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La evidente diferencia de edad entre los contrayentes fue el primer indicio. Los antecedentes que acumulaban las mujeres dispararon las sospechas. Y las pesquisas de los investigadores acabaron desentrañando el entramado. Un total de 32 personas han sido detenidas por la Policía Nacional en Jaén, Córdoba y Málaga por su presunta vinculación con una red que ofrecía a inmigrantes magrebíes enlaces de conveniencia o blancos para regularizar su situación. Se ha detectado una veintena de solicitudes fraudulentas de permiso familiar comunitario.
La investigación de la Brigada Provincial de Extranjería jiennense comenzó el pasado mes de febrero, después de que se detectasen varias solicitudes de permisos de residencia de familiares de ciudadano de la Unión que despertaban serias dudas.
La gran diferencia de edad existente entre los componentes de las parejas —ellos, todos jóvenes marroquíes o de otros países del Magreb; ellas, españolas residentes en Córdoba en su mayoría— abría la posibilidad de que se tratase de matrimonios pactados para regularizar ilegalmente a inmigrantes.
El análisis de la documentación reveló que las esposas, con anterioridad, habían sido parejas de hecho de otros ciudadanos magrebíes presuntamente con el mismo fin. Algunas de ellas, incluso, fueron detenidas en 2016 por esta circunstancia.
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C. Otto
La Comisaría Provincial de Jaén informó de que la organización criminal estaba asentada principalmente en la localidad jiennense de Pozo Alcón y en la capital de esta provincia, aunque también se extendía por Córdoba y Málaga.
El modus operandi utilizado era el siguiente: captaban a mujeres cordobesas a las que ofrecían en torno a 400 euros por aceptar inscribirse en el Registro de Córdoba como pareja de hecho de individuos de origen magrebí. Estos, que supuestamente habían abonado una suma muy superior al entramado, obtenían la condición de familiar de ciudadano comunitario, lo cual les facilitaba el acceso a un permiso de residencia y trabajo en España.
Fuentes cercanas al caso consultadas por este periódico señalaron que la cantidad percibida por las falsas esposas era especialmente pequeña, ya que por investigaciones similares saben que el baremo oscila entre 3.000 y 4.000 euros.
Los agentes detectaron un total de 20 solicitudes de permiso de familiar comunitario fraudulentas, de los que se ha logrado la extinción de 14
Una vez obtenido el registro de inscripción como pareja de hecho, la organización delictiva se encargaba de conseguir ad hoc el resto de requisitos necesarios para que los ciudadanos extranjeros lograran la concesión del permiso de residencia en el país. Abonando hasta 5.000 euros por certificados de empadronamientos falsificados, altas ficticias en la Seguridad Social, falsas altas de autónomo y seguros médicos.
Durante la investigación que concluyó en la operación Alcón, los agentes detectaron un total de 20 solicitudes de permiso de familiar comunitario fraudulentas, de los que se ha logrado la extinción de 14. Del mismo modo, se ha revocado una veintena de inscripciones irregulares en el registro de parejas de hecho de Córdoba.
Los responsables del caso detuvieron finalmente a 32 personas, entre las que se encontraba el principal cabecilla de la red: un varón de 43 años de edad de nacionalidad magrebí, el cual acumula un amplio historial delictivo, aunque en él no constaban antecedentes por hechos de esta naturaleza. A los arrestados se les investiga por delitos de favorecer la inmigración ilegal, falsedad documental y pertenencia a organización criminal.
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