La Justicia paraliza 'in extremis' la eutanasia de una joven de 23 años prevista para este viernes en Barcelona

El Juzgado de Instrucción número 12 de Barcelona ha paralizado este jueves la aplicación de la eutanasia a una joven de 23 años que se iba a llevar a cabo mañana en la ciudad condal. La magistrada, en un auto al que ha tenido acceso El Confidencial, acepta la petición de medida cautelarísima solicitada por la asociación Abogados Cristianos a instancia del padre de la joven, que advierte de los problemas mentales que padece su hija. Ahora se abre un proceso de tres días para presentar alegaciones.

El recurso va dirigido contra la autorización de la eutanasia para la joven emitida por la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña. Es el órgano independiente cuya finalidad es garantizar la correcta aplicación de la eutanasia. Los Abogados Cristianos relatan que es una persona “especialmente vulnerable” y que los requisitos que establece la ley que regula la eutanasia no se cumplen en este caso. La mujer está ingresada actualmente en el Hospital Residencial Sant Camil, de Sant Pere de Ribes.

“En el caso que nos ocupa, los trastornos mentales, que incluyen ideación suicida, ideas paranoides y trastorno bipolar, pueden afectar su capacidad para tomar una decisión libre y consciente sobre la eutanasia. Las enfermedades mentales graves pueden nublar el juicio y la capacidad de valorar adecuadamente las opciones disponibles”, relata el recurso de 13 folios. Según narra, se encuentra en silla de ruedas porque en 2022 trató de suicidarse lanzándose desde un quinto piso. Antes había protagonizado otros episodios autolíticos que consistieron en la ingesta de medicamentos y autolesiones.

“De no suspenderse (la eutanasia), se produciría un daño irreparable”, justifica el auto judicial dictado este jueves para explicar el fondo de la aplicación de una medida cautelar. El padre de la chica alegó la concurrencia de “especial urgencia” que permite al Juzgado parar la eutanasia sin escuchar a la parte contraria, la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña. La magistrada tiene también la posibilidad de convocar a las partes en los próximos tres días. A partir de ahí, tendrá que dictar un auto sobre el fondo que ya sí podrá ser recurrido por los procedimientos habituales. Ya ha comunicado a las partes su decisión, así como a la Fiscalía.

Exigen al Estado que garantice atención psicológica

Según esta plataforma, se trata de una mujer con trastorno límite de la personalidad y trastorno obsesivo compulsivo que carece de movilidad completa en las piernas por una lesión medular que se produjo tras el intento de suicidio. La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, celebra la decisión: "Con la ley de eutanasia se abre la veda a casos como este en el que se acaba con la vida de personas que lo que tienen son enfermedades mentales. Hay que apostar por el tratamiento de las enfermedades mentales en lugar de autorizarles la eutanasia".

Lo que plantea el recurso de la plataforma cristiana es que la eutanasia no puede ser la solución en un caso como este e interpela al Estado para que garantice el tratamiento adecuado a la joven: "Tiene la obligación de proporcionar a la chica todos los tratamientos para aliviar su sufrimiento, pero en este caso, lo que está sucediendo es que a una persona de 23 años que padece trastornos severos, se le fuerza a recurrir a la eutanasia sin cumplir los requisitos legales. Este deber del Estado incluye el derecho por parte de la ciudadanía al acceso a terapia, medicación adecuada, apoyo psicológico y social".

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Los argumentos que ha atendido cautelarmente el Juzgado citan la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, que establece la importancia de asegurarse de que las decisiones sobre el final de la vida se tomen de manera libre e informada. "En este contexto, conceder la eutanasia a una persona con graves trastornos mentales es un acto de maleficencia", apuntan.

En el recurso se citan los informes médicos de la paciente después del accidente. En abril de 2023 se recoge documentalmente que estaba "médicamente estable" y "buen aspecto general". En enero de este año se le reconoce un grado de discapacidad del 74%. También se aportan los antecedentes psiquiátricos. Lo que defiende la asociación es que no sufre dolores físicos que justifiquen la aplicación de la eutanasia y que, sin embargo, las enfermedades mentales que padece le empujan a cambios de humor profundos y tendencias suicidas.

Abogados Cristianos plantea al juzgado que se cite a declarar a la psicóloga y la médica que tratan a la joven para que acrediten sus cambios de criterio constantes. "Como puede comprobarse, el estado no es el idóneo para tomar decisiones tan drásticas como su propia muerte, por lo que debe ser rechazada o aportarse informe psiquiátrico sobre su capacidad para el otorgamiento de esta decisión".

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