:format(jpg)/f.elconfidencial.com%2Foriginal%2F6fe%2F6d5%2Fb97%2F6fe6d5b972ffc6de694f2f48d528f2bf.jpg)
En 2011, el Tribunal Constitucional sentó el precedente jurisprudencial más claro respecto a la oportunidad del Gobierno de legislar por la puerta de atrás incluyendo enmiendas en textos legislativos que no casan en sus fines. El órgano de garantías dio entonces la razón al PSOE, que presentó en 2003 un recurso de amparo para frenar la intención de José María Aznar de tipificar el delito de convocatoria de elecciones ilegales o de referéndums para frenar el Plan Ibarretxe a través de una enmienda a la Ley de Arbitraje.
Pero esa práctica no solo no ha cesado, sino que se ha convertido en una fórmula recurrente para Sánchez. Uno de los compromisos que Feijóo recogió en su Plan de Calidad Institucional, entendido como una especie de promesa electoral si lograba llegar a la Moncloa, era reformar los reglamentos de las Cortes Generales para frenar las llamadas "enmiendas intrusas", aquellas que no guardan conexión de homogeneidad con el objeto material de la ley en tramitación, una práctica abiertamente "inconstitucional".
El último ejemplo ha sido la utilización de la Ley de Paridad —que es una trasposición de una directiva europea y, por tanto, de obligado cumplimiento—para colar una enmienda con la que arrebatar al Senado su capacidad de vetar el techo de gasto. La Cámara Alta no tiene supremacía sobre la Cámara Baja en casi ningún asunto, y corresponde al Congreso poner punto y final a los trámites legislativos, con independencia de cómo salga el texto del Senado. Pero la excepción la puso el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
En 2012, el Ejecutivo de Mariano Rajoy dio a la Cámara Alta la facultad de tumbar los marcos presupuestarios y obligar al Gobierno a redactar un nuevo acuerdo sobre los objetivos de estabilidad hasta conseguir el visto bueno de las dos Cámaras. Y es esta potestad la que ahora quiere eliminar Sánchez vía enmienda, aunque nada tenga que ver con el reparto paritario de mujeres y hombres en los órganos de dirección. El PP cuenta con mayoría absoluta en el Senado, y el Gobierno necesita salvar ese trámite para aprobar sus Presupuestos y dar estabilidad a la frágil legislatura.
La propia letrada de la Comisión de Igualdad del Congreso apercibió al Gobierno por las dudas constitucionales de usar la Ley de Paridad para introducir otros cambios legales ajenos, en este caso la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Esta semana, la norma vuelve a la Cámara Baja para su ratificación definitiva, y en el PP se preparan ya para llevar la citada "enmienda trampa" al Tribunal Constitucional.
El ejemplo de la Ley de Paridad es el último, pero no el único. El Ejecutivo ha utilizado esta fórmula en repetidas ocasiones. Este martes desembarca también en el Congreso el último decreto de medidas anticrisis del Gobierno. Y, como adelantó El Confidencial, Moncloa ha maniobrado para introducir una disposición derogatoria única y suprimir el artículo 43 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que reforzaba la suspensión de los procedimientos cuando los tribunales presentan cuestiones prejudiciales ante la Justicia Europea y, por tanto, permitía paralizar la aplicación de la amnistía.
El Gobierno impulsó este mismo artículo el pasado 19 de diciembre, pero la decisión levantó ampollas en el independentismo. Seis meses después, Moncloa cede ante Junts e introduce la supresión de ese punto en una ley que nada tiene que ver con la amnistía, y que incluye medidas como la eliminación del IVA en el aceite de oliva o ayudas a familias vulnerables.
Hace unos meses, el Ejecutivo utilizó también el Proyecto de Ley para la creación de una Autoridad Independiente en la investigación de accidentes ferroviarios y marítimos para introducir una enmienda transaccional, pactada por PSOE, Sumar y ERC, y aumentar el límite de endeudamiento de Adif y Renfe en 1.750 millones y 880,6 millones, respectivamente, durante el ejercicio de 2024. El PP está a favor de la creación de la mencionada Autoridad Independiente, pero en contra de aumentar el límite de deuda para el ente ferroviario.
Más casos la pasada legislatura
El uso de enmiendas intrusas también se generalizó en la primera etapa del Gobierno de Sánchez. Una de las más sonadas fue el intento de colar en la Ley Concursal una enmienda para blindar el puesto como Fiscal de Sala del Tribunal Supremo a Dolores Delgado, y que le permitía, además, abrir un hilo de interlocución con Sánchez para asuntos de especial trascendencia que "por su naturaleza y relevancia deba conocer". La maniobra no solo levantó en armas al PP, sino también a su socio de Gobierno y a gran parte de la carrera fiscal, por lo que el PSOE terminó retirándola.
Ese mismo año, en 2022, el Gobierno maniobró para introducir en la polémica ley para suprimir el delito de sedición otra enmienda para rebajar la mayoría de tres quintos para que el CGPJ eligiese a los miembros del Tribunal Constitucional ante el bloqueo que en ese momento existía en el órgano de gobierno de los jueces. Fue el propio órgano de garantías el que suspendió, por exigua mayoría, la tramitación de dichas enmiendas.
La enmienda de Junts que exige dejar a Cataluña fuera del reparto de inmigrantes
Itziar Reyero
Otro ejemplo polémico fue la introducción del impuesto a grandes fortunas en la proposición de ley para aprobar gravámenes extraordinarios a la banca y a las energéticas, en la que también se incluyó una modificación en el Impuesto sobre Sociedades para ampliar las desgravaciones fiscales a las producciones de cine y series españolas y extranjeras realizadas en España.
Los avisos del Constitucional al Ejecutivo han sido constantes, y en diciembre de 2022 decidió anular también un precepto de los Presupuestos Generales del Estado que el Gobierno introdujo para permitir a País Vasco asumir la gestión de los funcionarios locales con habilitación nacional, tras admitir un recurso de PP y Vox.
{getToc} $title={Tabla de Contenidos}