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El sindicato vasco Eusko Langileen Alkartasuna (ELA) ha abonado 3.000 euros como consecuencia de la multa que le ha impuesto la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) después de que reconociese la difusión de información personal de los empleados de una empresa sin su consentimiento.
El proceso sancionador se inició tras la reclamación interpuesta por cinco personas entre el 17 y el 26 de julio de 2023, aunque los hechos investigados se remontan al 14 de diciembre de 2022, cuando un representante de la citada organización sindical compartió "sin permiso" en un grupo de WhatsApp datos de los empleados. Nombre y apellidos, fecha de nacimiento, DNI y antigüedad de la empresa que se recogían en el censo electoral que se facilitó al delegado de ELA durante la constitución de su sección sindical en la empresa.
Los reclamantes realizaron capturas fotográficas de la difusión de sus datos en el grupo de mensajería y las aportaron a la AEPD, que en octubre de 2023 admitió a trámite la denuncia e inició el periodo indagatorio por un "incidente de seguridad" categorizado como "una brecha de confidencialidad".
El proceso tenía un punto de partida que complicaba la defensa de ELA: "Los datos personales de las partes reclamantes, obrantes en la base de datos de sindicato, fueron indebidamente expuestos a un tercero". Un arranque que no mejoró cuando los instructores determinaron que el sindicato "no disponía de las medidas adecuadas para evitar que se produjera una situación como el supuesto que nos ocupa", según se recoge en el fallo de la agencia estatal.
La investigación se centró sobre la presunta comisión de dos infracciones de la Ley de Protección de Datos, que inicialmente acarreaban un total de 5.000 euros de multa, y se concedió a la organización sindical un plazo de diez días para que remitiera su escrito de alegaciones.
ELA desistió de presentar ninguna prueba de descargo y, en su lugar, reconoció su responsabilidad en los hechos y accedió al "pago voluntario de la sanción propuesta". Estas dos decisiones supusieron una disminución del importe de la multa del 40%, por lo que el pasado 26 de marzo aceptó el abono de los 3.000 euros restantes de la cantidad inicial.
La reducción de la sanción está condicionada al desistimiento de cualquier acción o recurso en vía administrativa contra el proceso iniciado y el "reconocimiento de responsabilidad en relación con los hechos a los que se refiere el acuerdo de inicio y su calificación jurídica". Además, implica que el sindicato debe adoptar medidas para que no se vuelva a producir una quiebra en la gestión de datos personales.
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