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Inquietud en el Ejecutivo sobre cómo la opinión pública digiere el posible cierre de la central de Almaraz (Cáceres) en plena eclosión del debate sobre la energía nuclear. La Moncloa ha movido ficha para hacer pedagogía y transmitir que la opción de prorrogar la vida útil de la planta depende únicamente de la petición de las empresas. Con ese propósito se encaró este miércoles la comparecencia del presidente del Gobierno en el Congreso, que hasta dos veces repitió en la tribuna que si las eléctricas lo solicitan "se estudiará".
Las tres empresas propietarias de Almaraz, Iberdrola (52,7%), Endesa (36%) y Naturgy (11,3%), aún no han realizado la propuesta oficial de ampliar el plazo de cierre, pero hace semanas que el PP colocó en la agenda política el futuro de la central, con la presentación de una proposición de ley para alargar la vigencia del parque nuclear. Fuentes de la Moncloa vinculan esta decisión a un intento de "consolidar" a la presidenta extremeña, María Guardiola.
Pero, tras el apagón del pasado 28 de abril, la tesis de algunos expertos de que había un exceso de renovables o una falta de nucleares ha dado aún más vigencia a la discusión 'energía nuclear sí o no'. El Gobierno ve en esto una estrategia de las empresas energéticas para que el Ministerio de Transición Ecológica transija con su demanda de bajar la fiscalidad para prolongar la vida de Almaraz.
El calendario de cierre lo decidieron las energéticas, recuerdan en Moncloa, "lo que no puede ser es que jueguen ahora a que sigan en abiertas". "Ellos quieren que pague el Gobierno", señalan sobre una posible rebaja de la carga fiscal y de los 20.000 millones de euros de tasa Enresa que supone el desmantelamiento de la planta extremeña y la gestión de los residuos radioactivos.
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Alberto SanzPor eso, el jefe del Ejecutivo cargó ayer de manera inmisericorde contra las propietarias de las nucleares, que mayoritariamente son Iberdrola y Endesa, y propuso que ese coste lo asuman los "ultrarricos que presiden esas energéticas". Tras defender que PP y Vox ejercen en el Congreso de lobistas de estas empresas, Sánchez acusó a estos dos partidos de proyectar al Gobierno como "antinuclear".
Ante el temor de que este mensaje acabe por calar, el presidente se afanó en desmontar esta idea. Son las empresas, remarcó, las que en 2019 pactaron las fechas- Almaraz I dejará de funcionar en noviembre de 2027 y Almaraz II en octubre de 2028- y el Gobierno lo apoyó. "Desde entonces, hemos dicho siempre lo mismo: si las empresas acuerdan otro calendario distinto, lo estudiaremos", añadió, siempre que se cumplan tres condiciones. Una, que la prórroga permita garantizar la seguridad de la población. Dos, que sea económicamente viable y no haya un incremento de la factura de la luz. Y tres, que sea conveniente para garantizar la seguridad de suministro eléctrico.
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Marisol HernándezEsto no cambia en nada la apuesta verde del Ejecutivo de coalición y su propósito de que en 2050 toda la energía generada en España sea renovable. "No vamos a desviarnos ni un solo milímetro de la hoja planificada desde 2018 en materia energética. El futuro energético de España o es verde o no será", destacó Sánchez este miércoles.
La eclosión de los pro y los antinuclear se produce, además, en medio de un importante choque del Gobierno con las eléctricas por la responsabilidad del apagón. Ni Red Eléctrica ni las empresas admiten ningún fallo y eso llevó a la Moncloa a impulsar su propia investigación. Por eso, remarcan en el Ejecutivo, "hemos pedido los datos". "Entendemos que nadie se autoinculpa", añaden, "porque lo que está en juego son las indemnizaciones".
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