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Bloquear los intentos de Sánchez de buscar fisuras entre sus comunidades autónomas se ha convertido en una de las grandes obsesiones de Feijóo. Al menos hasta el momento, el líder del PP ha conseguido taponar las grietas en el delicado debate de la financiación autonómica, pero persigue blindar también esa unidad de acción en un tema absolutamente "prioritario" que guiará los próximos pasos del primer partido de la oposición. Génova ha pactado con sus comunidades autónomas —además de ayuntamientos y asociaciones— el recetario "alternativo" a la ley de vivienda para unificar su posición ante el Ejecutivo en plena escalada de tensión social.
El PP gobierna en 14 comunidades autónomas —incluyendo a Ceuta y Melilla—, y ello les permite levantar un muro contra el que chocan las pretensiones del Gobierno con la Ley de Vivienda. La norma entró en vigor hace 16 meses, pero las regiones de los populares se han negado, en el marco de sus competencias, a declarar zonas tensionadas para limitar los alquileres, y se han rebelado contra el Gobierno y su "ataque contra la propiedad privada", como repite una y otra vez Isabel Díaz Ayuso, que se ha situado en el centro de la guerra contra el Ejecutivo.
Para Génova era prioritario coordinar y perfilar la postura del partido en esta cuestión antes de la Conferencia Sectorial de Vivienda, prevista para las 11.00h de este jueves, en la que todos los consejeros autonómicos del ramo se reunirán con la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. La dirección del PP quiso acelerar la presentación de las líneas maestras de su Plan para el Desarrollo Urbano y la Vivienda a este miércoles para llegar a la cita con el Gobierno con los deberes hechos, y que las regiones de los populares tengan un esquema unitario sobre el que basar su réplica al Ejecutivo.
La vivienda se ha convertido en una de las grandes problemáticas sociales, y en la dirección nacional de los populares observan desde hace meses a través de sondeos internos que también es un gran vector en la movilización de un voto "transversal" que pretenden capitalizar. Por eso, al margen de su Ley de Conciliación, el PP registrará en el Congreso su propia Ley de Vivienda, que prevé presentar y negociar con todos los grupos parlamentarios en las próximas semanas, con la vista puesta en atraer a grupos como Junts o PNV.
El PP apuesta por sustituir las recetas "intervencionistas" del Gobierno por un modelo en el que prima el aumento de la oferta de inmuebles a través de la liberalización del suelo, la eliminación de la burocracia, la protección fiscal y jurídica de los caseros; la lucha frente a la okupación y la "inquiokupación" —que, según datos de Génova ha escalado hasta las 25.000 anuales—; y las bonificaciones y ayudas para los jóvenes.
Génova lleva meses trabajando en una propuesta coordinada con su poder territorial para dar un "paraguas nacional" a sus políticas autónomas en materia de vivienda. Fue uno de los temas, con permiso de la financiación, que centró las conversaciones de Feijóo con sus barones en sus últimos encuentros. Según pudo saber El Confidencial, lo que el líder del PP no consensuó con los presidentes autonómicos fue su sorprendente apuesta por concentrar la semana laboral en cuatro días, una iniciativa que pilló con el pie cambiado a más de un líder territorial y que le ha costado a Feijóo algunas críticas procedentes del ala más dura del partido.
El PP plantea rebajas fiscales para que los caseros saquen viviendas en alquiler
Ana Belén Ramos
El líder del PP no descarta citar a sus presidentes a una nueva reunión antes de que finalice el año, para actuar en bloque contra Sánchez de cara a la próxima Conferencia de Presidentes que el Ejecutivo quiere centrar de forma exclusiva en la problemática de la Vivienda. Y la reunión de este jueves se entiende como la antesala al choque frontal entre los dos grandes partidos. Los modelos de PSOE y PP están completamente enfrentados en plena crisis del acceso al mercado inmobiliario, que estallará con una gran manifestación prevista para el próximo 13 de octubre en Madrid.
La nueva Conferencia Sectorial de Vivienda se prevé de alta tensión. Según consta en el orden del día, al que ha accedido este periódico, la ministra de Vivienda explicará a las comunidades los "criterios generales" del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2029, con el que el Ejecutivo ya estudia cómo forzar a las comunidades autónomas a aplicar la normativa estatal. Isabel Rodríguez calentó el ambiente asegurando que condicionaría la concesión de fondos autonómicos a que las regiones cumpliesen con la declaración de zonas tensionadas para limitar los precios, y recordó que entre el 70% y el 75% de los recursos de sus políticas de vivienda provienen de financiación estatal.
En Génova aseguran que, al margen de defender sus recetas para incentivar la oferta, todas las regiones se rebelarán contra la amenaza del Gobierno, le pedirán una "rectificación" y reiterarán que en ningún caso toparán los precios. En alguna región no descartan, incluso, llevar el conflicto a los tribunales por invasión competencial. En cualquier caso, la guerra total entre Gobierno y PP aleja toda opción de alumbrar un Pacto de Estado en Vivienda. Casi con toda seguridad, y pese a los tímidos acercamientos de los últimos meses, tampoco habrá acuerdo entre los dos grandes partidos para reformar la ley del suelo, una vieja reivindicación del sector y de los ayuntamientos y que el PSOE se ha visto obligado a retirar en dos ocasiones por la falta de apoyos parlamentarios.
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