La Fiscalia defenderá que Puigdemont quede libre al creer que le ampara la amnistía

La Fiscalía del Tribunal Supremo tiene previsto reclamar la puesta en libertad de Carles Puigdemont ante el juez Pablo Llarena una vez sea detenido y pase a disposición judicial. El Ministerio Público, que estará representado por la teniente fiscal María Ángeles Sánchez-Conde, considera como ya defendió en junio, que el expresident que la ley de amnistía le ampara y se opondrá, por tanto, a su entrada en prisión provisional. Es previsible que la Abogacía del Estado actúe en la misma línea. Vox, personada como acusación, reclamará su entrada en la cárcel.

Tras la entrada en vigor de la norma, la Fiscalía ya apoyó el perdón para Puigdemont después de un sonado pulso con los fiscales del procés. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, impuso su criterio durante la Junta de fiscales de Sala de este martes y apartó a los cuatro que se negaban a acatar sus órdenes. En su lugar, la teniente fiscal del Supremo, Sánchez-Conde, y el fiscal jefe de lo penal de este tribunal, Joaquín Sánchez-Covisa, se hicieron cargo de las causas y ahora piden la amnistía total para los líderes independentistas.

Ambos consideraron que tanto los cuatro fiscales del procés como Llarena confunden el ánimo de lucro con el enriquecimiento personal: "Siempre que el responsable del delito se hubiera limitado a desviar fondos públicos con la única finalidad de financiar, sufragar o facilitar la convocatoria y/o celebración de las consultas del 9 de noviembre de 2014 y del 1 de octubre de 2017, dicha conducta deba ser considerada comprendida [en la amnistía]", decían.

En caso de arresto, el líder de Junts deberá comparecer ante el juez Pablo Llarena que le tomará declaración como instructor del procedimiento. Tras la diligencia, el magistrado deberá decidir si le deja libre o le envía a la cárcel. Con un evidente riesgo de fuga demostrado durante los últimos siete años y una acusación que implica penas superiores a los 12 años, las opciones de Puigdemont de eludir el encarcelamiento son escasas. El juez escuchará a las partes y después decidirá.

Todo esto sucede a pesar de la ley de amnistía. Hace unas semanas, Llarena rechazó perdonar el delito de malversación que atribuye al expresident y a los exconsellers Toni Comín y Lluis Puig. Ya entonces acordó mantener vigentes las órdenes nacionales de detención que pesan contra ellos. La decisión se adoptó de forma paralela a la de la Sala de lo Penal. Los magistrados que juzgaron el procés también rechazaron amnistiar la malversación del exvicepresidente del Govern Oriol Junqueras y el resto de condenados por el referéndum ilegal del 1-O. Tanto el juez como la Sala consideran que obtuvieron un beneficio personal que provoca que la gracia no les alcance y que su acción afectó, además, a los intereses financieros de la Unión Europea.

Las decisiones de ambos están pendientes de recurso ante el propio Supremo lo que, al menos de momento, cierra el camino a un recurso de amparo ante el Constitucional en lo referente a la ley, dado que debe agotarse primero la vía del alto tribunal, primero en reforma y después en apelación. Una vez solventados, su defensa ya tendrá vía libre para recurrir al Constitucional. Con un pleno formado por siete progresistas frente a cinco conservadores, en principio goza de más posibilidades, aunque ese reparto de fuerzas puede variar. Como ha ido informando este diario, el Constitucional va a ser el escenario de una guerra de recusaciones, con intentos de unos y otros por apartar a determinados magistrados.

El instructor del procés Pablo Llarena mantiene procesado al expresident por malversación agravada y desobediencia tras la reforma de la sedición impulsada por el Gobierno. En una decisión adoptada el pasado enero, después de que el Gobierno derogara la sedición y tratara de aligerar el delito por uso de fondos públicos, el instructor ya insistía en que la versión agravada del delito se produce cuando se da "un daño o entorpecimiento graves al servicio público" y el perjuicio excede los 250.000 euros. En ese caso, la pena de prisión se puede elevar hasta los 12 años y la de inhabilitación a entre 10 y 20.

Malversación penada con 12 años

Para el juez, la intención del encausado fue la de "desbordar el orden constitucional y lograr, directa o indirectamente, pero fuera de las vías legales, un nuevo orden territorial y político". Para lograr ese fin, empleó fondos públicos que fueron desviados para sufragar el referéndum. "Se despojó a la Administración de unos fondos públicos para atender obligaciones de pago que corresponden al sujeto activo del delito y que están plenamente desvinculadas del funcionamiento legítimo de la Administración", dijo. El dinero fue apartado de su destino lícito "para la obtención de un beneficio particular", añadió entonces.

Al margen del procedimiento a cargo de Llarena, contra Puigdemont pende otro caso que aún se mantiene vivo y que, también, ha quedado en manos del Supremo. Este mes de julio, el magistrado Joaquín Aguirre, titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, que investiga la trama rusa del procés envió una exposición razonada al TS para que se investigue a Carles Puigdemont y a Francesc Dalmases por supuestos delitos de traición, malversación de caudales públicos y pertenencia a organización criminal.

El tercer caso que le amenazaba, la acusación de terrorismo por la trama Tsunami, quedó desactivado después de que la magistrada de la Sala de lo Penal Susana Polo, acordara el sobreseimiento provisional y archivo de la causa tras la resolución de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que declaró inválidas las diligencias acordadas por el titular del Juzgado Central de Instrucción 6, Manuel García Castellón, en los últimos tres años por haber dictado fuera de plazo la prórroga de la causa. Ese pronunciamiento de la Sala originó que el juez instructor archivara posteriormente el procedimiento respecto a las 10 personas investigadas en la Audiencia Nacional.

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