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Es la comidilla del Consejo General del Poder Judicial. La vocal Argelia Queralt ha provocado el malestar de una parte del órgano de gobierno de los jueces y del Tribunal Supremo después de asegurar, en una entrevista, que hubo jueces que jugaron un papel "demasiado protagonista" en el momento en el que se tramitaba la ley de amnistía y era el turno de "respetar" la labor del legislador. Calificó determinadas actitudes como un "exceso". Su valoración ha sentado muy mal, no tanto por su opinión personal, como por haberla manifestado en esos términos como vocal del órgano de gobierno de los jueces.
"La ley de amnistía gustará más o menos, pero se tenía que respetar la tarea del legislador y esperar que se hiciera la ley. Y la manera de los jueces de expresarse son las sentencias, no las manifestaciones, ni las reuniones para reivindicar aspectos políticos. Hubo excesos por parte de determinados jueces. Además, saliendo con la toga puesta... Y eso, de cara a la ciudadanía, genera mucha confusión. Claramente, aquí había intereses partidistas y fomentados por determinados sectores de la sociedad, que han sido poco cuidadosos con la independencia e imparcialidad de los jueces. Se les presume y tienen que actuar de manera que nadie pueda ponerla en duda", indicó en declaraciones al digital independentista El Nacional.
Para distintos vocales y jueces consultados, estas consideraciones son precisamente las que son perjudiciales en boca de alguien a quien se le supone como labor fundamental la obligación de defender a los magistrados. "No es consciente del daño que este tipo de afirmaciones hacen", asegura una de las fuentes consultadas, que se queja de que contribuyen a un clima de enfrentamiento que viene agitándose desde el pasado verano tanto por los partidos independentistas como por el Ejecutivo y su entorno cercano.
Hay quien se muestra aún más duro. Algunas fuentes se preguntan si la vocal es consciente de su papel y lanzan que tendría que haber pensado antes "si quería estar en el órgano de gobierno de los jueces". "A ver si tiene un poco de contención", "es impresentable", son algunas de las expresiones que se oyen en los despachos del CGPJ y de la carrera judicial desde que se publicó la entrevista.
Queralt ha ido a tocar en el punto más sensible para la judicatura en la última etapa. La tensión entre los poderes ejecutivo y judicial fue incrementándose a lo largo del último año con una progresiva normalización de la crítica o, directamente, el insulto, a determinadas decisiones judiciales. Las decisiones adoptadas por magistrados como el juez Manuel García-Castellón en la causa sobre la plataforma Tsunami Democràtic o el juez de Barcelona Joaquín Aguirre en la trama rusa, no solo levantaron polvareda, sino que incluso provocaron cambios en la redacción de la versión final de la ley de amnistía.
Pese a todo, algunas fuentes del Consejo defienden que Queralt está en su derecho de expresarse como considere. Indican que no se puede limitar la opinión de los vocales por el simple hecho de ocupar este cargo. Sus valoraciones llegan, además, en el momento previo a la decisión sobre la política de comunicación del CGPJ, que se plantea designar un o una portavoz, rescatando así el modelo de etapas anteriores al último mandato.
Tensiones por las críticas
El episodio también se produce después de que este agosto se viviera un tira y afloja entre los sectores progresista y conservador después de que los vocales de este último bloque reclamaran que se incluyera en el orden del día un nuevo punto relativo a la defensa de la independencia judicial frente a determinados ataques de miembros del poder ejecutivo. En un escrito, pedían una declaración de apoyo por distintas declaraciones públicas de miembros del Gobierno, como la acusación de "extralimitación" que lanzó el ministro Óscar Puente contra el Supremo. Sin embargo, la propuesta no aceptó por el otro bloque, el progresista, que no veía que existieran razones "de urgencia" necesarias para abordar la cuestión.
El texto de los conservadores se refería, en concreto, a las declaraciones de Puente sobre la interpretación del Supremo de la amnistía en el caso de Puigdemont. El escrito presentado reprochaba que afirmar que el Tribunal Supremo se extralimita al interpretar una ley, "junto con el resto de descalificaciones vertidas ante los medios de comunicación", se sitúa "fuera de los límites que exige la separación de poderes y el respeto entre los mismos".
"Con dichas manifestaciones solo se consigue el desgaste de la Justicia y el cuestionamiento de su independencia. No hay democracia ni Estado de derecho sin un Poder Judicial independiente que se perciba como tal por los ciudadanos. Resulta especialmente grave las referidas manifestaciones no solo por provenir de personas con altas responsabilidades institucionales, sino, también, y especialmente, por obviar los llamamientos que tanto el Pleno como la Comisión Permanente de este órgano vienen realizando, y de las que se ha hecho eco el Informe sobre el Estado de derecho en 2024 en España, de la Comisión Europea de 24 de julio de 2024", decían los 10 vocales conservadores.
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