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La Audiencia Nacional se ha declarado competente para investigar una querella por enaltecimiento del terrorismo presentada contra dos activistas propalestinas que jalearon a Hamás durante un acto celebrado en el interior del Congreso de los Diputados. Mediante un auto al que ha tenido acceso El Confidencial, el Juzgado Central de Instrucción número Seis abre una causa sobre esa conferencia organizada por Podemos en la que, entre otras cosas, se dijo que "Israel no tiene derecho a existir" y que el atentado terrorista en el que se asesinaron a 1.200 personas el 7 de octubre fue una "valiente iniciativa de la resistencia" palestina. El Congreso señala en una carta a la diputada y líder de Podemos, Ione Belarra, como organizadora.
"Podría resultar constitutivo de delito de apología del terrorismo y humillación a las víctimas, la calificación como 'valiente iniciativa' utilizada para hacer referencia a los hechos acaecidos los días 7 y 8 de octubre de 2023 en Israel", dice el auto dictado el pasado jueves. "Las manifestaciones realizadas por las querelladas precisan de una investigación penal a fin de depurar posibles responsabilidades penales por delitos de terrorismo", añade.
La querella la presentó VOX y acusa a las dos activistas y a los responsables del acto celebrado el 3 de junio. "Este instructor considera que los hechos denunciados en el escrito de querella son incardinables en delitos de terrorismo", dice la resolución. La firma el juez de apoyo del citado Juzgado, Joaquín Gadea, quien recuerda que la Audiencia Nacional es el órgano competente para investigar los delitos relacionados con el terrorismo.
Las dos activistas denunciadas son Jaldía Abubakra y Míriam Ojeda. Son portavoces en España de plataformas de apoyo a la causa palestina. Una de ellas se llama Samidoun cuyas actividades ya están prohibidas en Alemania y sus líderes han sido investigados en otros países. El auto recoge algunas de las frases que pronunciaron en sus intervenciones ante un público presente en una sala facilitada por el Congreso. "En concreto, respecto a la intervención atribuida a la querellada Jaldía Abubakra se afirmaba: "La valiente iniciativa de la resistencia palestina el 7 de octubre ha vuelto a poner en la agenda política y mediática la cuestión palestina".
El juez destaca que esas palabras hacen referencia a un atentado por el cual hay una causa abierta en el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la misma Audiencia Nacional porque en el ataque fueron asesinados dos ciudadanos españoles, el vasco Iván Illarramendi y la hispanoisraelí Maya Villalobo. El juez Gadea cita las resoluciones de la Unión Europea que incluyen a Hamás y a su brazo armado como organizaciones terroristas.
La directiva 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo del 15 de marzo de 2017 relativa a la lucha contra el terrorismo alude en su artículo 5 a "la provocación pública a la comisión de un delito de terrorismo". Señala que los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que se tipifique como delito una conducta cuando "preconice directa o indirectamente, a través, por ejemplo, de la apología de actos terroristas, la comisión de delitos de terrorismo, generando con ello un riesgo de que se puedan cometer uno o varios de dichos delitos".
El juez se apoya en una sentencia del Tribunal Supremo, según la cual, "las manifestaciones de aliento a las organizaciones terroristas pueden integrar claras manifestaciones vejatorias, humillantes y hasta despiadadas para dos concretas víctimas de actos terroristas que adquirieron gran notoriedad pública". Contra esta resolución se puede presentar recurso.
La española asesinada por Hamás era compañera de las chicas secuestradas del vídeo
Alejandro Requeijo
Durante el acto en el Congreso —presidido por la secretaria general de Podemos, Ione Belarra— se dijeron otras expresiones en alusión al atentado de Hamás. "Es importante utilizar esta herramienta que tenemos a mano para hacer llegar la lucha de nuestro pueblo, defender nuestro derecho a la resistencia, alzar la voz cueste lo que cueste elevando el derecho legítimo del pueblo palestino a resistir con todos los medios a su alcance, incluida la lucha armada", añadió la denunciada Jaldía Abubakra.
Una queja de Israel
Este acontecimiento provocó una queja de Israel por medio de su embajada en España. La delegación diplomática remitió una carta a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, a la que le pidió explicaciones por lo sucedido. A juicio de este país, "este tipo de conferencias son un llamamiento violento que aboga y justifica el terrorismo contra Israel, por ello denunciamos con total contundencia los pronunciamientos que se hicieron durante este acto y que fomentan los discursos de odio".
La carta de Israel ahondó en que la plataforma a la que están vinculadas las dos activistas es afiliada al "Frente Popular para la Liberación de Palestina, organización terrorista reconocida por la Unión Europea desde hace muchos años". La Presidencia del Congreso contestó a esta queja de Israel por medio de una misiva en la que se desvinculaba de la tarea de autorizar o prohibir estos actos.
Según sostiene, es algo que compete a la mesa y la responsabilidad es del organizador, "en este caso la señora Ione Belarra, portavoz del Grupo Mixto". En cualquier caso, la Cámara Baja dice que haber prohibido el evento con carácter previo habría supuesto un acto de "censura" que "evidentemente no cabe en un Estado democrático como el nuestro".
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