Las grandes ciudades comienzan a tomar medidas contundentes contra las denominadas VUT.
El acceso a la vivienda es uno de los mayores problemas a los que se enfrentan los españoles en los últimos años. En muy poco tiempo ha escalado hasta la segunda posición en los asuntos que más preocupan a los ciudadanos, solo por detrás del paro, según la última encuesta del CIS publicada hace poco más de un mes.
La ley impulsada por el Gobierno central hace algo más de un año no solo no se ha notado, sino que no ha impedido que en un año el precio del alquiler se dispare casi un 15%. En estos más de 365 días la vivienda se ha convertido en un asunto de disputa política. La poca efectividad de la norma la ha justificado el Ejecutivo central en que aquellas comunidades gobernadas por el PP, donde se encuentran las ciudades con mayores zonas tensionadas, el Gobierno autonómico no la ha aplicado.
El fallo del Tribunal Constitucional de mayo tampoco ayudó a clarificar la situación. El ejemplo claro de ello es que tanto el Ejecutivo central como las CCAA con gobiernos del PP se felicitaban por el resultado. Si bien el tribunal de garantías reconocía la potestad del Estado para establecer las condiciones básicas de vivienda que garanticen la igualdad de los ciudadanos en su ejercicio, también declaraba inconstitucional algunos artículos de la norma porque considera que invade las competencias autonómicas.
Con todo, el tiro se centra ahora en otro de los asuntos que contribuyen a que la vivienda se encarezca: la proliferación de pisos turísticos. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, anunció la semana pasada que el Gobierno está estudiando una reforma de la Ley de Propiedad Horizontal para vetar los apartamentos turísticos en las comunidades de propietarios, al considerar que esas viviendas ejercen una actividad económica.
Hasta ahora, en el ámbito de sus competencias, han sido los ayuntamientos y Gobiernos autonómicos los que han ido impulsando medidas para detener el aumento de los pisos turísticos. Barcelona ha sido la ciudad que más atención les ha prestado. Otras, como Madrid, han impulsado medidas, sí, pero coyunturales, hasta que se encuentre una manera de regularlos.
Barcelona, objetivo prohibición
La Ciudad Condal lleva años abordando este problema. En 2014, el exalcalde Xavier Trias, en una medida pionera, congeló la concesión de licencias cuando llegaron a 9.906. Su sucesora, Ada Colau, tampoco permitió expedir más y en 2017 aprobó el PEUAT, un plan municipal para controlar los alojamientos turísticos en el centro de la ciudad, que sería declarado nulo por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en 2019.
Durante unos meses de 2019, sin embargo, con el PEUAT paralizado, hubo propietarios de vivienda de uso turístico (VUT) que presentaron solicitudes. El Ayuntamiento las denegó, pero los jueces han ido autorizando casi 900, de los cuales 625 ya tienen licencia.
Con ello, hoy hay en Barcelona 10.101 pisos turísticos... que el alcalde Jaume Colboni se plantea prohibir de aquí a 2028. El regidor ha sido el primero en exponer esta drástica medida, que ha recibido las críticas del sector turístico y que terminaría acabando en los tribunales.
La Ciudad Condal es la que, por otro lado, más medios ha destinado a detectar las VUT ilegales. El Ayuntamiento tiene a su disposición decenas de rastreadores e inspectores y un equipo de letrados dedicados al asunto. En este contexto, el Consistorio impuso a principios de año una multa histórica al propietario de 14 pisos turísticos ilegales: 420.000 euros.
Madrid, un problema con la ilegalidad
El Ayuntamiento de Madrid publicó a finales de mayo su primer mapa de pisos turísticos con licencia que se distribuyen a lo largo de la capital. En total, ha registrado 1.008 inmuebles.
Un conteo que fue acompañado del impulso de la suspensión temporal de las licencias municipales "con carácter inmediato", el endurecimiento de las sanciones a propietarios de las VUT ilegales y un reforzamiento del equipo de inspectores. Ello, mientras desarrolla la normativa municipal que acabe por regularlas.
Porque lo cierto es que la capital tiene un problema con la proliferación de viviendas turísticas sin licencia. Los datos municipales revelan que en la ciudad operan más de 13.000 pisos con esta condición. La plataforma Inside Airbnb va más allá, y señala que en la plataforma de alquiler hay más de 16.000 ofertados, 3.086 más que en 2023.
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