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Cuando el 23 de 2016 el Brexit fue una realidad, la Junta de Andalucía ideó un plan con 112 medidas de preparación y contingencia para minimizar las consecuencias de la salida de Reino Unido de la Unión Europea (UE). Buena parte de ellas estaban pensadas para las empresas exportadoras al mercado británico. Y sobre todo, para los agricultores y ganaderos. Porque en ese momento, las expectativas del campo andaluz eran complicadas.
El peligro de nuevos aranceles se cernía sobre los productores y el Ejecutivo de los ‘tories’ diseñaba un proceso de desconexión que se ha ido dilatando en el tiempo, en parte, por el desabastecimiento de productos básicos que dejaba instantáneas de supermercados con estanterías vacías. Los dirigentes británicos han ido ‘dando una patada hacia delante’ a esta cuestión, aunque el próximo 31 de octubre deberían entrar en vigor las nuevas normas de exportación a Reino Unido que endurecerán notablemente los controles fronterizos a las mercancías.
Pero este escenario que complicaría la acción exterior de los agricultores y ganaderos andaluces parece disiparse con el reciente cambio de Gobierno británico y el retorno de los ‘laboristas’ al 10 de Downing Street. La designación de Keir Starmer como primer ministro se interpreta positivamente entre los empresarios del sector después de deslizar su Ejecutivo que estudiará una relajación de la nueva normativa sobre las importaciones de productos frescos y haber expresado durante la campaña electoral su deseo de reabrir canales comerciales con la UE.
Para dimensionar lo que significa Reino Unido para el agro andaluz hay que acudir a los datos de Andalucía Trade.El mercado británico supuso el 8,3% de las exportaciones del sector durante el primer cuatrimestre del año. Un volumen de 516 millones de euros que representa una mejora con respecto a periodos anteriores y que la convierten en la comunidad con mayor relación comercial con este país. Es cierto que esa cifra está muy lejos de los 1.174 millones que generan las ventas a Alemania, pero el británico es el cuarto destino de los productos agroalimentarios generados por el campo y las explotaciones ganaderas andaluzas.
Almería, con 219,3 millones de euros entre enero y abril, es la provincia que más importa a tierras británicas, seguida de Huelva -141,5 millones- y Sevilla -107,1 millones-. Jaén, uno de los grandes productores de aceite de oliva, curiosamente, se sitúa en última posición con mercancías enviadas por 579.000 euros. Hortalizas y frutas, con 233,8 y 160,4 millones, respectivamente, son los productos más exportados. Las grasas y aceites animales o vegetales, con 73,3 millones, ocupan la tercera posición. “Los extractos curtientes o tintóreos” están a la cola, con 2.000 euros.
El director general de Asaja Andalucía, Félix García, explica a El Confidencial que no ha recibido ninguna información oficial que confirme un cambio de rumbo que facilitaría las relaciones comerciales con Reino Unido, pero reconoce que se "rumorea" ese nuevo escenario en el que se destensarían los controles a las importaciones.
La creencia, en parte, se fundamenta en los propios intereses de las autoridades británicas, ya que podría haber escasez de productos como aceite de oliva, fresa, tomate, pimiento, pepino o aceituna. Y eso supone imágenes de lineales vacíos y ciudadanos cabreados. Pero esa hipótesis también se basa en que los distintos Ejecutivos han ido retrasando estas medidas de carácter proteccionista que exigían los partidarios de la salida de la Unión Europea.
Si no se mantiene esa estrategia, una vez concluido el verano, se tendrían que activar los nuevos controles a la entrada de alimentos frescos. Este plan se había confeccionado en tres fases y se aplicaría gradualmente en fechas concretas. La primera, el 31 de enero de este año, exigía certificados sanitario y fitosanitario de productos animales y vegetales de riesgo medio procedentes de la UE. La segunda, que debió entrar en vigor el pasado 30 de abril, implicaba la introducción de controles documentales para los alimentos de origen animal de alto riesgo, las plantas, los productos vegetales y los alimentos —y piensos— de origen no animal producidos en el continente. Y la tercera, el próximo 31 de octubre, incluye la presentación de declaraciones de seguridad y protección.
En el agro andaluz piensan que la presión de las empresas logísticas y los supermercados será clave para congelar el plan de los 'tories'
Andrés Góngora, responsable de Frutas y Hortalizas de COAG, recuerda que la aplicación de las normas nunca ha sido un problema para el sector hortofrutícola español, porque "es muy avanzado" y siempre ha tenido unos estándares sanitarios muy altos. Por lo que considera que un hipotético endurecimiento de los filtros no debería afectar a los productores locales. "Las dificultades, a efectos logísticos, son para el Reino Unido". Y la cuestión es que se extienden a sus supermercados, ya que el previsible aumento de gastos se traducirá en subidas de precios.
"Algunas empresas decidieron no vender en el mercado británico porque las agencias de transportes ponen pegas". ¿El motivo? "La carga burocrática hace que los envíos se alarguen uno o dos días más y eso supone tener camiones parados, dejar de disponer de convoyes y más jornadas de trabajo que pagar a los dos conductores. Esto sube los gastos, a lo que se suma la posible penalización del supermercado por realizar la entrega fuera del plazo acordado".
Félix García coincide en que, "si el plan ideado termina aplicándose, lo que podría ocurrir es que toda esta nueva burocracia va a suponer un incremento de los costes para los importadores británicos, los productos de la Unión Europea serán más caros y lo sufrirán los consumidores".
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Un agricultor trabajando en una explotación andaluza. (EFE)
El representante de la COAG apunta que, quienes más están haciendo para torpedear el nuevo armazón normativo, son las grandes superficies. "Hay presión de los supermercados" para que se faciliten las importaciones procedentes de España, porque nuestros agricultores y ganaderos son "garantía de suministro". "Producimos en invierno, tenemos instalaciones modernas y, si firmas un contrato con un español, te sirve el producto".
Góngora recuerda que, "a raíz de la salida del Reino Unido, hubo problemas de abastecimiento" de algunos alimentos, por lo que comenzaron a proveerse con mercancías de Marruecos o Turquía. "Pero cuando llegó el Ramadán, limitaron las exportaciones, y la oferta de determinados productos se contrajo". Y cuando la oferta no satisface la demanda, crecen los precios y daña las economías familiares.
"Este primer ministro intuye que, si en octubre comienzan a aplicarse estos nuevos controles, se van a disparar los precios. Y los que acaban de votarle, van a tener que pagar más por este incremento de costes que sería consecuencia de una decisión que adoptaron los conservadores", anticipa el director general de Asaja Andalucía, a lo que Andrés Góngora aporta una clave política: "La inflación de los alimentos ha sido uno de los motivos de la caída del anterior Gobierno, y Keir Starmer lo sabe. Por eso sabe que si no controla su coste, se le puede echar la gente encima".
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