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Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado, a través de su abogado, una segunda querella contra el magistrado que la mantiene imputada por sus actividades profesionales, Juan Carlos Peinado. El escrito se ha registrado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por la presunta comisión de delitos de revelación de actuaciones procesales declaradas secretas, prevaricación judicial y revelación de secretos por funcionario público.
La querella de Gómez se suma así a la presentada esta semana por la Abogacía del Estado en nombre de su marido, Pedro Sánchez. En el caso de la querella del presidente, la acusación se centra en la declaración que el instructor acordó como testigo y el delito del que se le acusa es exclusivamente la prevaricación. La Abogacía defiende que el juez acordó la testifical mediante una "aplicación incorrecta de la ley".
En el caso de la imputada, el letrado Antonio Camacho, va un paso más allá. El escrito, al que ha accedido El Confidencial, asegura que, desde la apertura de diligencias y pese a que el procedimiento se encontraba secreto, "la causa incoada fue de conocimiento general para toda la ciudadanía desde el 24 de abril". Como consecuencia -dice- Gómez no gozó "de todas las garantías para su defensa" y se enteró "de los avatares de su proceso por los medios de comunicación mientras se la privaba de cualquier acceso al mismo", con un grave "perjuicio" para sus derechos.
El escrito precisa que la información partió de los servicios de Prensa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, desde donde se dio a conocer "la causa secreta, quien interpuso la denuncia que dio lugar a las actuaciones, los delitos que eran objeto de investigación y contra quien se dirigían". Para Camacho, los indicios apuntan a que esta información partía del magistrado que "necesariamente tuvo que dar la autorización para su publicación".
Más adelante, prosigue, los medios siguieron haciéndose eco de otras diligencias del procedimiento como las testificales o la personación y admisión de acusaciones populares. La querella agrega que el magistrado, dio traslado a la primera de las acusaciones personadas, el partido político Vox, de las actuaciones cuando las diligencias aún eran reservadas. "Dictó una providencia por la que se da traslado a Vox (...) de unas declaraciones y documentos de una causa aún secreta", dice. "Todos estos indicios apuntan a que podría haberse cometido por el magistrado un delito de revelación de actuaciones procesales declaradas secretas", agrega.
La prevaricación
Respecto al delito de prevaricación, la querella señala que, a lo largo del proceso, el juez Peinado "ha adoptado decisiones judiciales arbitrarias y manifiestamente injustas mediante la emisión de resoluciones judiciales o adopción de decisiones comunicadas de forma verbal". Agrega que, haciendo uso de providencias, el magistrado "ha efectuado una aplicación del derecho incomprensible, ha forzado las normas aplicables, ha adoptado decisiones no justificadas, carentes de motivación alguna y contradictorias y, todo ello, sin pie de recurso frente a las mismas en considerables ocasiones".
Para Begoña Gómez, la instrucción en su contra es "errática y prospectiva" y "tiene por objeto una causa general" en su contra para investigar toda su vida y tratar de determinar si ha cometido algún delito "lo cual está expresamente prohibido por nuestro ordenamiento jurídico". "Para ello, se han dictado resoluciones a sabiendas, manifiestamente injustificadas y sin amparo legal, conculcando las normas procesales y causando grave perjuicio, con evidente impacto en todos los ámbitos de su vida, debido a la importantísima repercusión mediática del proceso que está instruyendo el querellado", agrega.
El escrito acusa al juez de actuar con "un desmedido afán de protagonismo mediático" e impugna una decena de resoluciones del magistrado, desde la propia apertura de las diligencias hasta la personación de distintas acusaciones populares. Se fija también en el objeto del procedimiento con el que el juez continuó adelante, a pesar de que la Fiscalía Europea asumió la competencia respecto a varios de los contratos investigados. "La investigación de los hechos va mutando de modo no argumentado ni razonado y sin la concreción de los mismos que exige el Derecho Constitucional", dice.
También señala la existencia decisiones "inusuales y rocambolescas, que en nada tienen que ver con la investigación" que someten a Gómez "a una amplificación de lo que se llama pena de banquillo, viéndose expuesta de manera gratuita a especulaciones en torno a ella y a todo su entorno carentes de fundamento alguno". En este punto se refiere al hecho de que el juez exigiera la entrega de la citación de la esposa del presidente en mano o a los reproches lanzados contra la Fiscalía.
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