La norma pretende garantizar el acceso igualitario a las prácticas curriculares de todos los universitarios.
El Congreso de los Diputados tramitará una proposición de ley del PSOE que prohíbe a las universidades pagar a empresas, instituciones u organismos para que sus estudiantes hagan las prácticas curriculares allí. El pleno ha debatido este martes la toma en consideración del texto, que ha salido adelante con los votos a favor de los grupos de investidura y pese al rechazo del PP y Vox, que han cargado contra la norma de los socialistas por "imposible" y por "poner a las universidades privadas en el punto de mira", respectivamente.
La ley reforma la ley de universidades aprobada en 2023 —la LOSU— y pretende "salvaguardar el acceso igualitario" de los universitarios al "universo de posibilidades" que constituyen las prácticas curriculares, que son aquellas que deben hacerse obligatoriamente porque forman parte del plan de estudios del grado o el máster en cuestión. Así lo reza la exposición de motivos de la iniciativa, donde los socialistas defienden que es "fundamental" que este tipo de prácticas académicas no impliquen ninguna transacción económica (ya sea en forma de precio o de donación), para evitar así que aquellas universidades con mayor capacidad económica puedan "condicionar el adecuado ejercicio de esta obligación curricular por parte del estudiantado universitario".
El portavoz del PSOE, Roberto García Morís, ha defendido una proposición de ley que "pone fin a la posibilidad de comprar plazas de prácticas en centros profesionales" y, en definitiva, de "pagar a empresas para que primen los convenios de prácticas de unos centros sobre otros a la hora de elegir a los estudiantes". "Con esta medida, garantizaremos la igualdad en el acceso a la formación sin que puedan primar criterios económicos. Creo que es una modificación de justicia, que mejora la normativa en esta materia y protege al conjunto del estudiantado", ha destacado, antes de pedir el apoyo de los grupos parlamentarios para que el texto siga su curso en la Cámara Baja.
Desde Sumar, la diputada Candela López ha defendido la norma que, a su juicio, garantiza "prácticas externas de calidad en igualdad para todos". "Estamos evitando que la capacidad económica de algunas universidades condicione el acceso a las prácticas externas", ha subrayado, antes de defender que "no podemos permitir que la universidad pública compita en desventaja contra un modelo que mercantiliza la formación".
Junts, por su parte, ha asegurado que la ley "es un ejercicio de retórica que esconde una trampa competencial", aunque finalmente ha votado a favor de la iniciativa. Durante su intervención, la portavoz independentista, Josep Pagès, ha acusado al Gobierno de "intromisión estatal". "Consideramos que cualquier regulación de prácticas ya la haremos nosotros en la ley catalana", ha espetado
PP y Vox, en contra de la ley
Todos los grupos han expresado —con más o menos reticencias— su voluntad de tramitar esta ley en el Congreso, salvo el PP y Vox. El diputado 'popular', Pedro Navarro López, ha cargado contra la iniciativa, que considera "el enésimo ataque a la libertad del PSOE" y que, a su juicio, acabará perjudicando a los estudiantes universitarios. "Con un 98% de pymes, es imposible acoger a los dos millones de estudiantes entre universitarios y FP que tiene este país para hacer prácticas", ha sentenciado, antes de asegurar que la "buena voluntad" de un autónomo "llega hasta donde llega", especialmente en las regiones más pequeñas del país.
En ese sentido, Navarro ha advertido de que, con esta ley, universidades como la Complutense de Madrid dejarán de pagar 20.000 euros a la Real Academia de Ingeniería Española para tener prácticas en empresas. "La Diputación de Palencia tiene que pagar a empresas para que acojan a estudiantes para hacer prácticas, porque no hay tejido suficiente. Y ocurre exactamente en muchas otras provincias", ha añadido el portavoz del PP, que ha acusado a los socialistas de querer "estudiantes de primera y de segunda".
También Vox ha cargado duramente contra la norma. El diputado Joaquín Robles ha asegurado que la iniciativa