Mónica García considera que los vapers "no son un control de daños para la gente que quiere dejar de fumar".
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha informado este jueves de que ha salido a consulta pública el proyecto de real decreto que regula las bolsas de nicotina, los vapers con o sin nicotina, restringe los aromatizantes y establece la obligatoriedad del etiquetado genérico en cajetillas y tabaco de liar.
En una intervención en el acto Proyecto Zero-Jóvenes sin tabaco, organizado por la Asociación Española contra el Cáncer, la ministra ha considerado que los vapeadores y las nuevas formas de tabaco "no son un control de daños para la gente que quiere dejar de fumar" y sí la puerta de entrada para iniciarse en la adicción tabáquica.
Ha recordado que 140 personas mueren al día por culpa del tabaco, y este es responsable del 30% de los tumores por lo que estas iniciativas que surgen de los jóvenes son fundamentales para llegar en 2030 a esa generación libre de humo. Y sobre los espacios libres de humo, la ministra se ha imitado a decir que el Ministerio sigue trabajando y "está pendiente una ley para regular estos espacios".
El proyecto, que se somete a audiencia pública y actualiza la normativa sobre productos de tabaco y relacionados, introduce dos nuevas categorías de productos: las bolsas de nicotina (se limita su contenido a una dosis máxima de 0,99 mg por sobre) y los productos a base de hierbas calentadas, estableciendo requisitos de seguridad, etiquetado y comercialización.
Se limita también el uso de aromatizantes en los cigarrillos electrónicos, permitiendo solo los aromas de tabaco para evitar que los sabores artificiales resulten atractivos a los jóvenes. Además, establece la obligatoriedad de la apariencia uniforme para cigarrillos y tabaco de liar, eliminando elementos de diseño y colores atractivos que puedan incentivar el consumo.
El proyecto establece requisitos de etiquetado como la inclusión de ingredientes, advertencias sanitarias ("Consumir este producto es nocivo para la salud") y un folleto informativo con información sobre el uso, almacenamiento, contraindicaciones y posibles efectos adversos.
El proyecto de real decreto abre dos plazos en su disposición transitoria única: los fabricantes tienen diez meses para adaptarse a las nuevas normas de etiquetado, envasado y fabricación, mientras que los comercios disponen de doce meses para vender los productos que aún tengan en stock bajo la normativa anterior.
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