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La Agencia Valenciana Antifraude (AVAF) tiene abierta desde hace varios meses una investigación sobre el retraso en la licitación de contratos de suministro de agua potable en una veintena de municipios valencianos. El órgano de fiscalización de la actividad administrativa en la Comunidad Valenciana dio acuse de recibo en octubre de 2023 de una denuncia anónima y abrió una investigación cuando estaban al frente el anterior director general, Joan Llinares, y el director de Investigación, Gustavo Segura. Tras el cambio en la vara de mando de este organismo aprobado por las Cortes Valencianas con la mayoría del Partido Popular y Vox, el expediente ha seguido abierto, aunque el nuevo director, Eduardo Beut, todavía no ha dictado ninguna resolución.
Los ayuntamientos que tienen los contratos caducados y operan con prórrogas presuntamente irregulares bajo el foco de Antifraude son Alaquàs, Albalat dels Tarongers, Albuixech, Benaguacil, Beniarjó, Bugarra, Canals, Casinos, Cheste, Godella, Manises, Massalfasar, Moncada, Museros, Ontinyent, Piles y Vinalesa. Las empresas con contrato prorrogado que prestan el servicio en estas poblaciones en régimen de enriquecimiento injusto (es decir, a la espera de una nueva licitación) pertenecen al grupo de Aguas de Valencia (Global Omnium) y Egevasa (participado a 51% por la Diputación de Valencia). Esta mercantil mixta tiene firmados contratos de cooperación interadministrativa con algunos municipios
Pero no son los únicos, otras poblaciones como Xirivella, Aldaia, Beniparrell, Picanya o Riba-roja mantienen también concesiones vencidas en las que el concesionario pertenece al grupo Veolia, a través de Hidraqua o Aigües de L'Horta.
Un juez investiga en plena DANA contratos de la empresa de agua de la Diputación de Valencia
Víctor Romero. ValenciaAlgunos de estos contratos están caducados desde hace más de dieciséis años sin que se hayan vuelto a licitar todavía. La media de exceso en el plazo vencido es de casi ocho años. Casi cuarenta poblaciones de la provincia de Valencia se encuentran en esta situación. Varios de ellos han optado por realizar prórrogas que han terminado en los tribunales. Aldaia, Xirivella, Beniparrell, Alfara del Patriarca y Picanya, integrados en el Consorci d'Aigües de l'Horta, vieron como el Tribunal Supremo anuló el año pasado una prórroga del servicio de aguas y saneamiento firmado con Aiguës de l'Horta tras una demanda de Global Omnium (Aguas de Valencia).
La denuncia remitida a Antifraude sostiene que la correspondiente empresa en cada caso continúa prestando el servicio "en una clara vulneración de los principios de libre competencia y concurrencia que rigen los contratos públicos lo que impide que esos ayuntamientos puedan prestar el servicio en las mejores condiciones y con la mejor relación calidad-precio". Y propone que se investiguen "indicios de lucro privado sin sustento legal suficiente", con la connivencia "no solo de los equipos de gobierno de los distintos entes locales sino también de los funcionarios públicos que siguen permitiendo esta situación sin presentar ningún reparo a sus ayuntamientos".
Este sentido, la Agencia Valenciana Antifraude publicó en mayo de 2020 una recomendación a las Administraciones que recoge como irregularidades comunes en el ámbito de la contratación pública la "prórroga de forma ilegal o injustificada de la duración de los contratos". Bajo el título de "La vía del enriquecimiento injusto en el sector público: ¿uso o abuso", la entidad advierte de "los riesgos generales de fraude y corrupción derivados del abuso del enriquecimiento injusto", que se "acentúan y matizan en el marco del propio ciclo de planificación, ejecución y control del gasto público por excelencia en las administraciones públicas: el de los bienes, obras y servicios que caracteriza la contratación del sector público".
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