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Nuevo capítulo, y probablemente el último, del caso Multas de Castellón. El concejal de Movilidad, Cristian Ramírez (PP), fue señalado hace casi un año por la oposición por acumular multas de tráfico. La cifra ascendía a 170 sanciones por aparcar en zona azul sin pagar. En un primer momento, el equipo de Gobierno reconoció que "estéticamente" no quedaba bien, pero que no existía delito y el tema no merecía mayor recorrido. Ahora, un informe de la Fiscalía confirma que el coche vinculado al conejal sí fue multado todas esas veces; aunque la causa ha sido archivada porque no aprecia ningún indicio de delito.
"Es un escándalo", aseveró este jueves Jorge Ribes (PSPV). "Llevan meses mintiendo", continuó. Desde el PP, mantienen la integridad de su concejal: "La Fiscalía archiva la denuncia del PSOE que juega a embarrar la política, perdieron en las urnas y también en los tribunales", dijo el portavoz del Gobierno municipal, Vicent Sales.
El revuelo por el caso tiene enfrentados al PP y al PSPV desde hace meses. La Fiscalía Provincial abrió una investigación tras una denuncia de los socialistas, pero no ha fructificado. Aun así, la oposición estudia cómo mantener viva la causa en los tribunales. Por su parte, Ramírez asegura que ya ha abonado todos los pagos que tenía pendientes. De lo que no cabe duda, según un escrito de la Brigada Provincial de la Policía Judicial, es que dicho vehículo fue sancionado 170 veces por aparcar indebidamente en las áreas de estacionamiento regulado. La oposición pide la dimisión del edil; aunque él mismo ya aseguró hace meses que no renunciaría al cargo.
La investigación del Ministerio Público se ha archivado por no apreciar nada ilegal. La decisión judicial fue celebrada este jueves por los populares: "El edil Cristian Ramírez dio explicaciones por activa y por pasiva hasta en diferentes plenos y, sin embargo, el PSOE siguió adelante con una denuncia falsa a sabiendas de que iba a perder, como se ha conocido hoy. Su única motivación es poner palos en las ruedas, tratando de desacreditar a toda costa a un concejal de gobierno que no tiene ninguna deuda pendiente", reiteraron los populares.
El PSPV preguntó ayer en el pleno municipal a la alcaldesa si, tras hacer público el informe policial, se había planteado destituir al concejal. La regidora, Begoña Carrasco, no contestó. En febrero, la alcaldesa tachó la conducta de Ramírez de "injustificable" y anunció la convocatoria de un pleno extraordinario para que el edil diese las explicaciones oportunas. Desde entonces, Carrasco, que dio por buenas las aclaraciones que aportó el concejal, no se ha vuelto a pronunciar sobre este asunto.
La historia se remonta al mes de febrero. El PSPV de Castellón presentó un escrito a la Fiscalía Provincial para que investigase un posible fraude por el impago de 136 multas de tráfico desde enero de 2023 a enero de 2024. Las sanciones económicas correspondían al vehículo que utiliza el delegado de Movilidad. Esta cartera es la encargada de gestionar las zonas azules de aparcamiento regulado; y es precisamente el edil responsable el que se ha saltado sus propias normas. "Todo lo que hay detrás de esta historia huele muy mal, y por mucho que la alcaldesa, Begoña Carrasco, quiera taparlo, la ciudadanía merece saber todo lo que se oculta", declaró en el pleno de mayo la portavoz socialista, Patricia Puerta.
Incluso el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, fue preguntado por el caso. El popular sentenció que, al tratarse de un asunto municipal, respetaba las decisiones del equipo local de Castellón. También hizo incidencia en que las normas deben aplicarse a todo el mundo por igual. Mazón se refería a que, si el PSOE iba a ir "hasta el final" en este tema; que también lo fuese con los casos que ocurren "dentro de su propia casa". Como ejemplo, puso el caso de la "eurodiputada socialista Inmaculada Rodríguez-Piñero, que cobró ilegalmente 40.000 euros en dietas".
Siete meses después, el Ministerio Público ha archivado el caso porque no considera que existan pruebas constituyentes de delito por parte de Ramírez. “No se ha podido constatar que Cristian Ramírez u otra persona hayan podido anular o revocar alguna sanción, que era el objeto que tenía la investigación”, argumentan. Sin embargo, para llevar a cabo las pesquisas, tuvieron que recabar información de la Policía Nacional. Y en esta aparece que el vehículo asignado al edil de movilidad acumuló 170 multas por aparcar de forma irregular en la zona azul. "He pagado lo pendiente y he pedido disculpas. Pude hacerlo antes y no lo hice, no hay justificación. No es ético ni estético, lo reconozco", sentenció.
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