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El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, no ha querido reunirse con la patronal del sector de la Dependencia tras más de un año en el cargo. Se trata de un sector clave para los próximos años, dado el envejecimiento poblacional y la creciente demanda de servicios de asistencia para las personas mayores. Las residencias viven un momento complicado ante la falta de profesionales, el crecimiento de los costes y el caos legislativo que ha supuesto la ley Belarra.
Según las estadísticas del Imserso, hay en lista de espera para ser atendidas 71.776 personas con Grado II y III de dependencia. A esta cifra se suman los 61.721 pendientes de valorar. En total, 133.497 personas que accederán a estos grados, y aplicando los porcentajes de personas que demandan servicios residenciales (un 26,3% del grado III y un 16,3% del grado II), el sector calcula que ahora mismo son necesarias 30.000 plazas residenciales más solo para atender la actual lista de espera. El período medio de espera para acceder a una plaza en residencia es ahora de 323 días.
Sin embargo, la ley Belarra, que establece un sistema de acreditación y un ratio mínimo de profesionales por residencia, está frenando las inversiones necesarias. Esta norma, aprobada en 2022, opta por un modelo de centros similar al de los países más desarrollados del entorno (centro y norte de Europa). Algo que el sector comparte, pero con una dotación presupuestaria suficiente para hacer frente a las modificaciones necesarias. Alegan que la ley de desindexación de Cristóbal Montoro impide que se actualicen los contratos que mantiene la Administración pública con las residencias, lo que implica que muchas desde hace años trabajen a pérdidas por la inflación.
"Hablamos con la vicepresidenta Yolanda Díaz sobre este tema y se mostró totalmente de acuerdo en que hay que cargarse la ley. Pero siguen pasando los meses y nadie hace nada", explica Ignacio Fernández-Cid, presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia (FED). La inversión privada tampoco está llegando al sector por el convulso desarrollo de la ley Belarra: "No todas las Comunidades Autónomas estaban a favor. Murcia, Galicia y Madrid votaron en contra en el Consejo Interterritorial".
Pablo Bustinduy gasta 72.000 euros en hacer contracampaña al Black Friday y "las compras compulsivas"
Borja NegreteEl plazo para trasponer la ley a las CCAA concluía el 30 de marzo de 2023. Sin embargo, tal y como denuncia la FED, solo la Comunidad Valenciana lo hizo cuando gobernaba Ximo Puig. "La llegada del PP ha devuelto la medida al baúl de los recuerdos", apunta Fernández-Cid. Esta situación de incertidumbre ha frenado a los fondos de inversión, que no están dispuestos a inyectar fondos si no tienen claro el marco regulatorio.
Falta de personal
Entre los criterios que imponía la ley Belarra está la contratación de 7 auxiliares por cada 15 plazas. Una ratio difícil de cumplir en la situación en la que se encuentra el mercado laboral. La FED estima que son necesarios ya "unos 130.000 profesionales" en áreas como residencias, centros de día, ayuda domiciliaria y teleasistencia, tanto en el ámbito privado como concertado.
El Ministerio de Bustinduy, al igual que en la era Belarra, aboga por una política de desinstitucionalización, que se traduce en promover que la gente envejezca en casa con los cuidados precisos, en lugar de ser llevada a una residencia. Algo que desde la FED consideran una suerte de utopía con las condiciones actuales: "Hoy en día, una persona con grado tres de dependencia tiene derecho a tres horas de asistencia diaria. ¿Qué hace un gran dependiente el resto de horas? Son buenismos que quedan muy bien, pero no se pueden llevar a la realidad. Estás creando falsas expectativas a los dependientes y sus familias. Estas personas necesitan servicios y centros".
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Yolanda Díaz, y el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy. (EP) Fernández-Cid considera que la ley Belarra es imposible de cumplir "con los presupuestos que actualmente manejamos". El incremento de gastos de esta norma será repercutido "en el cliente privado". "Estamos hartos de pedir una mesa de conciliación con el Ministerio de Derechos Sociales para planificar el futuro a medio y largo plazo. Ellos tienen el mapa de la demanda y nosotros de la oferta. ¿No tiene sentido que nos sentemos? Pues no hay respuesta del señor Bustinduy", asevera el presidente de la FED.
En la falta de profesionales juega un papel clave la lentitud con la que se homologan los títulos de extranjeros. "Hace falta acelerar este proceso y crear más plazas universitarias en Medicina y Enfermería. No hay suficientes profesionales para cubrir las bajas por jubilaciones. Si ya tienen problemas en el sector sanitario, imagina en el de las residencias", añade.
Retos que el sector tiene que afrontar cuanto antes para responder a la demanda asistencial pese a la negativa del ministro de atender a la patronal. El ministro ha anunciado recientemente su intención de introducir modificaciones en la Ley de Dependencia y cambiar el modelo de las residencias. "Necesitamos transitar hacia un modelo que construya una red de apoyos y de prácticas necesarias para que la gente pueda permanecer en sus domicilios todo el tiempo que lo deseen y con la mayor calidad de vida posible", afirmaba en Cadena Ser. Bustinduy aboga por un modelo con menos residencias y más atención a domicilio, un modelo que también requiere de un nivel de personal del que ahora se carece.
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