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El puesto fronterizo de Kapitan Andreevo, en Bulgaria, es la puerta de acceso a la Unión Europea de todo tipo de productos procedentes de Turquía y Oriente Medio. Por el checkpoint, el segundo más grande del mundo después del de Tijuana, entre México y Estados Unidos, pasan al año unos 900.000 camiones y, según los agricultores españoles, frutas y hortalizas sin apenas control fitosanitario. Es el "coladero", esgrimen, por el que entran en el mercado comunitario las naranjas, mandarinas, limones y pimientos turcos que compiten con los cosechados en Valencia y Almería, pero a diferencia de estos, bañados en pesticidas prohibidos en la UE o con niveles no permitidos.
La denuncia, uno de los caballos de batalla de Intercitrus (Interprofesional Citrícola Española), se sustenta en el alto volumen de alertas sanitarias que concentra Bulgaria. No, según estos, por el celo del país a la hora de cazar irregularidades, sino porque pasa tanto alimento contaminado que las partidas detectadas serían solo la punta del iceberg. La entidad baraja emprender acciones legales para intentar poner coto a una "competencia desleal" que, lamentan, en cierta medida está amparada por las autoridades comunitarias por no adoptar las medidas adecuadas para atajarla.
Fuentes de la Comisión Europea consultadas por El Confidencial no ocultan su "preocupación", pero acotan a Turquía sus reproches y exigen que garantice que los productos que entran por la frontera cumplan los estándares sanitarios de la UE. El Ejecutivo búlgaro niega que esté haciendo la vista gorda y defiende que el alto volumen de alertas sanitarias no es más que una cuestión estadística. "Es el paso intensivo de productos lo que causa que se registren más muestras positivas para residuos de pesticidas", alegan desde la Agencia de Seguridad Alimentaria de Bulgaria (ASAB).
Bulgaria es el noveno país de la UE que más notificaciones sanitarias por alimentos emite, según el análisis hecho por este periódico de los registros almacenados en la base de datos RASFF (Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos, por sus siglas en inglés). El país está prácticamente igualado con Dinamarca, a pesar de tener el paso fronterizo terrestre más importante de la Unión. El periodo analizado, de 2019 a junio de este año, arroja 130 alertas, con una proporción altísima, el 88%, de riesgo alto. Los datos, como se puede comprobar en los gráficos que acompañan a esta información, demuestran que los productos hortofrutícolas procedentes de Turquía, por goleada, son los de esta categoría que más alertas generan en el conjunto de la UE. Es el país que más cítricos y pimientos contaminados, dos productos cruciales para el campo español, cuela en el mercado comunitario.
500 millones en sobornos
Los recelos de la agricultura española no están infundados. Por Kapitan Andreevo, controlado durante 10 años por dos empresas ligadas a la mafia local, hasta la primavera de 2022 podía pasar casi cualquier cosa. Solo hacía falta desembolsar el dinero exigido. Lo primero, según relata a Mediapool.bg Ivan Hristanov, ex viceministro de Agricultura de Bulgaria y la persona que destapó el caso de corrupción, fue hacerse con el control absoluto de la frontera. El primer contrato para adjudicar a una compañía privada los controles fitosanitarios exigidos por la UE se rubricó en 2012 y ya entonces, según el político, la licitación fue "irregular". La firma Interpred Eurologistic consiguió la gestión de los test y a esta, en 2021, le dio el relevo Eurolab 2011. El Gobierno búlgaro recuperó el control del puesto en mayo de 2022, después de que enero de ese mismo el entonces jefe de la Agencia de Seguridad Alimentaria de Bulgaria denunciase que habían intentado sobornarle.
"Lo que es muy llamativo es que, en lugar de darles 10 metros cuadrados, que es lo que necesitaban para realizar los controles de laboratorio de frutas y verduras, el Estado les concedió 2.000 metros cuadrados. La terminal de la ASAB en Kapitan Andreevo es enorme", explica Hristanov. Lo que consiguieron las dos empresas al copar todo el espacio fue evitar cualquier competencia. Sencillamente, por una cuestión física, ninguna otra compañía pudo establecerse en el puesto para prestar ningún servicio. "La segunda cosa que hicieron fue asumir las llamadas actividades delegadas". Hristanov se refiere a la carga y descarga de las mercancías que son sometidas a las pruebas para detectar pesticidas o cualquier otro producto nocivo para la salud o el medio ambiente. La ley, según el ex viceministro, no permite simultanear estos dos cometidos. Los otros siete cruces fronterizos del país tenían más de 30 operadores diferentes para el manejo de las mercancías.
La actividad del laboratorio era lo más parecido a una "imprenta de dinero". "Imagina unos 30, 40, 50, 100, 200 camiones refrigerados en fila esperando durante horas en la frontera. Y un pseudo traductor les dice, si quieres pasar, son 1.000 euros por una carga barata, digamos ensalada. Para carga cara, pescado o pulpo, son 7.000, 8.000, 10.000 euros por camión. Estamos hablando de un mínimo de 1.000 millones de levas [al cambio en euros equivaldría a 511 millones] solo en sobornos al año", ilustra Hristanov.
La investigación determinó además que los pocos controles efectuados por ambas empresas eran una auténtica farsa. Hristanov pone un ejemplo: "El laboratorio privado encontraba, digamos, una discrepancia del 2% en las muestras seleccionadas. Sin embargo, nuestros colegas españoles hallaron más del 10% de discrepancia en la misma muestra. Este fue uno de los indicios más convincentes de que el control de laboratorio en la frontera era prácticamente inexistente".
Análisis hechos en Alemania arrojaron resultados similares a los españoles. Simplemente, los empleados del puesto se dedicaban a sellar los documentos oportunos. La capacidad que tenía el laboratorio era de 43-46 muestras al día y reportaban entre el doble y el triple, de 90 a 120. Una inspección de las instalaciones efectuada por el primer ministro, Kiril Petkov, cuando estalló el escándalo concluyó que las cámaras de seguridad del área de control fitosanitario no funcionaban. Tampoco había registros de los controles.
¿Y ahora?
Desde el 20 de mayo de 2022, el control del puesto fronterizo está en manos del Estado búlgaro. En este tiempo, según defienden desde la Agencia de Seguridad Alimentaria de Bulgaria, el laboratorio, ahora público, ha aumentado su capacidad para realizar los análisis. El tiempo de espera para los camiones se ha reducido a una media de seis horas, lo que permite "controles oficiales y efectivos sin demoras indebidas". Las fuentes consultadas no precisan el número de test que se realizan actualmente en la frontera, tampoco si la cifra ha variado de forma sustancial a la que declaraban las dos empresas investigadas. "Depende del flujo de vehículos que pasan, no es una cantidad constante y ha aumentado en los últimos años". El incremento está en parte motivado por el cambio en la legislación comunitaria, que especifica el porcentaje de frecuencia de las muestras que deben ser analizadas, conceden las mismas voces.
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Naranjeros valencianos protestan contra la competencia desleal de terceros países. (EFE/Andreu Esteban) Sin embargo, el campo español insiste en señalar a Bulgaria. "Se están haciendo muestras de un porcentaje muy bajo de lo que entra. ¿Qué no estará entrando con aquellas importaciones de las que no hay muestras? La alternativa es cerrar o hacer muestras del 100%, cosa que es imposible", censura Inmaculada Sanfeliu, presidenta de Intercitrus y del Comité de Gestión de Cítricos. La entidad alerta que la entrada de productos contaminados supone, en primer lugar, un riesgo para la salud, y en segundo, una competencia desleal para el campo europeo, sujeto a unas estrictas normas que países terceros como Turquía, Egipto, Marruecos o Sudáfrica no cumplen.
Los pesticidas que se están detectando en la frontera, entre ellos clorpirifos y metaclorpirifos, se prohibieron por razones de toxicidad. "¿Cómo puede ser que se esté atentando contra la seguridad alimentaria de la UE y se esté permitiendo?", se pregunta. "La importación de frutas y hortalizas de Turquía con residuos de plaguicidas es el mayor riesgo alimentario que hay en la UE por encima de otros, como microorganismos, alérgenos o metales pesados. Está en el TOP 10 de riesgos alimentarios".
La misma crítica se escucha en Almería. Tras los cítricos, los pimientos son el segundo producto hortofrutícula procedente de Turquía que más alertas sanitarias ha provocado en los últimos años. "La legislación de la UE nos ayuda a que no nos envenenemos, pero permite que productos de terceros países nos envenenen porque no hay una cláusula espejo", resume Luis Miguel Fernández, gerente de Coexphal, asociación que reúne a un centenar de empresas del sector. La exigencia de que las frutas y verduras de países no comunitarios cumplan las mismas exigencias que las cosechadas aquí es una vieja reclamación del campo español y se extiende a todo tipo de cultivos.
"Excepto España y Francia, donde quizás se hagan algunos controles más, en el resto de países se hacen muy pocos. No llegarán ni al 1% de los productos que entran. Si hubiese más controles, las alertas sanitarias llegarían a 50.000, y no a las 500 actuales", defiende Fernández. El temor de los productores de pimientos es que les suceda lo mismo que pasó con los tomates y el Reino Unido. En los tres últimos años, los tomates marroquíes han desplazado a los españoles en un mercado clave como es el británico.
Hasta 2021, España era el segundo proveedor por detrás de Holanda, pero desde entonces el país africano le ha arrebatado la plaza y los datos indican que la diferencia se agranda año a año. Lo mismo, apuntan en Coexphal, podría suceder con Alemania, Turquía y los pimientos. El mercado alemán es el principal para la venta de esta hortaliza ―en 2022 se vendieron alrededor de 200.000 toneladas― y el campo español no se puede permitir perderlo. "El daño puede ser muy importante", remarca González.
Sanfeliu no duda en cargar también contra las autoridades comunitarias. Defiende que por razones políticas y geoestratégicas la Comisión no es lo suficientemente estricta con Turquía como debería serlo. Está convencida de cuestiones como la inmigración, la cooperación al desarrollo y la política comercial pesan más que las reivindicaciones de los agricultores. No obstante, fuentes de la CE reconocen el importante problema que tiene la UE con la entrada de productos contaminados desde Turquía. "La Comisión tiene serias y prolongadas preocupaciones sobre el cumplimiento de las normas de seguridad alimentaria en las exportaciones trucas de varios alimentos de origen no animal", reconocen en Bruselas. Los productos a los que hacen referencia son, entre otros, cítricos con presencia de pesticidas y otras sustancias peligrosas, por ejemplo, "aflatoxinas, cianuro o alcaloides pirrolizidínicos".
Varios alimentos "están sujetos a medidas especiales de control de importación", aclaran las fuentes comunitarias, que señalan además que en los últimos años, la Comisión, tras consultar a los países miembros de la UE, ha impulsado diversas medidas para evitar estos episodios. "La Comisión revisa los resultados de los controles oficiales de las mercancías cada seis meses, para evaluar la evolución de los incumplimientos encontrados durante las inspecciones fronterizas" de los productos procedentes de Turquía.
"No… Taki-Maki"
El caso de corrupción en Kapitan Andreevo saltó a la luz pública en junio de 2022, cuando el medio búlgaro Mediapool.bg publicó una grabación del intento de soborno al director de la Agencia de Seguridad Alimentaria de Bulgaría, el detonante del caso. En la conversación difundida se oye como la persona que intentó comprar al responsable del organismo público dice: "No… Taki-Maki". Con sus palabras daba a entender que el mafioso Hristoforos Amanatidis, apodado Taki, considerado el mayor traficante de drogas de Bulgaria ―por la leyenda que envuelve al personaje vendría a ser un equivalente a Pablo Escobar―, y en paradero desconocido desde hace años, no estaba detrás del movimiento ni tenía vínculo alguno con la gestión del puesto fronterizo.
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Rubén Rodríguez
Sin embargo, el ex viceministro de Agricultura está convencido de que Taki era el auténtico responsable de todo lo que sucedía en la frontera y que esa referencia a que no estaba implicado era una forma de cubrirse las espaldas. Esta acusación nunca se probó, entre otras cosas, por lo reflejado en dicha grabación, pero fue una de las líneas de investigación que se abrieron. Más allá de las fronteras de Bulgaria, a Taki se le conoce porque habría sido la persona que asumió la protección de Ruja Ignatova, la conocida como reina de las criptomonedas. La búlgara, buscada por el FBI por haber estafado 4.500 millones de dólares a inversionistas de todo el mundo con OneCoin prometiendo rentabilidades superiores al bitcoin, no ha vuelto a ser vista desde 2017. Una investigación reciente de la BBC apunta a que habría sido asesinada por quienes la ayudaron a escapar. Taki, según algunas de las fuentes citadas por la cadena británica, habría dado la orden. Una vez más, las acusaciones no se han podido demostrar y Taki, leyenda del crimen en Bulgaria, sigue siendo uno de los hombres más buscados del planeta.
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