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La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), que representa a 27.000 agentes, ha presentado una denuncia ante los Juzgados de Instrucción de Madrid contra la fontanera del PSOE descubierta por El Confidencial. En su escrito apuntan a la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias, cohecho y obstrucción a la Justicia. Dirigen su denuncia contra Leire Díez Castro, pero apuntan a que contó con apoyo político. Aportan el audio desvelado por este periódico en el que uno de sus colaboradores, el empresario Javier Pérez Dolset, implicó en estos trabajos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
La denuncia indica que la finalidad de Díez era “obtener información comprometedora sobre el teniente coronel Balas, a la sazón jefe de la unidad de delitos económicos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil”. Recuerda el documento que esta unidad es la que investiga las causas que afectan al Gobierno y al entorno más personal del presidente Pedro Sánchez, como las actividades presuntamente corruptas de su mujer, su hermano y el que era secretario de organización del PSOE y Ministerio de Transportes, José Luis Ábalos.
“La acción que presuntamente se relata en torno a esta persona (Leire Díez) trataría de conseguir o crear informaciones que pudieran influir en el citado oficial de la Guardia Civil para desprestigiarle y conseguir que cejase en el empeño o en las investigaciones que estuviera dirigiendo y que pudieran afectar a los entornos que se han indicado”, describe la denuncia de la AUGC a la que ha tenido acceso este medio.
La asociación profesional de guardias civiles se basa en las informaciones publicadas en los últimos días para sospechar de que Leire Díez “se habría visto favorecida o apoyada por entornos políticos capaces de ejercer una influencia real y eficaz para lograr el objetivo de paralizar la acción policial de investigación llevada a cabo por la UCO o, al menos, redirigirla para que cambiase los objetivos de la investigación o las personas sobre las que pudiera estar dirigida”.
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Agustín MarcoPara reforzar su denuncia, la AUGC aporta varios soportes documentales. Uno de ellos es el desvelado por El Confidencial, en el que el empresario Pérez Dolset involucró al presidente del Gobierno. "El gran jefe dice que hay que acabar con esto", dijo al tiempo que confirmó referirse al líder del PSOE.
En la rueda de entrevistas que Leire Díez y el empresario han concedido una vez destapadas sus actividades, ambos han reconocido haber tenido encuentros con el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, al que le dieron documentación obtenida en el marco de sus maniobras. Según admiten, era información sensible que afectaba no solo al PSOE, sino también a otros partidos.
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José María OlmoAUGC también pide que el juzgado que acepte el caso cite a declarar a la propia Leire Díez, también al teniente coronel de la UCO Antonio Balas y al empresario Víctor de Aldama. Este último, investigado en el caso Koldo y en el caso hidrocarburos, se presentó este miércoles en el hotel donde Leire Pérez dio explicaciones a la prensa. Aldama se enfrentó a ella y le acusó de haberle amenazado.
Desde que salieron a la luz las actividades de esta cloaca, son muchos los colectivos que han anunciado su deseo de emprender acciones legales. El Gobierno también dijo que se reservaba ese derecho contra El Confidencial por desvelar estas prácticas secretas. Pasarán unos días hasta que el Decanato de los Juzgados de Plaza de Castilla someta la denuncia de la AUGC a reparto entre los distintos jueces de instrucción que operan en esta sede judicial. En caso de que algún juzgado hubiese asumido antes una denuncia por estos hechos, todas las denuncias que se presenten después, incluida esta, se derivarán allí.