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El Congreso del PSOE en Sevilla, la gran cita del otoño para los socialistas, concebido para ocupar estos meses mientras se intenta estabilizar la legislatura con unos nuevos presupuestos, ha pasado a un segundo plano por la magnitud de la tragedia en Valencia y los constantes choques con los socios parlamentarios. Pero en dos semanas, 1.095 delegados se reunirán con el mandato de actualizar el proyecto político de Pedro Sánchez y renovar equipos.
El debate más candente gira en torno a un posible concierto fiscal para Cataluña, incluido en el acuerdo entre el PSC y ERC que permitió la investidura de Salvador Illa. Ese compromiso se topó con el rechazo de varias federaciones como Madrid, Extremadura, Asturias, Castilla y León, Aragón, Castilla-La Mancha, e inicialmente también de Andalucía.
La dirección ha tratado de soslayar ese malestar con la redacción de una nueva ponencia política, que profundiza en la apuesta por la federalización de España y ofrece unos tímidos apuntes sobre un nuevo modelo de financiación autonómica, sobre el que debe colgar el pacto fiscal catalán. "Compatibilizar multilateralidad y bilateralidad", "lograr un adecuado, que no privilegiado, tratamiento de las singularidades" o "federalizar la dirección de la Agencia Tributaria para dar más capacidad de decisión a las comunidades y desplegar una estrategia en red con las haciendas autonómicas", son algunas de las ideas marco.
Toda esta pretendida ambigüedad ha complicado incluso la redacción de las enmiendas, pero varias federaciones coinciden en la negativa a trocear la AEAT, a pesar de que la creación de haciendas propias viene recogida en varios Estatutos de Autonomía. Por ahora, Madrid, Pontevedra, Zaragoza, Teruel y parte de la agrupación de Sevilla ya han puesto por escrito su oposición a esta propuesta.
Zaragoza y Teruel se oponen a "nuevos regímenes de financiación " y Pontevedra propone "diferenciar un pacto puntual y un ideario"
El PSM plantea "poner en valor la eficacia" de la AEAT y "garantizar que siga siendo un elemento central en la gestión de nuestro sistema tributario", sin que ello sea óbice, de una mejor "cooperación" con las haciendas autonómicas. Dos de las provincias aragonesas, apuestan también por una mayor "coordinación" en lugar de por la federalización.
Los socialistas de Pontevedra solicitan que directamente desaparezca del texto la mención a este mayor reparto de competencias. Los críticos en el PSOE de Sevilla no lo censuran tajantemente, pero no quieren que se dé más capacidad de "decisión" a las comunidades y conceden a la Agencia Tributaria una jerarquía superior a las agencias autonómicas y no una relación de igual a igual.
El acuerdo entre el PSC y ERC establece que "sea la Generalitat la que gestione, recaude, liquide e inspeccione todos los impuestos soportados en Cataluña y aumente sustancialmente la capacidad normativa en coordinación con el Estado y la Unión Europea". La gestión, recaudación, liquidación e inspección de todos los impuestos soportados en Cataluña corresponden a la Agencia Tributaria de Cataluña, salvo los de naturaleza local", añade.
Al rechazo a una fragmentación de la AEAT se suman enmiendas en contra del concierto catalán solidario, en referencia a la llamada cuota de solidaridad que sería, en el momento de implementarse, su aportación a la caja común. La oposición inicial se mantiene, pese a lo descafeinada que ha sido la ponencia.
Madrid pide que el nuevo sistema de financiación autonómica responda al principio de justicia social, que cada comunidad aporte en función de su capacidad económica y reciba conforme a sus necesidades. Pero con el matiz de que la contribución de las comunidades ricas no conlleve quedar por debajo de la media de financiación.
Zaragoza y Teruel se oponen a la existencia de "nuevos regímenes especiales de financiación autonómica", en alusión al catalán, y a "marcos bilaterales". Y los socialistas de Pontevedra sostienen que "hay que diferenciar entre un pacto (puntual y entre partidos en una comunidad autónoma) de un ideario político general". Castilla y León avala las singularidades, pero solo para proteger las suyas, el mundo rural o la despoblación.
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Marisol Hernández
El PSOE extremeño defiende en sus enmiendas la posición expresada por su secretario general, Miguel Ángel Gallardo, que "tributan las personas y no los territorios" y que "pague más el que más tiene". En la misma línea se pronuncian desde la dirección de Castilla-La Mancha que reclaman "equidad" y la prevalencia del concepto de "población ajustada", que incorpora la variable del coste real de los servicios, que es distinto en cada región. Dos visiones que insisten en el sistema actual y orillan el acuerdo con ERC porque ven imposible encajarlo en una futura reforma de la LOFCA.
Andalucía es una de las comunidades que se verían perjudicadas, según los cálculos de los expertos, por una rotura de la caja común y el nuevo modelo singular para Cataluña. A pesar de las dudas que existen dentro del socialismo andaluz, la cúpula de la mayor federación del partido ha optado por dar una carta de confianza a María Jesús Montero, como responsable de las cuentas públicas y confiar en que la investidura de Illa sirva para elaborar un nuevo sistema de financiación que acabe con los problemas endémicos de la comunidad.
Pero lo cierto es que no todo el mundo está en disposición de dar esa carta de confianza. Luis Ángel Hierro, que se enfrentó con Juan Espadas y Susana Díaz en las primarias del PSOE-A en 2021, ha incluido desde la agrupación Sur de Sevilla capital una serie de enmiendas relacionadas con la financiación. Este profesor de Economía de la Universidad de Sevilla, afín a Pedro Sánchez desde los inicios, defiende la supresión de los fragmentos que encajan precisamente en el pacto PSC-ERC.
En el apartado dedicado a la financiación autonómica aboga directamente por eliminar la alusión a las "singularidades" y también la parte que pone en negro sobre blanco que "las comunidades autónomas con mayor capacidad fiscal acaban recibiendo menos recursos que otros territorios". Esta es la columna vertebral del principio de ordinalidad que abrazan los independentistas catalanes para que su aportación a la caja en común no sea nunca mayor de lo que Cataluña recibe del Estado.
Por el contrario, otras autonomías, como Baleares o la Comunidad Valenciana, abogan por profundizar en la federalización de España. Los valencianos, incluso, han redactado enmiendas relacionadas con la DANA que el pasado 28 de octubre asoló la provincia y causó más de 200 muertos.
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