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La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha anunciado que el Gobierno impulsará una nueva redacción de la Ley de Propiedad Horizontal que "ajuste y clarifique" los términos en los que han de participar las comunidades de vecinos para que tengan capacidad de decisión sobre si permiten o no el establecimiento de pisos turísticos en su bloque de edificios.
De igual manera, ha avanzado que el Gobierno tramitará de forma urgente un real decreto ley para que los alquileres temporales se incluyan dentro de la plataforma de registro único que el Ejecutivo quiere crear según el reglamento de la Unión Europea 2024/1028, por el que se regula el intercambio de datos relativo al servicio de alquiler de alojamientos de corta duración, del que también formarán parte los alquileres turísticos.
Así lo ha trasladado la titular de vivienda tras la reunión con el Grupo de Trabajo sobre la regulación de los alquileres temporales, donde ha detallado que el Ejecutivo recogerá también en este real decreto las condiciones que han de cumplirse para que los alquileres temporales acrediten la causalidad a la hora de formalizar el contrato y, de esta manera, justificar que realmente "el contrato se debe al interés de la temporalidad y no está ocupando otro tipo de contratos necesarios para el desarrollo de la vida ordinaria".
Se busca establecer mecanismos para no burlar la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y salvaguardar los contratos de alquiler de temporada para lo que realmente son, temporales, dado el auge que está registrando esta modalidad para sortear la Ley de Vivienda y las tensiones que está provocando en el mercado residencial, en términos de acceso a una vivienda y de precios. "Este fenómeno está tensionando el mercado del alquiler, al tiempo que esa tensión genera un incremento de precios, del mismo modo que los alojamientos turísticos tensionan el alquiler residencial y contribuyen al incremento de precios", ha asegurado Rodríguez.
Los sindicatos de Inquilinos lo ven ineficaz
Los Sindicatos de Inquilinos rechazan las medidas, ya que consideran que son ineficaces, perpetúan prácticas abusivas y no ofrecen una protección adecuada para los inquilinos. Señalan que la plataforma web que propone el Ministerio y en la que se recogerán este tipo de alquileres es un sistema encubierto de licencias que responde a los intereses de la patronal, transfiere el peso y las responsabilidades a las comunidades autónomas y puede tardar mucho tiempo en implementarse, tal como ya se vio con el índice de alquileres.
Además, apuntan que el hecho de tener que justificar la causa que motiva el alquiler temporal deja fuera a quienes necesitan una vivienda de uso habitual y continúa vulnerando los derechos de quienes pueden justificar la causa, denuncian en un comunicado.
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