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El PSOE no esconde su profundo rechazo a la decisión del Tribunal Supremo de dejar sin efecto la amnistía en los delitos de malversación que se cometieron durante el procés, lo que supone mantener la orden de detención contra Carles Puigdemont y que siga vigente la pena de inhabilitación a Oriol Junqueras.
Después de un pequeño titubeo tras el impacto de esta resolución, que llevó a la portavoz de la Ejecutiva socialista, Esther Peña, a eludir hacer una valoración en rueda de prensa, fuentes socialistas han marcado definitivamente la postura. No solo se reafirman en que es amnistiable la malversación cometida por los independentistas sino que, además, censuran las "consideraciones políticas" que, en su opinión, ha hecho el alto tribunal. "Sorprendentes e innecesarias", añaden, para la labor jurisdiccional que tienen encomendada.
"Es en el ámbito político y no judicial donde corresponde opinar sobre las leyes, los pactos entre diferentes fuerzas políticas y la tramitación parlamentaria de las normas", aseguran, sobre algunos de los párrafos del auto de la Sala de lo Penal que preside Manuel Marchena.
Entre ellos que "es especialmente difícil conciliar el esfuerzo de la Unión Europea por eliminar márgenes de impunidad para los malversadores con la voluntad del legislador español de dispensar un tratamiento excepcional y personalizado a unos delitos de especial gravedad, por el simple hecho de haber sido cometidos por unos concretos responsables políticos y en una determinada franja histórica que alcanza desde el día 1 de noviembre del año 2011 hasta el día 13 del mismo mes del año 2023”.
Los socialistas se reafirman en el "clarísimo" artículo 1.4 de la ley de amnistía: "No se considerará enriquecimiento la aplicación de fondos públicos a las finalidades previstas en los apartados a) y b) [el proceso independentista] cuando, independientemente de su adecuación al ordenamiento jurídico, no haya tenido el propósito de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial". Y recuerdan que en ningún momento del procedimiento intervino la Fiscalía Europea porque "nunca se entendió que se pudieran ver afectados los intereses financieros de la UE".
Pero el Supremo ha discrepado sobre qué se considera un beneficio personal de carácter patrimonial en los hechos concretos del procés y, por eso, resuelve no amnistiar la malversación. Frente a la interpretación del PSOE, Sumar y las formaciones independentistas catalanas y vascas de que no existió enriquecimiento, el alto tribunal sostiene que los principales implicados "si querían coadyuvar al proyecto independentista" debían de "disponer de los fondos públicos de la Generalitat o pagar de su bolsillo". "Fondos públicos puestos al servicio de sus fines que eran también particulares, aunque pudiesen estar compartidos por un número mayor o menor de personas", señalan.
Una posición que ya exhibió ante el primer intento del Ejecutivo de dejar sin efecto los delitos de malversación ligados al proceso soberanista, cuando modificó la tipificación de este delito junto a la reforma para eliminar la sedición. Ya entonces el Tribunal Supremo cerró la puerta a esa vía.
A la espera de los efectos políticos en ERC, de quien depende un posible gobierno de Salvador Illa en Cataluña, y de Junts, que tiene la llave de la gobernabilidad de España, los socialistas celebran que, al menos, no se cuestione ni la constitucionalidad general de la amnistía ni su compatibilidad con el Derecho de la UE. "El TS no pone en duda la capacidad de las Cortes Generales de aprobar amnistías, únicamente pregunta a las partes si procede presentar una cuestión de inconstitucionalidad sobre el delito de desobediencia" y, prosiguen, "el tribunal renuncia expresamente a presentar una cuestión prejudicial ante el TJUE".
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