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El informe de la Comisión Europea sobre la situación del Estado de derecho en la UE no recoge las recomendaciones y alertas oficiales sobre la vulneración de derechos sociales y políticos en Cataluña realizados el año pasado por una delegación oficial del Parlamento Europeo. El informe aludido, que fue aprobado por la Comisión de Peticiones comunitaria, detectaba la quiebra del Estado de derecho en esta comunidad, vulneración de derechos y exponía la necesidad de que la Comisión preste atención a este problema.
La visita de diputados europeos se realizó después de un duro informe de las entidades Impulso Ciudadano, Foro de Profesores y Citizens for Europe. Los parlamentarios comprobaron las quejas sobre el terreno y firmaron un duro documento en el mes de marzo de 2024 en el que denunciaban a los gobiernos independentistas por la situación de la educación con la inmersión lingüística y deploraban los ataques a jueces y la desobediencia de sentencias judiciales por parte del Ejecutivo catalán.
En el informe mostraban su preocupación “por la ruptura de la separación de poderes, por la presión y la crítica inaceptable hacia los jueces, incluidas las descalificaciones directas (recomendación núm. 19) [debido a las reiteradas sentencias que abogaban por dar el 25% de las asignaturas en castellano, manteniendo el 75% de catalán]”.
También menciona “casos de exclusión social, intimidación y acoso a los niños y progenitores, así como incitación al odio (recomendación núm. 20); observa que la administración autonómica no aplica la sentencia de 16 de diciembre de 2020 y añade que considera que el incumplimiento de las resoluciones judiciales por parte de las administraciones públicas española y catalana vulnera el Estado de Derecho (recomendación núm. 18) y solicita que la Comisión supervise la situación (recomendaciones núm. 8 y 11) e incluya estos temas en su próximo informe sobre el Estado de Derecho (recomendación núm. 11) “.
“El Govern debe ser reprobado”
Lejos de esos postulados, el Gobierno catalán no hizo nada por revertir la quiebra del estado de derecho y el Gobierno español no incluyó los reproches en el informe del estado derecho que se ultima estos días. La organización constitucionalista Impulso Ciudadano, con sede en Barcelona, ha enviado a Bruselas su aportación sobre el informe (como prevé el reglamento comunitario) y deplora que ninguna de esas deficiencias se incluya en el último informe. “La administración catalana sigue sin atender a las peticiones de una enseñanza en la que el castellano no esté excluido, sigue sin cumplir con las sentencias judiciales y sigue privando de derechos a los alumnos. Se puede decir más alto, pero no más claro. Ya no es solamente la asociación que presenta esta contribución, sino la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, quien habla de quiebra del Estado de Derecho en Cataluña, vulneración de derechos y necesidad de que la Comisión preste atención a este problema. Esperemos que en esta ocasión así se haga”.
El escrito presentado ahora ante los organismos de Europa señala que “nuestra organización ha informado puntualmente a la Comisión, en las diferentes contribuciones realizadas al Informe sobre el Estado de Derecho, del incumplimiento por parte de la administración autonómica de las decisiones relativas a una presencia mínima del castellano, lengua mayoritaria de la población en Cataluña, en la educación sostenida con fondos públicos. Pese a ello, ningún reproche podrá encontrarse en los informes sobre el Estado de Derecho”.
José Domingo, presidente de la organización, señala a El Confidencial que “nuestra intención es dejar patente la contestación por parte del Govern al informe de parlamentarios de la UE, en tanto en cuanto no se ha hecho nada. Además de que la Administración catalana no informó en tiempo a los europarlamentarios, no se ha hecho nada. Ninguna de las recomendaciones se materializó tras ese informe”.
Utilización sesgada de los informes
Rafael Arenas, vicepresidente de Impulso Ciudadano y el coordinador del informe de la entidad enviado a Bruselas señala también a este diario que “en nuestras contribuciones destacamos la vulneración de derechos individuales en Cataluña, el incumplimiento de las sentencias judiciales y los ataques a los jueces. Pero la Comisión Europea nunca ha incluido los reproches a la Administración regional en sus informes”.
El dirigente constitucionalista, que es doctor en Derecho, reprocha que “ese ‘mirar hacia otro lado’ de la Comisión es inadmisible. El Parlamento europeo, a través de la Comisión de Peticiones, ya ha indicado que en Cataluña se producen vulneraciones de derechos y quiebras del estado de derecho. En nuestra contribución este año, denunciamos que una utilización sesgada de los informes sobre el estado de derecho los deslegitima”.
No es el primer encontronazo en Europa por el tema independentista: no hay que olvidar que el informe de Europol de 2023 señalaba que “en España, los movimientos independentistas catalán y vasco son actualmente los más activos y violentos dentro de la escena separatista española. Sus narrativas combinan el separatismo con puntos de vista de la extrema izquierda, centrándose en mensajes contra el Estado español y sus instituciones, así como contra temas más amplios, como el capitalismo”.
A instancias de los independentistas, el Gobierno español solicitó que se retirasen las alusiones citadas y así se hizo a posteriori. En esta ocasión, la situación es inversa: el Gobierno español no incluye situaciones y deficiencias que no solo habían sido efectuadas por entes sociales, sino que, además, habían sido verificadas por una delegación del Parlamento europeo desplazada expresamente a Cataluña.
De la misma manera, la aportación de la entidad constitucionalista cuestiona que la exministra Teresa Ribera “que ha participado en el señalamiento a los jueces que la propia Comisión ha denunciado, haya sido nombrada vicepresidenta de la Comisión. Es un nombramiento que no favorece al estado de derecho y que deslegitima a la propia Comisión”.
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