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Feijóo se propuso arrancar el nuevo curso "marcando la agenda" al Gobierno y liderando una "alternativa" a los "problemas reales" de la ciudadanía frente a un Gobierno limitado por sus pactos parlamentarios. En septiembre, el jefe de la oposición desinflamó los ataques al Ejecutivo y priorizó, por contra, los discursos repletos de propuestas para alimentar una agenda social hilvanada con los sondeos internos que Génova había encargado para identificar las preocupaciones de la ciudadanía y, por tanto, los grandes nichos de voto. Pero en octubre, el PP ha vuelto a cambiar el guion y sitúa en primera página la "política del desgaste" contra Sánchez y la "corrupción" que le rodea.
Hace ocho meses que El Confidencial reveló la detención de Koldo García y destapó una trama que, a día de hoy, afecta al menos 30 cargos del entorno personal o político del presidente del Gobierno. Pero el caso tomó un nuevo cariz tras las últimas pesquisas de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que sitúan a través de un demoledor informe al propio jefe del Ejecutivo como implicado en el presunto rescate de Air Europa —en el que influyó el presunto comisionista de la trama, Víctor de Aldama—, y que deja a su exsecretario de Organización, José Luis Ábalos, al borde de la imputación. La Moncloa ha culminado su 'semana negra' con la investigación abierta por el Supremo contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
El asfixiante panorama judicial lleva al PP a mover ficha y a centrar todos sus esfuerzos en estrechar el cerco jurídico, político y mediático sobre el presidente del Gobierno. Esta misma semana, Alberto Núñez Feijóo se reunió con los agentes sociales para perfilar su ley de conciliación, pero los encuentros pasaron a un segundo plano por el foco creciente en el carril de la corrupción. Dirigentes de la cúpula admiten que la agenda derivada del caso Koldo "lo absorbe todo" y les dificulta colocar sus medidas sociales, pero tampoco se sienten precisamente incómodos en este contexto.
El objetivo del giro social de Feijóo y de abanderar debates hasta ahora vinculados a la izquierda —como es la reducción de la jornada laboral o del aumento de los permisos de paternidad y maternidad— tenía como objetivo perfilar una alternativa para mirar al centro y atraer votantes que no apostaron por las siglas del PP en las últimas generales. Pero, en privado, los conservadores asumen que lo "urgente" ahora es hacer caer al Gobierno o, al menos, intentarlo. Y la corrupción, defienden, es su gran —y casi único— caballo de batalla. Por eso se ha convertido en un tema monográfico para el PP.
"Por menos perdió Rajoy el Gobierno", refrendan en la cúpula de Génova, un mensaje que entonó el propio Alberto Núñez Feijóo el pasado sábado en una conversación informal con periodistas. El goteo constante de informaciones y las incógnitas respecto al futuro judicial del partido ha provocado que, en los últimos días, haya vuelto a la memoria de muchos dirigentes populares el recuerdo punzante de cómo se desalojó al expresidente del Gobierno de la Moncloa por una moción de censura justificada en la lucha contra la corrupción tras la sentencia del caso Gürtel, un marco al que creen que el PSOE se acerca a pasos agigantados.
"Nuestra obligación en estos momentos es echar a Sánchez del Gobierno. Y lo vamos a hacer con todos los medios a nuestro alcance", sentenció este jueves el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, que se toma al pie de la letra el toque de atención de José María Aznar al partido y aquel "el que puede hacer algo, que lo haga". En las filas de los conservadores se pide actuar con "contundencia" y "morder" igual que Sánchez lo hizo en su día con las causas de corrupción que se agolpaban en el Partido Popular.
Descartada, por el momento, la idea de una moción de censura que estaría condenada al fracaso, Génova movió la primera ficha del tablero querellándose contra el PSOE. Y no en la causa que investiga la trama Koldo o en el caso que instruye Juan Carlos Peinado sobre Begoña Gómez, en la que Vox si está personado como acusación popular. El PP quiso ampliar el horizonte y miró al juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.
La querella causó cierto ruido interno por el "riesgo" que asumen importantes dirigentes del PP de que termine archivándose, lo que regalaría un respiro al Gobierno. La denuncia se sustenta en una noticia de The Objective sobre un testimonio anónimo de uno de los socios de Víctor de Aldama, que aseguraba haber llevado a Ferraz bolsas de dinero en efectivo. El PP pide que se investigue si el empresario Claudio Rivas, también en prisión, usó al comisionista de la trama para conseguir del Gobierno una licencia como operadora de hidrocarburos a la compañía Villafuel.
Los servicios jurídicos de Génova han detectado una vía para intentar ligar una presunta financiación ilegal del PSOE con la única pieza por la que ya se ha decretado el ingreso en prisión de Víctor de Aldama por defraudar más de 182 millones de euros en el sector de los hidrocarburos, y que instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.
La estrategia es arriesgada por la posibilidad de que la denuncia quede en nada por la falta de indicios sólidos para que el juez pueda iniciar una investigación. Pero en Génova cierran filas con una decisión que emanó de la propia ejecutiva, y a la que han dado el visto bueno sus asesores jurídicos. "Poco que perder, mucho que ganar", resume un alto dirigente de la cúpula popular. El objetivo del primer partido de la oposición es que la causa escale y Sánchez no pueda utilizar a José Luis Ábalos como "cortafuegos" por el aún hipotético impulso de la rama de financiación ilegal que salpicaría a toda la estructura de Ferraz. "Lo importante cuando se presenta una denuncia no es cómo empieza, sino cómo acaba", zanjó el propio Feijóo.
En el entorno de Feijóo aseguran estar convencidos de que aún queda mucha trama que "desenmarañar", y que los próximos meses pueden ser clave para calibrar el alcance de un caso que el PSOE insiste en situar exclusivamente a las espaldas del exministro de Transportes José Luis Ábalos. El PP espera el "momento procesal y político" oportuno para llamar a comparecer a Pedro Sánchez a su comisión de investigación en el Senado, aunque sentará antes a importantes dirigentes gubernamentales, como es el caso del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que tiene cita el próximo 24 de octubre.
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