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La Abogacía del Estado ha solicitado una condena de 3 años, 9 meses y un día de prisión para Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el proceso judicial que investiga un supuesto fraude fiscal de 350.000 euros y la falsificación de documentos.
Tal y como publica El País, la Abogacía del Estado reclama la misma pena de cárcel que la Fiscalía había pedido previamente para el empresario, además de una multa que asciende a 448.000 euros.
Respecto a los otros empresarios implicados en la presunta emisión de facturas falsas, la Abogacía solicita dos años de prisión para Maximiliano Niéderer y un año de cárcel para los otros tres investigados, según detalla el citado medio.
En mayo, la jueza titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, Inmaculada Iglesias, acordó transformar las diligencias previas en procedimiento abreviado, equivalente al procesamiento, dentro de la causa principal que investiga a González Amador y a otros cuatro empresarios por un presunto fraude fiscal de 350.951 euros y falsedad documental.
La Fiscalía pide 3 años y nueve meses de cárcel para la pareja de Ayuso por fraude fiscal
Agencias
El origen del procedimiento se remonta a una inspección de Hacienda realizada en 2022, que concluyó en 2023 con un informe donde se detectaron irregularidades en el Impuesto sobre Sociedades de Alberto González Amador correspondientes a los ejercicios de 2020 y 2021.
Este informe motivó la denuncia de la Fiscalía contra González Amador y la apertura de una causa judicial contra él y otros cuatro empresarios por presunto fraude fiscal entre 2020 y 2021, así como por la supuesta utilización de facturas falsas.
La semana pasada, la magistrada desestimó el recurso presentado por Alberto González Amador contra su procesamiento, al considerar que existen "claros indicios" de que utilizó facturas falsas para defraudar, presuntamente, 350.951 euros a la Hacienda pública.
Hasta el momento, tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado han presentado sus escritos de acusación, mientras que aún están pendientes los documentos de PSOE y Más Madrid, que ejercen la acusación popular.
Fuentes jurídicas han señalado a EFE que el plazo para que las acusaciones populares presenten sus escritos se encuentra suspendido, ya que no habían recibido toda la documentación necesaria, por lo que no se prevé que la presentación de estos escritos sea inminente.
Antes de la apertura formal del procedimiento, uno de los abogados de González Amador, Carlos Neira, ofreció por correo electrónico un acuerdo al fiscal, en el que reconocía en nombre de su cliente dos delitos fiscales con el objetivo de obtener una reducción de la pena y evitar el juicio.
La filtración de ese correo electrónico dio lugar a una investigación al fiscal general del Estado en el Tribunal Supremo.
Paralelamente a este proceso principal, la magistrada mantiene abierta una pieza separada en la que se investiga a la pareja de la presidenta madrileña por presunta corrupción en los negocios vinculados al grupo Quirón.
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