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La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido que se declare contrario a los derechos humanos el abandono de migrantes en situación irregular y de vulnerabilidad en relación a un recurso de Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado por la expulsión una veintena de migrantes de un centro en Alcalá de Henares (Madrid).
Dicha plataforma impugnó ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, "la actuación por vía de hecho" de la Secretaría de Estado de Migraciones (dependiente del Ministerio de Inclusión) por la “expulsión” de migrantes el pasado 23 de enero del Centro de Acogida de Alcalá de Henares (CAED).
Ahora, en un escrito a la Sala de lo Contencioso-Administrativo, el fiscal Manuel Campoy apoya la reclamación de Red Española y pide que se admita que la Administración Pública demandada ha vulnerado el derecho fundamental de integridad física y moral de las personas migrantes concernidas, que habían llegado a España en su mayoría a través de Canarias.
Se trata de una alegación realizada en coordinación con la Unidad de Derechos Humanos y Memoria Democrática de la Fiscalía General del Estado, según ha anunciado la Fiscalía de la Audiencia Nacional en una nota de prensa.
El pasado 23 de enero se procedió a "expulsarlos", "sin darles una solución u orientación acerca de su situación jurídica en España"
La Fiscalía entiende que dicha expulsión generó "una situación de riesgo relevante de lesión" a las personas a las que se dejó," pese a su situación de especial vulnerabilidad, en situación de abandono y alegalidad, sin alojamiento, atención, seguimiento ni medios legales para poder satisfacer sus necesidades vitales básicas".
Expone el fiscal que, según el recurso de Red Española, el pasado 23 de enero se procedió a “expulsarlos”, “sin darles una solución u orientación acerca de su situación jurídica en España, información básica al respecto de sus derechos o cualesquiera otra consideración".
Tampoco se les proporcionó medio alguno de subsistencia o solución habitacional "y aún menos vías para la capacitación laboral tendente a su integración", ni una derivación a los servicios sociales de referencia "en el ámbito municipal (Ayuntamiento de Alcalá de Henares) o competente en materia de servicios sociales y personas migrantes (Dirección General de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid)”.
La plataforma, que pide que se revierta la situación creada, ha optado por la modalidad procesal de amparo judicial de las libertades y derechos, regulada por los trámites del “Procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona”.
En ese marco, la Fiscalía respalda que se declare contrario al derecho internacional de derechos humanos y al derecho fundamental a la integridad física y moral, el abandono por la Administración Pública, de personas migrantes en situación de irregularidad y de especial vulnerabilidad, "a quienes se deja sin atención, seguimiento, alojamiento ni medios legales para poder satisfacer sus necesidades vitales básicas".
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