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El estreno de la ley de amnistía salió regular para las intenciones de los partidos independentistas y para el resultado que perseguía el Gobierno de Pedro Sánchez al promoverla. Apenas unas horas después de que la norma entrara en vigor y se publicara en el BOE, comenzó un granizo de escritos que fue arreciando. Ninguno de ellos anunciaba buenas noticias para Carles Puigdemont, el protagonista principal de una norma llamada a tratar de beneficiar a centenares de personas.
En esta primera andanada de decisiones, las malas noticias estuvieron lideradas por el Tribunal Supremo. Tres providencias paralelas y, sin duda, coordinadas, anunciaban algo evidente y algo que lo es menos, pero que está ahí para el que quiera leer entre líneas. Lo evidente: la intención de regresar del expresident de Cataluña se complica. El juez Pablo Llarena mantiene viva la orden de detención en España, avisa de que si el análisis de la norma no permite amnistiarle, esta no decaerá y, en el entreacto, pide a las Fuerzas de Seguridad que procedan a arrestarle si regresa a España. Lo más oculto: la amnistía por malversación y terrorismo, como venían avisando los jueces desde la tramitación de la ley, no puede darse por hecha.
Ese último mensaje, más sutil, puede deducirse en varios detalles. Comenzando por la providencia de Llarena, el instructor del procés señala a la Fiscalía y al resto de partes a las que se dirige que deben informarle, en concreto, "si pueden considerarse excluidos del ámbito de aplicación de la ley" los delitos de desobediencia y malversación de caudales públicos "por la específica previsión" de la norma que excluye "los actos tipificados como delitos que afectaran a los intereses financieros de la Unión Europea".
La Sala de lo Penal, por su parte, también deja caer otro aviso. Recuerda de forma expresa que la ley indica que "solo podrá entenderse amnistiado un acto determinante de responsabilidad penal cuando así haya sido declarado por resolución firme dictada por el órgano competente para ello, con arreglo a los preceptos de esta ley". Traducción libre: hasta que se dicte el fallo definitivo, mejor que nadie se dé por amnistiado. La tercera providencia del TS gira sobre el terrorismo. La instructora de la causa sobre Tsunami Democràtic, donde se investigan estos delitos, pide al igual que en los dos anteriores casos el criterio de las partes.
Puigdemont y el Gobierno prevén una respuesta del Supremo que frene la amnistía
Itziar Reyero
Mientras esto sucedía en el Supremo, el Tribunal de Cuentas ponía en marcha la vía de la consulta a Europa y lo hacía también por el desvío de fondos del procés. El organismo fiscalizador que tiene en sus manos el procedimiento por el uso de dinero público para el 1-O y la acción exterior de la Generalitat, hacía lo que tanto se anticipó durante los meses en los que la ley se encontraba en proceso de aprobación: explorar el envío de una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
La malversación, principal escollo
Las preguntas que realiza la promotora de la iniciativa enlazan la consulta de nuevo con la malversación. En su opinión, la norma "puede oponerse a la interpretación que el TJUE viene realizando de determinados preceptos del Derecho de la Unión Europea", entre ellos, la "lucha contra el fraude y toda actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la UE". Las consecuencias de esta acción, si llega a concretarse, son difíciles de medir. El Tribunal de Cuentas no es un tribunal al uso, es un órgano de control externo de la gestión económica del sector público. Pese a todo, es un arranque de un camino que puede llevar a la paralización de la amnistía en lo que afecta a los malversadores.
La malversación ha cogido, sin duda, protagonismo como el principal escollo. Otro de los granizos que cayó en el estreno vino de la Fiscalía. Allí, los fiscales del procés libraban su batalla particular. Echaban un primer pulso a Álvaro García Ortiz, el fiscal general. En una primera reunión celebrada tras la entrada en vigor de la amnistía plantaron cara a la imposición que, creen, se prepara de un criterio contrario al suyo y en el que se apoyen beneficios para los principales políticos vinculados con el procés. Anticipan que resistirán órdenes en este sentido del fiscal general. Esto, solo acaba de empezar.
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