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Pedro Sánchez incluirá en su paquete de medidas para la regeneración democrática una modificación de la ley de publicidad institucional para limitar el dinero público que se destina a los medios de comunicación. El presidente del Gobierno comparecerá el próximo 17 de julio en el Congreso para ofrecer todos los detalles, según avanzó esta mañana en una entrevista en la Ser y, a la vuelta del verano comenzarán las negociaciones con los grupos parlamentarios con el propósito de impulsar ésta y el resto de iniciativas.
La intención del jefe del Ejecutivo es establecer un "máximo" de financiación a los medios porque, dijo, algunos "no tienen lectores, sólo recursos públicos". Este cambio en la ley de publicidad institucional afectará también al dinero que destinan ayuntamientos y comunidades autónomas. Se trata de una norma, señaló, que ya ha cumplido 20 años, "no incorpora los fenómenos de la digitalización" y es necesario incorporar elementos de "transparencia". "Con recursos públicos se está financiando la desinformación", señaló.
Sánchez decidió emprender este camino, precisamente, tras la apertura de diligencias de investigación penal en un juzgado de Madrid sobre las relaciones empresariales de su mujer, Begoña Gómez. Pero Europa ya ha dado pasos estos meses con la aprobación del reglamento, European Freedom Media Act o Ley de Libertad de Medios de Comunicación (EMFA, por sus siglas en inglés, pinche para leerlo), que entró en vigor en mayo.
El Gobierno pretende modificar también la legislación estatal y además de poner coto a la financiación pública de los medios de comunicación, el presidente adelantó hace unas semanas en La Vanguardia que quiere "cambiar las leyes del derecho de rectificación y del derecho al honor”, a pesar de que no se ha constatado ningún déficit en su funcionamiento y existe una extensa jurisprudencia.
Después de alcanzar la semana pasada el acuerdo con el PP para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Sánchez se explayó este lunes por primera vez en su valoración. Y, a la vez que trató de minimizar la controversia sobre si los socialistas están obligados a aceptar la propuesta de cambio de elección de los miembros del CGPJ que realizará el propio órgano de los jueces -el pacto dice que no necesariamente- abrió la mano a nuevos consensos con el PP.
El presidente demandó "dejar trabajar" al nuevo CGPJ para, una vez se constituya, y "luego ya irá al Congreso y al Senado". Y se mostró también partidario de que el entendimiento con el PP "no sea flor de un día".
En este sentido, reivindicó no sólo consensuar la cúpula del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y otras cinco vacantes de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), también en temas como la renovación del pacto de Estado contra la violencia de género, la financiación autonómica o la ley de extranjería, para un reparto equilibrado entre las autonomías de los inmigrantes que llegan a España.
El jefe del Ejecutivo se pronunció también sobre la apabullante victoria de este domingo de la ultraderecha francesa en la primera vuelta de las elecciones legislativas y aprovechó para lanzar un mensaje a la izquierda a la izquierda del PSOE. Aunque él piensa que puede evitar una mayoría de Agrupación Nacional, si ve que existe una "lectura en España" sobre la tarea pendiente de Sumar y otras formaciones de izquierda.
"Siempre he sido muy respetuoso sobre la orientación que deben tomar, pero espero que encuentren la mejor solución", aseguró sobre la unidad de este espacio, roto tras la salida de Podemos de la plataforma de Yolanda Díaz. "Puede haber diferencias, pero lo que hay enfrente es muy grave", indicó sobre los pactos del PP con Vox y la aparición del nuevo partido de ultraderecha de Alvise Pérez.
En una semana muy importante para el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en la que podría ser imputado por la supuesta filtración de datos de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el presidente le brindó todo su respaldo: "Por supuesto, no tiene que dimitir". Lo que hizo, añadió, fue defender a la Fiscalía de Madrid y aclarar con una nota "un bulo que sale de la mano derecha" de Ayuso, su jefe de Gabinete Miguel Ángel Rodríguez. "¿Y se le va a imputar por eso al fiscal general del Estado?", preguntó.
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