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En la era de la gentrificación y el turismo descontrolado, la tasa turística se abre paso en numerosos ayuntamientos como herramienta para regular la presión turística y financiar los costes que genera. No es de extrañar que Santiago de Compostela, con sus tres millones de turistas anuales, muchos de ellos peregrinos, fuera la primera ciudad en impulsarla en Galicia. Menos esperada fue la rapidez con que le siguió A Coruña, que acaba de aprobar una ordenanza fiscal que contempla el cobro de hasta 2,5 euros por persona y noche, las mismas cantidades que la capital autonómica. Un buen número de municipios turísticos o ubicados en el Camino de Santiago estudian incorporar un canon que llega a Galicia rodeado de polémica.
Al fenómeno jacobeo, con un incremento sostenido del número de peregrinos, Galicia suma otras razones en los últimos años que la hacen cada vez más interesante para el turismo, como la mejora de las comunicaciones o su condición de refugio climático frente a los tórridos veranos del sur. Los vuelos de bajo coste y las plataformas de turismo vacacional han hecho el resto, para que ayuntamientos como el de Santiago, pionero en Galicia, tomaran la decisión de implantar la tasa desde este mismo verano. La alcaldesa, Goretti Sanmartín, del BNG, impulsa un gravamen que oscila entre 1 y 2,5 euros diarios por viajero, con un máximo de cinco días y exenciones a los menores de edad. Lo hizo con el apoyo de Compostela Aberta, PSOE y los concejales exsocialistas no adscritos. El PP se abstuvo.
La Ley de medidas fiscales y administrativas de Galicia de 2024 prevé la creación de un impuesto turístico de carácter autonómico como un tributo propio de la comunidad autónoma, pero cuya aplicación práctica depende de los ayuntamientos, a los que se les otorga la posibilidad de establecer un recargo municipal. Cuando tuvo conocimiento de la intención de Santiago de establecer la tasa, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, impuso condiciones como una gestión consensuada con el sector y que la recaudación se destine únicamente a fines turísticos, especialmente vinculados a la sostenibilidad. La protesta más firme ha llegado de la Secretaría de Turismo autonómica, cuyo titular, Xosé Merelles, ha criticado la "deslealtad institucional" de la alcaldesa en la implantación de la medida.
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Varios cruceros en el puerto de A Coruña (EFE) Si la tasa de Santiago se cocinó a fuego lento, la de A Coruña llegó por sorpresa. La Junta de Gobierno local aprobó el pasado miércoles la ordenanza fiscal que la establece, aunque la posibilidad de ponerla en marcha ya había sido planteada a principios de año, cuando se inició la tramitación del reglamento, que toma una forma muy similar al de la capital gallega. De hecho, el importe será el mismo, entre 1 euro y 2,5, como también lo es el límite de cinco noches, ya que a partir de la sexta se considerará la estancia exenta.
El gravamen coruñés se apoya en la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de Galicia, que establece que toda estancia inferior a 24 horas se computará como un día. Es una consideración con importancia en el turismo de cruceros, en constante crecimiento en A Coruña, aunque el Ayuntamiento descarta inicialmente aplicarla a los turistas que llegan en los trasatlánticos hasta 2026, cuando se comenzará a aplicar una tasa de 1,5 euros por crucerista "salvo que la Xunta establezca una exención o moratoria". Según explicó la alcaldesa, la socialista Inés Rey, el aplazamiento se debe a que los paquetes para este año ya están vendidos. El mayor pago, 2,5 euros corresponde a pernoctaciones en hoteles de cinco estrellas o de cuatro superior, mientras que los de cuatro estrellas, tres y dos superior abonarán 2 euros. Los alojamientos de una y dos estrellas cobrarán 1,5 euros, y las viviendas turísticas, un euro.
El sector hotelero y los relacionados con el turismo de congresos y de cruceros se han opuesto con fuerza a la aplicación del nuevo gravamen, que consideran impuesto sin el suficientemente consenso con los afectados. En Santiago la tasa entrará antes en vigor –presumiblemente en agosto–, con una gestión que recaerá en el Ayuntamiento mediante autoliquidaciones semestrales de los establecimientos. El 80% de los ingresos, una vez deducidos gastos, se dedicará a inversiones y desembolsos vinculados al impulso del turismo sostenible. La normativa contempla la creación en los próximos meses de una comisión municipal de seguimiento denominada Foro de Turismo Sostenible.
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Carlos Rocha. SevillaEl principal rechazo viene del sector de la hostelería, que considera que el Ayuntamiento compostelano les convierte los establecimientos de hospedaje en "ventanillas de cobro de la tasa". Santiago intentó sin éxito que la gestión del tributo corriera a cargo de la Axencia Tributaria Galega (Atriga), de carácter autonómico, pero finalmente lo hará con sus propios medios, como criticó el grupo municipal del PP, que tachó de "quimera" la posibilidad de hacerle frente con los recursos de personal y la capacidad de gestión e inspección municipales.
Los casos de Santiago y A Coruña han agitado el debate en el resto de municipios que reciben turismo. En algunos de ellos, como los de Bueu y Caldas de Reis, ambos en la provincia de Pontevedra, con la determinación de poner la tasa en marcha. La considerada capital turística de las Rías Baixas, Sanxenxo, no la descarta a medio plazo. La misma actitud a la expectativa mantienen municipios como O Grove, A Illa de Arousa, Portomarín y Foz, que estudian implantar una medida que se abre paso en numerosas zonas turísticas del resto de España, siempre con tanta controversia como la propia popularización del turismo.