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Es el día D. Ha llegado el momento de que el fiscal general del Estado recorra la distancia que separa la sede del Ministerio Público en Madrid de la del Tribunal Supremo. Un paseíllo de poco más de un kilómetro que estaba cantado desde hace meses, en concreto desde que en octubre el Supremo abriera causa en su contra por la filtración de comunicaciones del novio de Isabel Díaz Ayuso. No obstante, Álvaro García Ortiz llega a este trance con pésimas perspectivas. Su principal línea de defensa ha quedado herida de muerte por el juez y le quedan pocas armas más allá de refugiarse en negar que él fuera quien difundió los correos reservados.
La declaración se produce en el día previsto, a pesar de que su defensa, que ejerce la Abogacía del Estado, trató de aplazarla y pidió practicar nueva prueba. El instructor Ángel Hurtado rechazó la pretensión en su práctica totalidad y, al explicar sus motivos, dejó claro que no ve recorrido a los argumentos que han ido subrayando los servicios jurídicos del Estado en sus distintos escritos.
Uno de los más repetidos es la teoría del 'quien filtra el último, no filtra', que ha ido desarrollando el jefe de la Fiscalía como principal escudo en esta primera fase de la investigación, apuntando siempre al jefe de gabinete de la presidenta madrileña. Ha combinado esta tesis con la idea de que la filtración que se le atribuye junto a la fiscal provincial Pilar Rodríguez pudo partir de cualquier lado, ya que la información estaba a disposición de un número indeterminado de personas y no hay prueba directa de que partiera de él o su entorno más cercano.
Estas dos ideas no han calado en el juez encargado de la causa. Ya en el auto en el que acordaba la citación, Hurtado aseguraba contar con sospechas fundadas de que el correo concreto que considera delictivo, uno fechado el 2 de febrero en el que el abogado del empresario Alberto González Amador ofrecía un pacto a cambio de reconocer dos delitos fiscales, circuló "con salida de la Fiscalía General del Estado y destino Presidencia del Gobierno". Además, no comparte la teoría de que la filtración de una parte de las comunicaciones que confesó Miguel Ángel Rodríguez sea comparable o diluya el delito que atribuye al fiscal general.
Lo explicó de forma directa en un escrito de esta misma semana. Para Hurtado, Rodríguez contaba con la autorización "de la persona a quien concierne el secreto", o sea el empresario Alberto González Amador, y además se hizo eco de la parte de esas conversaciones en busca de conformidad que no afectaban a su derecho de defensa al no dar una idea de culpabilidad que sí se lograba con la difusión del correo investigado. El magistrado descarta ya de inicio que haya similitudes entre lo que hizo Rodríguez y la difusión por parte de un "un tercero ajeno a la confidencia" de contenido negativo para el afectado. "Más que divulgarlo, lo filtra subrepticiamente a la prensa", agregaba el magistrado.
No era secreto
La otra pata de su defensa no ha salido tampoco muy bien parada. La Abogacía del Estado defiende que el famoso correo no puede considerar secreto o reservado porque en realidad eran contactos "preliminares" que no están especialmente protegidos en el artículo 417 del Código Penal. En este precepto se castiga a los funcionarios públicos que revelan secretos o informaciones de los que tiene conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deben ser divulgados. Al ser contactos informales -dice la defensa- no formaban parte de las diligencias de investigación preprocesal, ni se incluían en el expediente de investigación, ni producen efecto alguno porque no habían sido confirmadas.
Hurtado tampoco ha comprado este argumento. Ha puesto el acento en que la filtración de ese correo de 2 de febrero y sobre todo, de su contenido en el que se hacía un "reconocimiento expreso de que se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública" generó de forma inmediata que González Amador pasara a ser tachado por algunos -como el Gobierno- como "un defraudador confeso". También ha destacado "la quiebra de la confidencialidad" que supuso filtrarlo, descartando así que no fuese reservado.
Casi lo peor del interrogatorio será, no obstante, la evidencia de que no hay mensajes enviados o recibidos por el fiscal general en las fechas clave que examinar. Su desaparición es difícil de explicar más allá de la versión ya ofrecida por la Fiscalía General de que se eliminaron por motivos de seguridad y en aplicación de un protocolo del que muchos fiscales dudan.
En algunas líneas de su último auto, el juez Hurtado deja entrever que cree que las dudas, si existen, no son cuestión para tratar en la fase de instrucción, sino ya en un juicio oral. El paseíllo de este miércoles es el primero, pero es más que probable que no sea el último.
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