Los conservadores del Constitucional acusan a Conde-Pumpido de insultar al TJUE

Se veía venir, pero no por ello ha sentado mejor al sector conservador del Tribunal Constitucional. El presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido atajó este lunes de un plumazo el intento de tres magistrados para que las deliberaciones sobre los recursos de la ley de amnistía quedaran congelados a la espera del fallo prioritario del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que tiene sobre la mesa varias cuestiones prejudiciales sobre la norma. La intención es la de alcanzar su primer fallo sobre la constitucionalidad de la norma a finales del mes de junio. Antes del verano, habrá previsiblemente decisión.

La negativa a aceptar los argumentos del trío de jueces vino en forma de acuerdo y la reacción no se hizo esperar. "Es un insulto al TJUE", aseguraban a El Confidencial fuentes del sector más cercano a la derecha. El acuerdo daba carpetazo a las dos reclamaciones esenciales de los conservadores. No habrá suspensión del estudio del primer recurso de inconstitucionalidad previsto, el presentado por el Partido Popular (PP), ni tampoco habrá reflexión sobre si procede que el Constitucional envíe su propia cuestión prejudicial. El argumento que refleja el acuerdo, al que ha tenido acceso este diario, asegura de forma textual que el "control abstracto" que debe realizar el TC sobre el ajuste de la norma a la Carta Magna "es independiente de las decisiones adoptadas por otros órganos jurisdiccionales en el ámbito de su competencia específica".

El breve acuerdo, de apenas dos páginas, también señala que ninguna de las partes que han intervenido han solicitado que se eleve consulta alguna a Europa. Lo sucedido es un capítulo más del pulso que protagonizan en estos días ambos sectores. El primero fue la recusación del magistrado Mario Macías, apartado de las deliberaciones por decisiones del grupo progresista, mayoritario en el tribunal.

Pumpido cierra la puerta a suspender las deliberaciones sobre la ley de amnistía

B. Parera

Deniega la suspensión solicitada por tres magistrados del grupo conservador al considerar que la valoración de la constitucionalidad de la norma "es independiente" de las decisiones que puedan adoptar otros órganos.

Los tres magistrados han basado su reclamación en la primacía del Derecho europeo sobre el nacional. Consideran que, ante motivos idénticos de recurso sobre la misma ley, el TJUE debe ir primero y exponen que en este caso al menos una de las cuestiones prejudiciales presentadas coinciden en sus argumentos con los que ha planteado el PP. La decisión de no esperar les parece un desplante, un feo que -dicen- en Europa no sentará nada bien.

Inicio el 10 de junio y resolución a finales de ese mes

Como es normal, en el sector progresista no lo ven del mismo modo. Desde este grupo se asegura que la iniciativa solo ha sido "un intento de bloqueo" del debate del recurso interpuesto por el PP. Según aseguran diversas fuentes, está previsto que las deliberaciones sobre la ponencia que está elaborando la magistrada Inmaculada Montalbán comiencen en breve, previsiblemente en el pleno del 10 de junio. El debate debería concluir en un pleno monográfico a partir del día 24.

Este sector argumenta, como ya indica el acuerdo que ninguna de las partes que han intervenido en la tramitación del recurso del PP -además del partido, el Congreso, el Senado y la Abogacía del Estado- han formulado "petición alguna de que el tribunal plantee ninguna cuestión prejudicial". Como ya aclara el escrito, si algún magistrado desea plantear ese debate puede hacerlo durante la deliberación del recurso, que está a punto de señalarse.

La estrategia de Pumpido para blindarse de cara a Europa da también aire a Puigdemont

Beatriz Parera

Si la mayoría progresista acaba apoyando eliminar la posibilidad de que los jueces acudan al TJUE podrá evitar que el Supremo lo haga si se amnistía al expresident catalán y tiene duda del encaje en el Derecho de la Unión

"Lo que no tiene sentido es pretender usurpar las funciones del presidente y del magistrado ponente, imponiendo un debate prematuro, e inmediato, antes de que los magistrados reciban el proyecto del ponente para poder estudiar a fondo las posiciones de las partes, las cuestiones jurídicas planteadas y las soluciones propuestas", indican estas fuentes que también señalan que la pretensión no tenía precedentes.

Con la misma idea, las mismas fuentes sospechan que se ha tratado de "una clara maniobra dilatoria". La ponente del asunto tiene su proyecto de sentencia prácticamente acabado, para ser deliberado en profundidad. También apuntan que una cosa es la aplicabilidad de la norma, que corresponde a la jurisdicción ordinaria, y su constitucionalidad." A nosotros nos plantean el recurso para que resolvamos si la ley tiene encaje en la Constitución y para determinarlo nuestro canon de enjuiciamiento es solo la Constitución española", subrayan.

También destacan que el TC no podría desarrollar sus funciones autónomamente si tuviese que suspender sus deliberaciones cuando cualquier órgano de la jurisdicción ordinaria plantease una cuestión prejudicial. Incluso en casos, como el presente, en que de la decisión "pueden depender el ejercicio de derechos constitucionales". La deliberación ni siquiera ha comenzado y ya hay polémica.

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