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La Policía Nacional ha detenido a 21 personas pertenecientes a una red criminal dedicada a la obtención de citas previas de extranjería a través de bloqueos mediante bots en un servidor informático de la Administración General del Estado.
Diecisiete de los arrestos se han producido en la provincia de Alicante, mientras que otros tres han sido detenidos en Valencia y una persona en Murcia, todos ellos por delitos de daños informáticos, falsedad documental, pertenencia a grupo criminal y favorecimiento de la inmigración ilegal, según informa este miércoles la Dirección General de Policía en una nota.
La investigación, que se inició en el año 2023, tuvo su origen en un registro en el domicilio de la presunta líder del grupo en el que los agentes se incautaron de varios dispositivos informáticos.
Una vez analizada toda la información, la policía halló multitud de documentos falsificados de bancos, compañías de seguros y empadronamiento, entre otros, que eran utilizados para solicitar la autorización de residencia en España de forma fraudulenta, principalmente en su modalidad no lucrativa.
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El negocio generaba beneficios de unos 9.000 euros mensuales para cada uno de los integrantes de la organización criminal, que cobraban entre 15 y 30 euros por cada reserva de cita, por lo que vulneraban el principio de gratuidad en el acceso a los servicios públicos.
Varios de los detenidos accedían de forma delictiva al servidor que da soporte a la aplicación de cita previa de la Administración General del Estado para bloquear la oferta pública de citas de extranjería.
Lo hacían a través de acciones técnicas delictivas para impedir su normal funcionamiento y así evitar al usuario final la obtención de cita para trámites de extranjería de forma gratuita.
Por otro lado, un equipo formado por amigos, vecinos y familiares se encargaba de la gestión del elevado volumen de solicitudes, a quienes instruían mediante tutoriales grabados por la principal investigada sobre cómo obtener las citas para los trámites administrativos.
Otra parte de la red tenía como misión acceder al servidor público para monopolizar toda la oferta pública de citas en determinadas zonas de España y así hacer del todo imposible al ciudadano acceder a una cita que le permitiera iniciar diversos trámites de extranjería.
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Una vez consumado el fraude, otra facción del grupo introducía en la aplicación los datos de filiación falsos para albergar el mayor número de citas ofertadas, así como del cobro de las cantidades exigidas por la venta de la cita.
La líder del grupo, experta en materia de extranjería en connivencia con decenas de clientes, falsificaba documentos esenciales para la obtención de permisos de residencia en territorio nacional en connivencia con los clientes.
Así, el grupo criminal llegó a introducir decenas de solicitudes de permisos de residencia de ciudadanos extranjeros en varias subdelegaciones del Gobierno de España.
Conocedores del origen delictivo de esta actividad, algunos de los detenidos pagaban al entramado para que les falsificaran documentos esenciales para su regularización en España, lo que les permitió obtener sus permisos de residencia que, de otra forma, no habrían logrado.
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