme a casi medio siglo de prisión solo por "contentar" a Junts. "Ha sido muy violento", lamenta un diputado del bloque de izquierdas presente en la comisión. Mientras, el PP y Vox censuraban que los socialistas y sus aliados dañaban la dignidad de la Cámara Baja.
La Sala Prim, en la que tuvo lugar el esperpéntico episodio, fue la estancia que acogió los primeros debates de la Constitución de 1978 y donde llegó a reunirse el Senado en el período constituyente. El PP presentó un escrito de queja dirigido a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, por permitir "dar voz y protagonismo a un asesino en el corazón del Congreso". Distintos grupos parlamentarios admiten que la presidencia de la comisión de investigación, bajo el mando del diputado de Sumar, Txema Guijarro, les avisó esta semana de que Houli testificaría de forma presencial y no telemática, como estaba previsto, después de que el juez de vigilancia penitenciaria autorizase su desplazamiento.
En la Presidencia de la Cámara se sacuden de responsabilidad, y aducen que ésta no entra en "cuestiones de fondo" que "competen exclusivamente a las comisiones", más allá de garantizar que se cumplan con las medidas de seguridad. El dispositivo fue mayúsculo. Hubo hasta francotiradores en los tejados. Un centenar de agentes en total, y varios furgones de la UIP (antidisturbios) custodiaban las entradas y salidas en el Palacio de la Carrera de San Jerónimo. Al final, todo para escuchar que la culpa de los atentados de las Ramblas es suya, de los responsables de la seguridad del Estado.
El terrorista no quiso colaborar ni responder a las preguntas de los portavoces sobre la preparación de los ataques o el proceso de radicalización de la célula terrorista del imán de Ripoll, Abdelbaki Es Satty, que acabó con la vida de 16 personas en agosto de 2017. Sólo acudió para hacer una "declaración", alineada con las confabulaciones del independentismo catalán.
"El CNI tenía conocimiento de las intenciones que tenía el imán, y permitieron que viniera y nos comiera la cabeza. Lo digo ahora por temor a represalias. Pero ahora estoy condenado, y no tengo nada que perder", apuntó. El yihadista acabó reconociendo a preguntas del portavoz de ERC, Francesc-Marc Álvaro, que su afirmación sobre los servicios de inteligencia era una "conjetura". "Si tuviese información, tendría pruebas", admitió.
Los diputados del PP abandonaron la sala antes de que arrancase la declaración, pero el resto de los portavoces presentes —PSOE, Sumar, ERC, Bildu y Vox— dejaron también patente su malestar y su repulsa a las teorías de Junts sobre el 17-A. "Sólo ha venido a alimentar esas teorías conspiratorias", lamentaban algunos de los presentes. En el primer partido de la oposición recuerdan que este esperpéntico episodio no habría tenido lugar si el PSOE hubiese vetado la maniobra del independentismo. "Pero Sánchez necesita seguir en el poder".
El testimonio de Mohamed Houli sirvió de excusa a Carles Puigdemont para afrentar al Estado. "Más claro no puede decirlo. Probablemente pocas personas como él pueden estar en condiciones de formular esa acusación", escribió el expresidente catalán en X, dando credibilidad a la declaración infundada del yihadista. "Han dedicado tantos años y dinero público en fabricar la delirante trama rusa que no han tenido recursos para investigar la trama yihadista que tenían dentro de casa", lanzó. El propio Puigdemont está citado a declarar en la comisión el próximo 18 de marzo. Rajoy también ha sido llamado a declarar; de hecho, lo hará dos veces en el mes de marzo, porque deberá también acudir a la otra comisión de investigación que patrocina Junts sobre el presunto espionaje al independentismo catalán.
Més clar no ho pot dir, i probablement poques persones com ell poden estar en condicions de formular aquesta acusació. Han dedicat tants anys i diners públics a fabricar la delirant trama russa que no han tingut recursos per investigar la trama jihadista que tenien dins de casa. https://t.co/PgW6H25dHf
— krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) February 13, 2025
La diputada de los postconvergentes en el Congreso, Pilar Calvo, fue la encargada de volver a poner el foco de presión sobre el Gobierno por esta cuestión. Los portavoces de PSOE y Sumar en la polémica comisión de investigación se negaron a formular preguntas a Houli por respeto a los "españoles" y las "víctimas" de los atentados tras comprobar su nula voluntad de colaboración. La dirigente independentista recriminó a los partidos de Gobierno que no profundizasen en la cuestión del CNI tras las declaraciones de "extraordinaria gravedad" que había pronunciado el terrorista. Para Junts, la partida no ha acabado. Y promete seguir poniendo a prueba a Sánchez.
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