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La Asociación Guardianes de la Inocencia, cuyo objetivo fundamental es proteger los derechos de los niños y la lucha contra el abuso infantil, ha presentado una querella contra exaltos cargos del Govern de Cataluña por los abusos sexuales cometidos contra una menor de 12 años tutelada por la Generalitat y por la deficiente gestión en la tutela de menores y jóvenes.
La querella, presentada por el abogado Octavio Candela, va dirigida contra los exconsellers Chakir El Homrani y Violant Cervera, así como contra Ester Sara Cabanes, exdirectora de la Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia (Dgaia), el organismo que tutela a menores y jóvenes, y a Josep Ginesta, exsecretario general del Departamento de Trabajo, de donde dependía el citado organismo.
El texto relata que “entre mayo de 2020 y octubre de 2021, una menor bajo tutela de la Dgaia que desde los 12 años fue víctima de abusos sexuales y explotación por parte de una red de pederastas liderada por Teófilo Lapeña. Asimismo, la Dgaia permitió que la menor conviviera con un hombre de 25 años, teniendo la misma en ese momento 15 años de edad, hecho que facilitó dichos abusos”. La fiscalía pide ahora más de 107 años de cárcel para Lapeña, al que se conoce ya como el ‘Pelicot catalán’, en referencia al francés que vendía a su esposa por las redes sociales tras drogarla.
Uno de los educadores sociales de la Dgaia, Daniel Segura, llegó a confirmar ese extremo, declarando a una emisora de radio que “nosotros trabajamos con la familia. Lo que pasa es que madre murió también y el padre tenía muchas dificultades para poder atender a su hija. Y ella… pues se escapaba constantemente. Tampoco quería estar con el padre (…) y al final se escapó con un chico de 25 años cuando ella tenía 15 todavía (…) desde la Dgaia aceptaron que se quedara con él. Él estaba en el instituto y les pareció correcto”.
Los Mossos d’Esquadra desarticularon la red de pederastas que había abusado de la menor, aunque se sospecha que hay más menores que padecieron abusos y violaciones por parte de miembros de esa red. En ocasiones, las violaciones eran grabadas en vídeos que luego eran difundidos por las redes sociales.
Irregularidades en los pagosLa querella recoge también los “indicios de irregularidades en la gestión de las prestaciones económicas dirigidas a jóvenes extutelados por parte del Servicio de Evaluación y Apoyo al Postacogimiento (Sevap) de Girona. Un técnico educativo del citado organismo ha denunciado posibles actuaciones fraudulentas consistentes en la renovación irregular o la duplicación injustificada de ayudas, así como otros hechos que podrían estar relacionados con un uso arbitrario o desviado de fondos públicos destinados a la protección de la infancia y la juventud en situación de desamparo”.
Estas irregularidades fueron también detectadas en dos informes confeccionados por la Sindicatura de Cuentas de Cataluña. También la Oficina Antifraude de Catalunya (OAC) está investigando la denuncia de un extrabajador del Sevap, servicio que está en manos de una unión temporal de empresas formada por las fundaciones Resilis y Mercè Fontanilles.
Tras la apertura de investigaciones por diversos organismos, como la Sindicatura de Cuentas o la OAC, la asociación Guardianes de la Inocencia considera que “algunos exresponsables de la Dgaia han comparecido recientemente en el Parlament de Cataluña para ofrecer explicaciones. Lejos de asumir responsabilidades, han sostenido que ‘nadie se embolsó dinero ni hizo cosas que no debiera’, lo cual contrasta con la gravedad de los hechos que se investigan y con los indicios ya recogidos en sede parlamentaria y administrativa”.
Por ello, pide una investigación en profundidad de los hechos “adoptando las diligencias necesarias para esclarecer si se ha producido una malversación de fondos públicos y otros delitos conexos, así como para garantizar la reparación integral de las víctimas y la depuración de las responsabilidades institucionales y personales que pudieran corresponder”.
Esta querella coincide con la reclamación, por parte de la Administración, de diferentes cantidades a jóvenes extutelados que han percibido prestaciones públicas ilegales, es decir, que cobraban irregularmente ayudas públicas cuando tenían entre 18 y 23 años. En muchos casos, las cantidades reclamadas ascienden a más de 10.000 euros, una cantidad que a jóvenes en situación precaria les supone un esfuerzo enorme.
Varios de estos menores han pedido a la Administración que renuncie a exigirles las cantidades pagadas de más. La Síndica de Greuges (Defensora del Pueblo), Esther Giménez-Salinas, por su parte, ha recibido más de 20 quejas de jóvenes que protestan porque la Generalitat les ha reclamado las cantidades cobradas ilegalmente. En realidad, la petición de la Generalitat puede afectar a centenares de jóvenes. Giménez-Salinas pide ahora que “cuando las cantidades requeridas se han generado por un mal funcionamiento de la Administración, no debería exigirse su reintegro”.
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