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El alcalde de Parla, Ramón Jurado, ha salvado a socios de su hermano de ser expropiados en el conocido como PAU-5 de la localidad, un terreno de más de 5 millones de metros cuadrados donde está proyectado el mayor polígono industrial de la Comunidad de Madrid. El Ayuntamiento, gobernado por el PSOE en coalición con Más Madrid, modificó el pasado mes de mayo el sistema de ejecución del desarrollo, pasando de compensación a expropiación forzosa, y delimitó una única zona para comenzar los trabajos. En esa parcela, precisamente, tienen intereses al menos dos empresarios vinculados con Wilfredo Jurado, exconcejal de Urbanismo en el municipio durante la etapa de Tomás Gómez.
La zona excluida es la denominada ZA-1. El Consistorio refrendó el blindaje de estos terrenos en mayo de 2024, mediante acuerdo de la Junta de Gobierno, donde estableció las obligaciones de los propietarios. "Iniciar el procedimiento de firma de convenios a suscribir con los propietarios de las parcelas/fincas registrales incluidas en las fases de urbanización ZA1 y UE2 Norte cuyos propietarios manifiesten voluntad de ser liberados de la expropiación, participando en la ejecución de las obras de urbanización y debiendo acreditar disponer de la capacidad económica necesaria", dice la resolución, que también recoge las fechas límite para la firma de los convenios y de los contratos para las obras de urbanización.
El equipo de Gobierno del PSOE asegura que es "absolutamente falso" que haya socios de Wilfredo Jurado en la ZA-1. Pero esta declaración esconde algunos matices. El Confidencial ha comprobado que varios empresarios relacionados con el hermano del alcalde socialista tienen o han tenido intereses en la construcción del polígono industrial en Parla. Un ejemplo es Tapizados y Ensamblajes SL, cuyo administrador único es Antonio Lopera Gómez, que a su vez consta como administrador solidario de la sociedad Ajedrez Gambito de Parla SL junto a Wilfredo Jurado. El domicilio social de ambas es la avenida de los Planetas de Parla; torre 4, local 2.
La mercantil, según ha podido saber este diario, contaba con tres parcelas en la zona. Y aunque fueron vendidas, el cobro aplazado de 780.000 euros está supeditado a una serie de avances en el proyecto. Una condición resolutoria incluida en el contrato de compra venta, a la que ha tenido acceso este periódico, prevé que un 10% del total se abonará "a la finalización de las obras de urbanización", que aún está pendiente. El 30% se entregaba el 8 de enero de 2024 y otro 10%, "hasta la obtención definitiva de la conformidad técnica por parte del Canal de Isabel II".
Al menos dos empresarios vinculados con Wilfredo Jurado tienen intereses directos en la denominada ZA-1, la única blindada
La segunda empresa vinculada a Jurado es Tina&Toni Partners SL, cuyo administrador único es Antonino Daza Pérez, en una situación muy parecida. La compañía vendió una de las principales parcelas de la ZA-1, pero en este caso también se introdujo una condición resolutoria que subordina los pagos pendientes (5.324.801 euros) a la evolución de la tramitación. El abono de 3,3 millones de euros no se hará hasta "60 días desde la publicación y firmeza en vía administrativa de la aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización de la zona de actuación ZA-1-ampliación de la fase 1 de la UE-2". Estos movimientos se hicieron después de que se limitara la zona que se excluyó de la expropiación.
Y se da la circunstancia de que Daza Pérez y Jurado comparten negocio en la consultora AA64 Integral Consulting SLP, especializada en derecho mercantil, concursal y laboral, así como estructuras financieras y compra venta de empresas. La empresa tiene su domicilio social en Alberto Aguilera, 64 de Madrid, donde Tina&Toni estuvo hasta 2021 y donde Jurado tiene domiciliadas otras sociedades.
Wilfredo Jurado no tiene ningún cargo o responsabilidad en el Ayuntamiento de Parla. Abogado de profesión, ejerció como tal para el PSOE y llevó la cartera de Urbanismo con Tomás Gómez, marcada por los sobrecostes millonarios por el tranvía y el despilfarro, hasta el punto de convertirse en uno de los municipios más endeudados de España.
Justificación del Ayuntamiento
Jurado ha situado el macroproyecto como una prioridad para Parla, en quiebra técnica y ahogado por una deuda de 507 millones de euros —según los datos del Ministerio de Hacienda—. El plan del PAU-5 arrancó en 1997, pero no fue hasta la legislatura anterior cuando se retomó. Los principales cambios se produjeron el año pasado, primero con el cambio de sistema y después, en junio, con la anulación de todos los acuerdos de la Junta de Compensación constituida. El objetivo del Ayuntamiento era asumir el control del desarrollo, en punto muerto tras los recursos y alegaciones de una parte de los propietarios contra esta modificación.
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Ignacio S. Calleja
Los propietarios de la ZA-1 son los únicos que obtuvieron el permiso para trabajar en la zona, aunque ahora se ha parado. El Consistorio niega que exista "ningún interés ni conexión con nadie" que justifique esta maniobra. "La propuesta y relación de propietarios de la ZA-1 para que pudieran empezar sus obras fue hecha por la propia Junta de Compensación (1 de julio de 2021)". "Todas las empresas y particulares que están en esa zona han puesto hasta la fecha más de 9 millones de euros para urbanizar, cantidad que supera con creces todo lo aportado en 25 años por los terratenientes de Parla. Esa es la razón por la que se ha decidido liberarlos de la expropiación", señalan fuentes municipales.
El cambio en el sistema de ejecución, añaden en la Administración, se hizo ante la "imposibilidad manifiesta" de los propietarios de asumir los gastos de urbanización, por las dificultades para poner de acuerdo a los más de 400 propietarios y por el presunto incumplimiento del convenio de gestión suscrito en 2021, que ha provocado la demora del desarrollo. "Los terratenientes de Parla han perdido hasta la fecha todas y cada una de las acciones judiciales que han iniciado, en algunos casos con condena en costas por su temeridad y mala fe", insisten las mismas fuentes.
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