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La Audiencia Nacional ha condenado a 26 años y 9 meses de cárcel a la exjefa de ETA Ainhoa García Montero, Laia, por el asesinato del empresario José María Korta, el 8 de agosto de 2000, al explotar un coche bomba cuando salía de su empresa en el polígono industrial de la localidad guipuzcoana de Zumaia.
En una sentencia dictada de conformidad entre las partes, y que ha sido notificada este miércoles, los magistrados de la Sección Cuarta condenan a García Montero a 25 años de cárcel por un delito de homicidio terrorista y a un año y 9 meses por un delito de falsedad documental. Se le impone, además, el pago de una indemnización a la viuda e hijos del empresario de 300.000 euros.
Según el relato de hechos probados, reconocidos por la propia acusada, ésta formaba parte en aquellas fechas del comando BURUNTZA/ZARTAKO de ETA, y en unión de otras personas, decidió dar muerte a José María Korta Uranga, propietario de la empresa Korta y presidente de la Asociación de empresarios de Guipúzcoa.
La información sobre el empresario, indica la resolución, se la había facilitado la organización terrorista. Sobre las 12.15 horas del 8 de agosto de 2000, cuando Korta salió de su empresa y subió a su turismo, la acusada y otra persona ya condenada por estos hechos, empleando un radio mando, hicieron detonar el explosivo que habían colocado en un coche aparcado en paralelo al de la víctima, lo que le causó la muerte.
Para el Tribunal, la prueba practicada en la vista pone de manifiesto la participación de García Montero en el atentado terrorista, teniendo cuenta el informe policial de Inteligencia, “de todo punto minucioso y concienzudo en el examen de los elementos tenidos en cuenta, interrelacionándolos” y dada la admisión de la acusada de su implicación en los hechos.
En el juicio, al ser preguntada por la presidenta del tribunal Teresa Palacios si reconocía los hechos, la acusada se limitó a responder afirmativamente en euskera. Al reconocer los hechos, el fiscal modificó su petición de pena de 30 años de cárcel a los 26 años y nueve meses a los que ha sido condenada.
Según informaron entonces a EFE fuentes jurídicas, al aceptar esta condena evitaba llegar al límite de los 30 años de cárcel, lo que le permitiría descontarse las penas a las que fue condenada en Francia, donde fue detenida, tal y como establece la reciente reforma legal que beneficiará a los presos con condenas previas en otros países de la UE.
Según el escrito de acusación de la Fiscalía, para perpetrar este atentado García Montero y trasladaron un Fiat Tipo robado hasta el aparcamiento que estaba frente a la empresa y lo aparcaron en paralelo a un coche que solía utilizar la víctima.
García Montero y su compañero, según la sentencia, fueron los encargados de cambiar las matrículas por otras falsificadas y de colocar "un artefacto compuesto por entre 15 a 20 kilos de gelatina explosiva o dinamita tipo goma" dentro de una tartera en el maletero.
Por este atentado, la Audiencia Nacional ya condenó en 2003 a Ibon Etxezarreta y Patxi Xabier Makazaga a 25 y 27 años de cárcel, respectivamente. García Montero fue arrestada en mayo de 2003 en Saintes, en el suroeste de Francia, y ha recibido condenas tanto en España como en Francia. Entre ellas figura una condena de 22 años de prisión por acceder a armas y explosivos que se usaron en atentados como en el que murieron el ertzaina Mikel Uribe y el exgobernador civil de Gipuzkoa Juan María Jauregi.
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